Con profunda inquietud frente a la insistencia del Servicio penitenciario santafesino de limitar nuevamente el ingreso de bienes a 2 kilos por familiar, emitimos el presente comunicado para dejar sentada nuestra posición y para que la opinión pública tome conocimiento de la situación a la que nos encontramos sometidas las familias de personas detenidas en la provincia de Santa Fe. En primer lugar, queremos destacar la provocación implícita en el intento de vincular el hallazgo de elementos prohibidos en las celdas de los detenidos por parte del flamante Grupo de Irrupción dependiente del Servicio penitenciario, con la posibilidad autorizada judicialmente de ingresar más de dos kilos por familiar. La vinculación es falaz, tendenciosa y provocadora dado que siendo la cárcel una institución cerrada, el ingreso de elementos prohibidos se puede hacer a través de los múltiples sujetos que ingresan a la institución: desde sus propios trabajadores, pasando por los voluntarios de las diversas ONGs y demás instituciones que realizan actividades dentro del penal, los proveedores de mercaderías, los docentes que dictan clases en las escuelas primaria y secundaria del penal y un innumerable etcétera. Sin embargo, de manera provocadora, la sospecha se concentra histórica y absurdamente en un grupo específico de personas que ingresa con cierta regularidad luego de ser sometidas a humillaciones, vejaciones y burlas de todo tipo durante la práctica de la requisa, como son las familiares. Que decenas de personas entren y salgan de un penal diariamente portando consigo todo tipo de elementos y que la sospecha se circunscriba a los familiares, es una clara provocación del Servicio penitenciario. Con esto no pretendemos que la requisa se realice a todas las personas que ingresan a la institución. Pero sí pretendemos que no se nos señale como sospechosas por el sólo hecho de ser familiares. Los elementos prohibidos que la última requisa encontró en la cárcel de Coronda son fuente de ganancia para diversos actores del campo penitenciario y esto es así, no porque los funcionarios sean más o menos malos o porque los controles sean más o menos exhaustivos. Esto es así porque el cautiverio de personas adultas en instituciones cerradas durante tiempos prolongados da lugar a toda una serie de intercambios "poco legales" que son fuente de ganancia para algunos (es decir, para quienes no están cautivos y negocian con la necesidad de otro) y fuente de empobrecimiento y conflicto para otros -es decir, para quienes están cautivos y no pueden acceder a bienes preciados por su escasez. Al igual que en el mundo de afuera, "todo se compra y todo se vende" y no son los familiares ni los detenidos quiénes intervienen sino aquéllos que detentan algún poder para ofrecer a la venta elementos prohibidos.

Pero, además, el intento de re-imponer la medida de limitación a los dos kilos es provocadora porque desconoce la situación de miseria en que se encuentran nuestros familiares presos en las cárceles santafesinas: 1) sin agua potable, sin "fuelle" o dispositivo para cocinar, sin posibilidades de refrigerar los alimentos, en una provincia donde las temperaturas alcanzan los 50 grados. 2) sin elementos de limpieza como detergentes o lavandinas, en una época del año en que proliferan enfermedades como el botulismo, el síndrome urémico hemolítico, la hepatitis A. Enfermedades que, lejos de afectar a una persona, en una institución cerrada como la prisión, se difunde de manera masiva en muy poco tiempo. 3) sin elementos para la higiene personal como simples jabones, shampúes, máquinas de afeitar, etc. Proveer de lo mínimo indispensable para la subsistencia es una obligación del Servicio Penitenciario que debe garantizar condiciones de vida a las personas que se encuentran encarceladas y bajo su custodia. No hacerlo nos obliga a sus familiares a ingresar lo que esté a nuestro alcance y en la medida de nuestras posibilidades para que nuestros familiares puedan subsistir en prisión. Por esta razón, pretender que cada visitante ingrese con sólo dos kilos, es una provocación que pretende, por un lado agravar aún más las condiciones de vida de los detenidos y, por el otro incrementar LOS negocios, ya que todo lo que los familiares no ingresan se obtiene por otros medios en prisión. Nos resulta inconcebible que a esta altura de la historia de la cárcel, el servicio penitenciario santafesino insista en una práctica medieval y vejatoria como la requisa a los familiares. Instamos al Servicio penitenciario a actualizarse eliminando la práctica de la requisa a los visitantes y reemplazándola por la requisa a los detenidos luego de la visita tal como fuera sugerido por la CIDH en el caso Arenas hace más de 20 años.

Finalmente, queremos recordar a las autoridades que el día 26 de diciembre, como Colectivo presentamos notas advirtiendo sobre la situación invivible de los penales santafesinos ante el Gobernador de la provincia, en el Ministerio de Seguridad y en la Secretaría de Derechos Humanos sin respuesta alguna. El 14 de enero presentamos en las mismas oficinas, los prontos despachos y seguimos todavía sin respuesta alguna. En esas notas planteábamos nuestra preocupación por el estado deplorable de las prisiones y la "vida de perros" a que se somete a los presos en esta provincia. Por medio de este comunicado, recordamos a las autoridades que oportunamente se interpuso un hábeas corpus frente a la medida restrictiva del Servicio Penitenciario y que la Justicia santafesina consideró esa medida agravante de las condiciones de detención. Pedimos a las autoridades que, en vez de volver a proponer medidas antifuncionales, resuelva los déficits estructurales de las cárceles que gobierna -que se agravan en esta época del año y con estas temperaturas- y nos dé participación como parte involucrada y perjudicada directamente por las condiciones en que viven nuestros familiares detenidos. Asimismo, pedimos a las autoridades gubernamentales que ordene al Ministerio de Seguridad que convoque a una Mesa de Diálogo con todas las partes involucradas -detenidos, autoridades, personal y familiares- tal como se resolviera judicialmente.

 

* Colectivo de Familiares de Detenidos de Santa Fe