Otra vez, como en el caso de Chocobar, el gobierno nacional y ahora también el porteño, hicieron intromisión en las áreas de decisión del Poder Judicial, pese a los continuos lemas de Mauricio Macri respecto a la “independencia judicial”. En este caso, tanto Macri, como Horacio Rodríguez Larreta y el vicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli, atacaron la decisión de una jueza del fuero nacional penal de dictar una probation y ordenar el cobro de un resarcimiento a un hombre de nacionalidad colombiana. Los mandatarios de Cambiemos reclamaban contra lo que consideran la “puerta giratoria”. No sólo eso, además Macri y luego Larreta le endosaron sorprendentemente a la jueza otro caso, el de un detenido de nacionalidad uruguaya que había sido liberado. La magistrada respondió que este segundo caso no había pasado por su juzgado. En una nota como respuesta a las presiones del gobierno que difundió horas después, la jueza, Patricia Guichandut, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 62, sostuvo que la probation que dispuso para el imputado colombiano se basaba en la información que le habían presentado Policía Federal y el Registro Nacional de Reincidencia, en la que no constaban antecedentes. Además, agregó que la Dirección Nacional de Migraciones no notificó al tribunal sobre impedimentos de ingreso y permanencia, y esa dirección no se presentó en el expediente. Recién horas más tarde, la DNM se presentó y sostuvo que el imputado no había apelado la decisión administrativa de deportación por lo que quedó firme. Con esa nueva información, la jueza Guichandut ordenó su detención y deportación.
En realidad, la intervención de Macri ocurrió cuando se dio a conocer el segundo caso, el del ciudadano uruguayo detenido el miércoles pasado. En ese momento, el Presidente en su cuenta de Twitter atacó a la jueza Guichandut: “Es indignante el caso de la Jueza que nuevamente liberó a motochorros con antecedentes penales y prohibición de ingreso al país. Las Fuerzas de Seguridad están haciendo su trabajo en la calle pero con una Justicia así no hay policía que alcance”, sostuvo Macri.
En el caso, como señaló la jueza, “no tuve ni tengo intervención alguna. Lo que demuestra lo falaz de la información recogida y difundida de modo irresponsable (se adjunta copia certificado policial que así lo acredita)”.
Una semana antes, el colombiano Jair Stevens Jurado Mora fue detenido por uniformados de la Policía de la Ciudad, acusado de robarle el celular a una joven de 18 años que esperaba para cruzar avenida La Plata al 100, en Caballito. Un día después, el Juzgado 62 inició la causa contra Jurado Mora por “robo en grado de tentativa” y la jueza le otorgó una probation y le impuso varias reglas de conducta entre ellas el pago de 700 pesos como resarcimiento a la víctima, previo a otorgarle la libertad.
El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también utilizó las redes sociales para criticar el rol de la Justicia: “Nuestra @Policia_ciudad está dando una pelea a fondo contra los motochorros. La decisión de la Jueza de liberarlos no ayuda en esta batalla. Al igual que todos los porteños estoy muy indignado porque es fundamental que la Justicia nos acompañe”. El vicejefe de gobierno Diego Santilli, además, opinó por “los argentinos” al expresar por Twitter: “A la mayoría de los argentinos nos indigna y no podemos entender este tipo de decisiones. Acá no hay sentido común, hay impunidad”.
Poco después, Guichandut respondió en un comunicado difundido públicamente, en el que además de aclarar que no tuvo intervención en el caso del detenido uruguayo, aclaró que “los jueces no somos legisladores solo operadores del sistema y que contamos con las herramientas que nos brinda el ordenamiento legal del cual no podemos apartarnos so pena de violar derechos y garantías de orden constitucional”. Y agregó: “Si se trata de efectuar modificaciones a la ley de flagrancia, a la suspensión del juicio a prueba, aplicación de penas, modificar las reglas de política criminal no es el Poder Judicial el que pueda dar respuesta al tema”.
Respecto al caso de Jair Stevens Jurado Mora, la liberación fue decidida, como ya se informó, con los datos con los que contaba la jueza que le impedían dictarle una preventiva, ya que no contaba con elementos suficientes, pero sí en cambio, sin antecedentes, dictarle una condena de probation y dejarlo en libertad.
Pero horas más tarde, sorprendentemente, la Dirección Nacional de Migraciones –que hasta ese momento se había mantenido al margen del expediente, según señaló la propia jueza– se presentó en el expediente para decir que el imputado no había apelado la decisión administrativa de deportarlo y por lo tanto había quedado firme. El trámite de deportación no habría sido informado hasta último momento, cuando quedó firme.
Con esa nueva información, la jueza si dispuso que el ciudadano fuera detenido y deportado.
El trámite, de todos modos, es administrativo ya que la información que existe hasta el momento no señala cuestiones penales sino que el ciudadano decidió no apelar la medida administrativa.
Por otro lado, respecto al caso del ciudadano uruguayo, Antonio José Franco, según fuentes cercanas al caso consultadas por este diario, llegó al país en 1992 junto a su madre y su hermana, “finalizó sus estudios primarios aquí”, “se insertó al mercado laboral a muy temprana edad, realizando changas y trabajos esporádicos” y “sufrió una grave adicción a los estupefacientes, en virtud de la cual permaneció internado en una comunidad terapéutica por el término de tres años a efectos de su recuperación”. Respecto a la afirmación del presidente y la información que estuvo circulando durante el día de ayer, la fuente sostuvo que “en los reportes periodísticos se hace alusión a que esta persona tendría prohibido el ingreso al país y esto no es así”. Y aclaró: “esta persona tiene orden de expulsión” pero “se encuentra apelada”, por lo que “ni la orden de expulsión ni la prohibición de reingresar al país se encuentran firmes. Para ello falta la decisión de un juez que las convalide”.
