El gobierno de Cambiemos envió ayer al Senado el pliego de un secretario judicial con probada vocación de pronunciarse contra los intereses de los jubilados para cubrir una de las tres vacantes en la Cámara Federal de Seguridad Social. Se trata de Fernando Strasser, cuestionado por su celeridad para alinearse con los deseos oficiales. Como juez subrogante y apelando siempre a cuestiones formales, Strasser rechazó todos los amparos que recibió contra la reforma previsional y contra la ley de Reparación Histórica, las dos principales leyes impulsadas por el presidente Mauricio Macri para disminuir beneficios a la seguridad social presentes y futuros y llevar al sistema hacia un régimen de capitalización individual. Para la aprobación del pliego, el primero que el Poder Ejecutivo envía al Senado para tratar en sesiones extraordinarias, será determinante el apoyo al Gobierno del bloque del PJ Federal que encabeza el senador Miguel Angel Pichetto, con quien se reunieron la semana pasada el jefe de gabinete Marcos Peña y el ministro de Justicia, Germán Garavano.
“Si se cambia la integración de la Cámara, poniendo jueces que en sus sentencias violan la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales incorporados a ella y la doctrina jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia desde el fallo ‘Chocobar’ a esta parte, lo que se logrará es que cambien la jurisprudencia de las salas y con ello se garanticen que la nueva reforma previsional que les exige el Fondo Monetario Internacional esté blindada no sólo en los medios sino también en la justicia”, advirtieron los especialistas en materia previsional Miguel Angel y Facundo Fernández Pastor en un informe al que accedió PáginaI12 y que distribuyeron a los senadores la semana pasada, luego de que el Ejecutivo dejara trascender los nombres de tres candidatos a cubrir vacantes en esa instancia. A diferencia de Alicia Braghini y Adriana Cammarat, que son juezas de primera instancia, Strasser es un simple secretario que oficia de juez subrogante en primera instancia y de conjuez en la Cámara (sólo el bloque del Frente para la Victoria-Unidad Ciudadana se pronunció en contra el año pasado cuando se trató su pliego), donde el gobierno pretende ahora designarlo como titular.
“Su caso es el más desopilante”, advirtieron los abogados Fernández Pastor a los senadores, y mencionaron dos antecedentes que definen el perfil del candidato al que califican como “el Bonadio de la Seguridad Social”. El primero, cuando a pedido de la ANSES declaró a su juzgado como “fuero de atracción” de todos los amparos colectivos contra la reforma previsional, que luego rechazó por una cuestión de forma. Strasser resolvió que el amparo no era la vía idónea y que debían volver a iniciarse como un proceso ordinario, lo que implicó que los expedientes que habían caído en su juzgado (amparos de la CTEP, ATE, la Asociación Bancaria, los defensores del pueblo de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que podrían haber tenido un efecto sobre los 18 millones de beneficiarios de la seguridad social) se atrasaran para cumplir con la ordinarización del proceso.
El segundo pergamino a los ojos del macrismo fue su actuación ante otro amparo que los Fernández Pastor presentaron contra la ley de Reparación Histórica, que recayó en su juzgado luego de que la ANSES recusara a una jueza. Sin evaluar ninguna prueba, Strasser lo rechazó apelando a otra cuestión forma: una supuesta “falta de legitimación activa”, que sin embargo había sido reconocida por la fiscal actuante y por el juez que otorgó la medida cautelar. “Lo que se premia, en este caso, es la violación al derecho de defensa, al debido proceso y, en definitiva, el servilismo al gobierno, en contra de los beneficiarios de la seguridad social”, advirtieron los abogados en su informe.
