El represor Jorge Olivera, quien se había fugado del Hospital Militar el 25 de julio de 2013, fue detenido por la tarde escondido en el baúl de un auto en la casa de su familia en San Isidro. Condenado a prisión perpetua en San Juan acusado por sesenta secuestros y desapariciones, Olivera fue localizado por el equipo del fiscal Picardi. Mediante cruces de llamadas telefónicas, los investigadores dedujeron el código que usaba para comunicarse y concluyeron que iría a encontrarse con su mujer.

El año pasado había sido apresado en el barrio porteño de Almagro Gustavo De Marchi, el otro represor que se fugó en el mismo operativo que Olivera. La fiscalía obtuvo la orden de allanamiento para ingresar al domicilio de Olivera y encontró la cama matrimonial destendida de los dos lados y ropa del militar. Lo apresaron tratando de ocultarse en un auto. Si bien la causa por la fuga está en manos del juez Claudio Bonadio, por cuestiones de jurisdicción  la orden la libró la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado. 

El caso Olivera adquirió ribetes internacionales en el 2000 cuando en la Argentina estaban vigentes las leyes de impunidad y fue detenido en Italia acusado del secuestro y tortura de la modelo franco-argentina Mari-Anne Erize por pedido de la justicia francesa. La perversión del personaje quedó en evidencia cuando se comprobó que su defensa presentó un certificado de defunción falso para obtener la libertad del militar que como abogado llegó a representar a Guillermo Suárez Mason y al nazi Eric Priebke, encontrado en Bariloche y extraditado a Italia.  

En ese momento, apenas llegó al país el mayor retirado enfrentó a la prensa para decir que durante la última dictadura “no hubo represión” y que no conocía "a esa chica", por Erize. Disfrutó durante años de impunidad y llegó a regodearse en los sets de televisión en la defensa de la dictadura hasta que la reapertura de los procesos judiciales a partir de la anulación de las leyes de Punto Final, Obediencia Debida y los indultos permitieron comprobar su culpabilidad. 

Sus andanzas combinaron violaciones a los derechos humanos con el entramado de corrupción con el que se beneficiaron gran parte de los represores. Olivera apareció como titular de un fideicomiso millonario junto con su entonces socio Jorge Humberto Appiani, que fue detectado en 2013 por la Unidad de Información Financiera que lideraba José Sbatella. Juntos habían patrocinado juicios de sus camaradas por las sumas no remunerativas de los sueldos militares y la UIF concluyó que jueces venales les habían regulado honorarios millonarios. Parte de esos fondos serían el sustento para financiar la vida de los prófugos. 

Olivera ahora quedó en manos del Servicio Penitenciario Federal y de la Justicia de San Juan que comprobó su participación en secuestros, torturas y desapariciones, entre ellas de Erize.