“En el caso de la niña de 12 años a la que se le practicó una cesárea, podemos afirmar que el procedimiento no fue legal, porque no se tuvo en cuenta el protocolo de actuación, sobre todo en lo que hace a la celeridad” con la que tendrían que haber actuado los médicos que intervinieron. En diálogo con Páginai12, la médica Luz Díaz, de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, precisó que de parte de los médicos que asistieron a la niña en el Hospital Paterson de San Pedro de Jujuy “más que una objeción de conciencia hubo una obstaculización porque alguien que objeta la práctica, puede hacerlo, pero tiene que actuar con celeridad y derivar el caso a otros profesionales que estén dispuestos a cumplir con lo que dice el Protocolo, sin necesidad de que haya una intervención de la Justicia”. 

Como profesional de la salud, Luz Díaz explicó que “los términos de legalidad no los mantenemos como juristas, sino dentro del Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo, actualizado en el 2015 por el Ministerio de Salud, en el marco jurídico establecido desde 1921, donde se señalan las semanas de gestación como un límite, los anticonceptivos y los consentimientos que tenemos que hacer firmar a las personas que acceden a este derecho”. Afirmó que lo ocurrido en Jujuy con la niña de 12 años “viola los principios rectores del protocolo, que son la transparencia activa que dice que la información tiene que ser divulgada y sobre todo se viola la cuestión de la celeridad, la rapidez del procedimiento, que es lo que no se hizo acá, al igual que la confidencialidad y la privacidad”. 

“Tomando en cuenta todo lo que dicta el protocolo, nosotras podemos afirmar que el procedimiento no fue legal y además podemos decir que hubo una intencionalidad manifiesta, porque fue manifestada por el ministro de Salud (Gustavo Alejandro Bouhid), de viabilizar el producto de la gestación de la violación por encima de la salud integral de la niña que solicitó con su madre la interrupción legal del embarazo”. Luz Díaz precisó que “en ese sentido tampoco estaría resuelta la situación respecto del consentimiento dado por la familia de la niña, de manera que no se hizo nada para interrumpir el embarazo, sino que se actuó para permitir el parto”. 

La médica puntualizó que “más que una objeción de conciencia de parte de los profesionales (que tenían que interrumpir el embarazo), en el primer contacto que tuvieron la niña y su madre en el Hospital Paterson de San Pedro, hubo una obstaculización” frente a la voluntad de la familia “porque alguien que objeta la práctica, puede hacerlo, pero tiene que actuar con celeridad y derivar el caso en forma rápida a otros profesionales que estén dispuestos a cumplir con lo que dice el protocolo” de actuación. 

Sobre el tiempo transcurrido desde el pedido de interrupción del embarazo hasta la cesárea, el propio ministro de Salud jujeño reconoció que “tres meses antes” la madre y la niña habían concurrido a un centro de salud de San Pedro porque la pequeña “sentía dolores” en el vientre, pero en esa ocasión los médicos no advirtieron que estaba embarazada. Luz Díaz señaló, al respecto: “No tenemos información sobre eso que dijo el ministro, lo que sí sabemos es que ese viernes (11 de enero) van al Hospital (Paterson de San Pedro) y ahí se constata el embarazo con estado gestacional avanzado”. 

Explicó que en las prácticas de salud “una niña puede ir a una consulta porque tiene cólicos abdominales y si eso fue hace tres meses estaríamos hablando de dos semanas de gestación, habría que saber si le pregunta a una niña de 12 años si estaba embarazada”. En ese punto señaló que “lo que vemos como un déficit es que no podamos incluir la mirada de la Educación Sexual Integral para poder consultar a las niñas y adolescentes sobre posibles relaciones consentidas con otros adolescentes, pero de todos modos hay profesionales de la salud, pública o privada, que anteponen sus fundamentalismos religiosos a las necesidades de las pacientes, al punto que incluso obstaculizan cualquier pedido de anticonceptivos porque creen que no es lo correcto”. 

Retomando el caso concreto de la niña de 12 años, insistió en que el primer pedido de interrupción del embarazo lo hicieron el viernes 11 de enero, una semana antes de la cesárea. Ese viernes 11 la mamá de la niña se lastimó un brazo porque rompió el vidrio que cubría un matafuego porque los médicos “se negaron a realizar la práctica de la interrupción del embarazo que correspondía hacer a una niña de 12 años, sin tener en cuenta que a esa edad no se trata de un cuerpo gestante, que es un embarazo de alto riesgo, de manera que hay una causal de salud, además del hecho de tratarse de un embarazo no deseado, de una violación.” En ese marco “los médicos tenemos que actuar de inmediato para interrumpir el embarazo, porque no es necesaria la intervención de la Justicia, estamos habilitados para hacerlo”.