El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no pudo dar el último adiós a su hermano. Después de la rotunda negativa de la Policía Federal y de la Justicia Federal Regional, y veinte minutos antes de comenzar el entierro, la Corte Suprema dispuso que el ex mandatario podía viajar a San Pablo para ver a su familia, pero no asistir a la ceremonia.
“Mi querido hermano, compañero y amigo, que el brillo de tu estrella traiga paz a nuestros corazones. La nostalgia que ya sentía, ahora me aprieta el pecho. Ve con Dios. Lula”, rezaba el mensaje sobre la corona de flores que el ex mandatario envió ayer al entierro. Genival Inácio da Silva, más conocido como Vavá, el hermano mayor de Lula, murió anteayer, a los 79 años, víctima de cáncer de pulmón. Al conocerse la noticia, los abogados del ex presidente presentaron un pedido a la Justicia para que se le permita una salida temporal, tal y como lo dispone el artículo 120 de la Ley de Ejecución Penal brasileña. La legislación indica que las personas encarceladas tienen derecho a solicitar la salida para asistir al entierro de algún familiar, que tiene que realizarse con una escolta policial y que el permiso tiene que ser otorgado por el director del establecimiento donde se encuentra presa, es decir, es una práctica cotidiana.
La Policía Federal, la jueza de ejecución penal, y el tribunal de segunda instancia hicieron oídos sordos al derecho del ex presidente. A última hora del martes, el superintendente regional de la Policía Federal, Luciano Flores de Lima, se negó a autorizar la salida y el traslado de Lula a San Bernardo do Campo (San Pablo), donde se realizaría la ceremonia. Flores de Lima alegó la falta de transporte aéreo disponible para justificar su decisión, ya que, dijo, los helicópteros estaban siendo utilizados para apoyo a los rescates de las víctimas de la tragedia minera en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais. Además, argumentó su negativa con la ausencia de policías disponibles para garantizar la seguridad tanto del ex presidente como los policías y las personas a su alrededor. La decisión del superintendente fue luego ratificada durante la madrugada por la encargada de la ejecución penal de Lula, la jueza Carolina Lebbos. Después fue el turno de la justicia de segunda instancia. Leandro Paulsen, juez del Tribunal Regional Federal n° 4, concordó con los argumentos de la Policía Federal y agregó que el traslado a San Bernardo do Campo acarrearía grandes costos para el Estado.
La defensa de Lula acudió, entonces, al Supremo Tribunal Federal. Veinte minutos antes de que Vavá fuera sepultado en el cementerio, el presidente del Supremo, Dias Toffoli, concedió un hábeas corpus para autorizar la salida del ex mandatario para ver a su familia, aunque no para asistir al entierro. Ante la imposibilidad de acudir a la ceremonia, el líder del Partido de los Trabajadores desistió de viajar y se reunirá con su familia hoy en Curitiba.
Más de 400 abogados y académicos firmaron una nota de repudio por la decisión judicial. “El fallo hiere el derecho y aumenta la constatación de que el caso contra Lula es un proceso con motivaciones políticas”, se lee en el comunicado. Los profesionales recordaron también que incluso preso durante la dictadura militar, en 1980, se le había permitido al entonces dirigente metalúrgico asistir al entierro de su madre.
