La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir criticó duramente al titular de la cartera de salud de Jujuy, Gustavo Bohuid, quien, tratando de despegarse del conflicto que se abrió en la provincia porque el sistema sanitario jujeño se negó a practicar un aborto a una nena de 12 años violada, anunció que la provincia actualizará el protocolo de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). “Las pautas que el ministro quiere incluir ya están contempladas y las realizan cotidianamente les profesionales”, advirtió la Red en un comunicado. Además, médicas y médicos afirmaron que, durante el anuncio, el ministro, al que exigen la renuncia, “mintió” al asegurar que se garantizó la interrupción legal del embarazo, porque lo que se practicó fue un parto para forzar la maternidad. La Red señaló que la mentira se repitió cuando el ministro Bohuid “insistió en que hay un vacío legal en la ILE en cuanto a los plazos, cuando esta se rige por causales”.
El ministro Bohuid realizó el anuncio durante una rueda prensa en la que hizo un racconto del caso de la nena de 12 años violada por un vecino, y que junto a su familia había solicitado acceder a la interrupción legal del embarazo y a la que finalmente, tras demorar la intervención para que el feto “madurara”, hicieron parir. “La patria tiene una deuda con la menor de 12 años, con ‘Esperanza’ –el nombre con el que los sectores antiderechos bautizaron a la beba fallecida cuatro días después del parto– y con los profesionales que actuaron, por lo que se debe mejorar la legislación para saldar la deuda”, sostuvo el funcionario.
“Lo primero que vamos a hacer es el famoso consentimiento informado del método elegido, el cual deberá estar documentado por escrito”, dijo el ministro. “Para que esto sea objetivo –continuó–, una de las cosas que vamos a modificar en el protocolo es la posibilidad de acompañamiento con equipos interdisciplinarios”, los cuales brindarán informes de las intervenciones a la paciente y su familia. Y explicó que las opciones serán continuar con el embarazo “hasta que se pueda tener una posibilidad de nacimiento de sobrevida sin secuelas y que después se dé en adopción al recién nacido” y la interrupción inmediata del embarazo.
Sostuvo que si hay un caso similar al de la niña, se va “dejar la resolución en manos de un equipo interdisciplinario”, porque “también sabemos que la decisión final va a ser de un equipo terapéutico, ya que estos casos igual van a terminar judicializados”, afirmó. Aseguró que “no hay algo taxativo ni en el Código Penal, ni en el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la ILE, no me dice ni edad, ni método con lo cual es interpretable”. Y señaló que durante 2018 se practicaron “18 ILE en la provincia que no se dieron a conocer a los medios de comunicación y que el derecho de 18 jujeñas fue respetado”.
Por otra parte, Bohuid dijo que no aceptó la renuncia del jefe de obstetricia del Hospital Materno Infantil de Jujuy, Gustavo Briones, hasta que no concluya el sumario administrativo.
Las críticas no se hicieron esperar. La médica e integrante de la Red Profesionales de la Salud Luz Díaz informó que “no hubo 18 sino más de 350 ILEs el año pasado en la provincia”. Además, dijo, el ministro “sabe que está en falta con el cumplimiento de su deber como funcionario público, y plantea como novedad algo que ya existe. Si hubiese leído el Protocolo, sabría que dice el modelo de consentimiento que hay que usar. Se deja constancia de cuáles métodos se ofrecieron, cuál eligió la persona y en caso de que sea una ILE con medicamentos, las dosis a administrar. Y se utiliza tanto para la ILE como para los métodos anticonceptivos. Si se coloca un DIU (dispositivo intrauterino) también se requiere un consentimiento informado. En el protocolo ILE, figura una declaración jurada por causal violación y el consentimiento informado para la causal salud”.
También, agregó la médica, existen los equipos interdisciplinarios, pero advirtió que tratar de imponerlos como requerimiento obligatorio puede ser un mecanismo de dilación para la interrupción del embarazo. “En la Puna no hay equipo, pero es suficiente con un profesional capacitado que pueda dar la consejería de salud sexual, quien, si lo considera necesario puede hacer un traslado. Hay situaciones donde se necesita y otras que no. No a todas las mujeres se les genera un dilema por interrumpir un embarazo”.
En cuanto a las opciones sobre interrumpir o proseguir con el embarazo “es lo que se hace habitualmente, nadie obliga a nadie a abortar, se le explican las alternativas siempre”, afirmó la médica, antes de señalar que si se respeta “el protocolo es bueno en términos de autonomía de las personas y tiene un alto estándar”.
Díaz remarcó que “no hay ningún vacío legal, y los juicio que intentaron los antiderechos fueron fácilmente desmontables porque se basan en mentiras. Y la justicia dejó claro que, por más que no estén de acuerdo, no hay que pedir permiso”.
