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Ni necesario ni urgente, el deporte tiene su nuevo DNU -lleva el número 92/2019- firmado por el presidente Mauricio Macri para poner bienes del Estado al servicio del mercado. La decisión estaba tomada y se conoció anoche, casi como una decantación natural de la política rentística del gobierno nacional. La mira apuntó al patrimonio inmobiliario que representan los lugares de entrenamiento para atletas, los espacios recreativos y hasta turísticos –terrenos que superan con holgura las 800 hectáreas– y que ahora serán administrados por una Agencia mixta. Denominación que tendrá lo que fue la Secretaría de Deporte que quedó degradada a ese status inferior. Una curiosa forma de concretar a las apuradas reformas en el área deportiva que nadie pedía. Ni los dirigentes, ni los entrenadores y mucho menos los deportistas. Sin embargo, el texto de la norma justifica su razón de ser en “lograr la utilización racional de los recursos públicos para potenciar una gestión más eficiente”.
No pareció que ese objetivo quedara plasmado en la gestión del ex secretario de Deporte Carlos Mac Allister, quien abandonó el cargo para ir a disputar la precandidatura a gobernador por Cambiemos en su provincia natal, La Pampa, este año. Cuando estuvo al frente del área el affaire de las piletas de natación de su subsecretario Orlando Moccagatta y los subsidios injustificados a la Asociación del Bridge Argentino o al Córdoba Golf Club donde es directivo el empresario Aldo Benito Roggio, fueron publicados en estas mismas páginas.
“Macri firmó el decreto para hacer negocios”, declaró Claudio Morresi, el secretario de Deporte que más tiempo ocupó el cargo desde la restauración democrática. Casi durante diez años. Tratándose de un DNU que pasó por alto al Congreso, PáginaI12 consultó al diputado nacional del Frente para la Victoria e integrante de la Comisión de Deportes, Carlos Castagneto: “Es una locura. Primero le sacaron la plata al Enard, ahora desaparecerá la Secretaría, quieren vender el Cenard que tiene instalaciones que son patrimonio nacional y además privatizar el deporte. Y le digo más, hace unos días vinieron al Congreso dos abogados de la Superliga a hablar de las sociedades anónimas. Porque quieren que los clubes se conviertan en SA”. El periodista Ernesto Rodríguez III que anticipó el decreto que se venía cuando circulaba como un proyecto por varios despachos oficiales, se hizo una pregunta clave: “¿Por qué no esperar hasta que el Congreso inicie sus sesiones ordinarias, el viernes 1º de marzo, y debatir como corresponde un ‘programa de gestión a 20 años’, como reza el proyecto en sus considerandos?”.
A la Agencia que se creará mediante el DNU se le otorgará “plena capacidad jurídica para actuar en los ámbitos del derecho público y privado” además de señalar que “su patrimonio estará constituido por los bienes que se le transfieran y los que adquiera en el futuro por cualquier título”. El último secretario de Deporte del gobierno de Cambiemos, Diógenes de Urquiza Anchorena, fue quien inició el trámite formal para que el decreto quedara a la firma del presidente. Cuando se supo que había sido sometido al estudio de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que lo aprobara, quedó en evidencia la maniobra inmobiliaria.
El gobierno tuvo que pensar antes una ingeniería jurídica para anular los efectos de varias leyes. Derogó artículos de la 20.655 o Ley del Deporte promulgada en 1974, de la 24.052 que creó la comisión de automovilismo y motociclismo deportivo, de la 26.573 (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), la 27.201 (Ente Nacional de Desarrollo Deportivo) y la 27.202 (nueva Ley del Deporte).
En los considerandos del decreto 92 se establece que “la universalización del deporte y la actividad física como derecho de la población y como factor coadyuvante a la formación integral de las personas demanda del Estado una respuesta acorde a las realidades y desafíos a los que se enfrenta como hacedor de políticas deportivas”. Para el gobierno de Macri estas últimas representan cada vez menos dinero. La reducción presupuestaria que sufrirá el deporte argentino –en un año que se realizarán los Juegos Panamericanos de Lima– derivó en un presupuesto de 991 millones de pesos. En tres años de gobierno las partidas destinadas al área bajaron de 1.315 millones de pesos en 2016, a 1.433 millones de pesos en 2017 y a 1.097 millones de pesos en 2018.
El artículo 4º del decreto establece que será la Agencia “el órgano de aplicación de la presente ley y tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia deportiva”. El artículo clave del decreto es el 15º porque determina los recursos operativos que tendrá la Agencia. En la cláusula C, inciso II, se explica que serán posibles “las ventas, locaciones u otras formas de contratación de sus bienes muebles y servicios”. Este es el punto nodal del DNU ya que abre la posibilidad de rematar la infraestructura que utiliza la comunidad deportiva.
Entre esos bienes están las instalaciones del Cenard ubicado en el barrio de Núñez (11,5 hectáreas), los predios de Ezeiza donde se levantan los Centros Argentinos de Deportes en la Naturaleza (Caden 1 y 2) y el estadio nacional de béisbol (582,26); más el Centro Nacional de Desarrollo Deportivo (CeNaDe) de Esteban Echeverría (38,33) y la pista nacional de remo del Tigre (124). Unas 825 hectáreas en total. La enumeración no alcanza a las 42 hectáreas que el estado le cedió a la AFA de manera precaria y en comodato hasta 2048 -y en las que se levanta el centro de selecciones nacionales-, el complejo turístico de Chapadmalal, ni tampoco las 35 hectáreas de la villa olímpica que se construyó en Villa Soldati para los Juegos de la Juventud realizados en 2018 y que pertenecen al gobierno de la ciudad.
Una parte de estas serían destinadas al nuevo Cenard cuando se liquiden las tierras del que todavía está en Núñez. Por ahí parece que empezará el desguace inmobiliario. El Centro Nacional de Alto Rendimiento es un símbolo del deporte argentino al que atletas, entrenadores y profesionales del área abrazaron como símbolo de resistencia contra su desaparición. No quieren que se entregue a los desarrolladores que esperan por esas tierras públicas para hacer negocios privados.
