El Ministerio Público Fiscal solicitó que se revoque la prisión domiciliaria al ex juez federal Roberto Catalán, condenado por delitos de lesa humanidad en la provincia de La Rioja y filmado mientras violaba el beneficio y que, como consecuencia, sea enviado a cumplir pena en una cárcel común. El pedido llegó luego de que circulara el registro audiovisual en el que se lo ve haciendo mandados y burlándose de la situación.

Esta mañana, horas después de que circulara el video registrado en la capital riojana, difundido por la agrupación Hijos, en el que se lo ve a Catalán violando su prisión domiciliaria, la fiscal María Virginia Miguel Carmona solicitó a la Justicia de Ejecución Penal que le sea revocado el beneficio de la detención domiciliaria.

Según Miguel Carmona, integrante de la Unidad de Asistencia en causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en La Rioja, del video “se desprende que el encausado puede movilizarse sin ningún inconveniente, gozando de una salud tal que le permite, incluso en estos días de intenso calor en esta provincia, salir a la calle, caminar y desenvolverse sin ayuda o colaboración de nadie”. 

También, que “ha violado la prisión domiciliaria de la que goza, no respetando las condiciones en que debe cumplirse la misma, en franca violación a la normativa aplicable”.

Catalán fue juez federal durante la última dictadura cívico-militar, luego de que Jorge Rafael Videla lo nombrara en el cargo en 1976. Fue condenado en 2016 por colaborar desde la Justicia con los crímenes de lesa humanidad que entonces sucedieron en territorio riojano. Integra, desde entonces, la lista de represores detenidos, con o sin condena, que cumplen encierro en sus domicilios. 

Según las estadísticas más actuales de la Procuraduría de Crímenes contra la humanidad, de casi mil represores detenidos, 641 gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Fuentes vinculadas a la temática de lesa humanidad señalan que el criterio para otorgar el beneficio a condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura comenzó a cambiar desde la asunción de Cambiemos en la Presidencia y que el giro lo empezó a dar la Cámara de Casación Penal, que antes realizaba un análisis de requisitos generales para decidir si un represor era beneficiario o no de cumplir condena en su casa, mientras que ahora solo se tiene en cuenta la edad: si supera los 70 años, salvo casos excepcionales, abandona o ni siquiera pisa la cárcel común.

La Fiscalía que participó del juicio oral y público en el que se evaluó su responsabilidad y la de otras 60 personas en torturas, secuestros y desapariciones, consideró probado que el ex juez “tomó declaración a detenidos vendados, esposados y vigilados por guardias del Instituto de Rehabilitación Social (un centro clandestino de detención que funcionó en la zona) que portaban armas”.

También que, tras esas declaraciones, los devolvió al IRS. “La única prueba de cargo que tuvo el juez Catalán para condenar a las personas en las causas por la violación a la ley 20.840 fueron las declaraciones indagatorias tomadas bajo tortura”, remarcaron entonces. 

Por esos hechos, recibió 12 años de cárcel como condena que, debido a su edad, cumplía en su casa de la capital provincial. En los últimos días fue filmado haciendo mandados por el barrio donde vive. “Está preso usted, no puede salir ni a la puerta –le gritaron–. Está preso por genocida, lo voy a escrachar.” “¿Me vas a sacar una foto?”, preguntó cuando se dio cuenta que lo estaban registrando violando el beneficio. Levantó su brazo y saludó a la cámara.

El Ministerio Público Fiscal es el único habilitado, procedimentalmente, a discutir cuestiones vinculadas con el cumplimiento de las penas de quienes son condenados. Sin embargo, las querellas privadas han realizado presentaciones no vinculantes en el expediente advirtiendo que el ex magistrado no estaba cumpliendo con su pena como corresponde. 

Desde la Secretaría de Derechos Humanos provincial, a cargo de Delfor Brizuela, informaron a través de un comunicado que presentarán una queja en la que exigirán el “estricto cumplimiento” del beneficio y advertirán sobre “la relajada custodia federal que debiera impedir” que Catalán circule por la calle. Lo harán este viernes, cuando las actividades judiciales retomen su ritmo habitual y se entrevisten con el juez de ejecución penal para “saber en qué condiciones la Justicia dispuso el cumplimiento de ese beneficio”, informaron fuentes cercanas a la secretaría.

El video comenzó a circular en la tarde del martes vía redes vinculadas con agrupaciones de derechos humanos. La noticia se difundió rápidamente por redes sociales ayer, luego de que lo publicara la agrupación Hijos acompañado de la consigna “La impunidad camina por las calles de La Rioja, ¡A la cárcel ya!”.