El DNU que establece la extinción de dominio ingresó ayer al Congreso. La comisión bicameral de trámite legislativo, que debe analizar la validez del decreto, tiene un plazo de 10 días hábiles para emitir dictamen aunque el titular de la comisión, Marcos Cleri (FpV-PJ) adelantó que buscará convocarla para el próximo 6 de febrero. Se tratará del primer acontecimiento legislativo del año. El oficialismo todavía no definió el temario de las sesiones extraordinarias para febrero aunque fuentes legislativas no descartan que si el DNU se encamina hacia un rechazo, Cambiemos impulse su aprobación con el trámite ordinario de una ley.
El Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio, decretado por Mauricio Macri la semana pasada, pasará el miércoles próximo por la comisión integrada por ocho legisladores oficialistas y ocho opositores. El cuerpo que preside Cleri (quien en caso de empate tiene doble voto) tiene que emitir dictamen a favor o en contra del texto del Ejecutivo, que despertó un fuerte rechazo tanto entre dirigentes opositores como entre especialistas en derecho.
La crítica central al DNU consiste en que la expropiación de los bienes para los acusados de delitos de corrupción o narcotráfico es un asunto de materia penal, algo sobre lo que el Poder Ejecutivo tiene prohibido legislar según el artículo 99, inciso 3, de la Constitución Nacional. Desde el Gobierno aseguran que se trata de una acción civil pese a que la extinción de dominio se origina en una causa penal. Otro de los cuestionamientos se vincula con la falta de una sentencia condenatoria para desapoderar de su patrimonio a los acusados, lo que según distintos juristas es violatorio del principio de inocencia.
Si bien la unidad de la oposición podría complicar los planes del oficialismo, la comisión que se reunirá el miércoles cuenta con cuatro representantes del bloque Argentina Federal (el sector del PJ más afín a la Casa Rosada), tres del FpV-PJ y la senadora salteña Cristina Fiore Viñuales, de muy buen vínculo con el oficialismo. Su voto será decisivo ya que, en línea con lo planteado por el titular del interbloque Argentina Federal en el Senado, Miguel Pichetto, sus cuatro representantes se inclinarían por el rechazo. De hecho, ante la posibilidad de discutir nuevamente el proyecto en el Congreso, Pichetto recordó que el Senado ya aprobó una iniciativa en ese sentido, con correcciones al proyecto aprobado por la Cámara de Diputados.
De todas maneras, hasta ahora el Gobierno logró pasar con éxito sus DNU por el Congreso dado que se requiere el rechazo del pleno de ambas cámaras para que caiga. Otro decreto que también fue girado ayer al Congreso es el que traslada frecuencias de telefonía móvil de la empresa satelital pública ARSAT al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) para ponerlas a disponibilidad del sector privado.
A través del decreto 62/2019, firmado por Macri, Marcos Peña y los ministros del Gabinete Nacional, se crea “una Procuraduría de Extinción de Dominio a favor del Estado Nacional, con facultades para realizar investigaciones de oficio así como colaborar con la identificación y localización de bienes que pudieran provenir de alguno de los delitos” previstos en el régimen, como los relacionados con el patrimonio público, el narcotráfico y el crimen organizado.
Aunque desde el oficialismo aseguran que no es un DNU “con nombre y apellido”, los dichos de la titular de la oficina Anticorrupción, Laura Alonso, revelaron que el decreto tiene como objetivo la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “No sé si Cristina va a ir presa, pero estoy segura de que va a terminar sin un peso”, sostuvo Alonso.
