El Gobierno oficializó el DNU que endurece la Ley de Migraciones y amplía las razones para que el Estado expulse a extranjeros. La norma tiene un marcado sesgo, que busca emparentar ese sector social con el delito. Con la firma de Mauricio Macri, pone el foco en el control de antecedentes de los extranjeros que desean instalarse en Argentina o ya lo hicieron, lo que debilita la estabilidad de los que son residentes. La oposición y organismos de derechos humanos criticaron la norma, que podría impugnar la Justicia.
El DNU 70/2017 establece que no podrá ingresar ni permanecer en el país quien haya “sido condenado, esté cumpliendo condena o tenga antecedentes o condena no firme en la Argentina o en el exterior, por delitos que merezcan, según leyes argentinas, penas privativas de libertad”. Tampoco aquellos vinculados con “delitos de tráfico de armas, de personas, de estupefacientes, de órganos o tejidos, o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas”; que hayan participado de genocidios, crímenes de guerra, actos de terrorismo o delitos de lesa humanidad y de todo otro acto susceptible de ser juzgado por la Corte Penal Internacional o que hayan presentado documentación falsa o adulterada u omitido antecedentes penales o condenas. Reduce el tiempo que se tiene para apelar su expulsión –el CELS lo bautizó “expulsión express”–, aunque en tal período se queda expuesto a ser detenida, aun si la decisión del Estado de echar no está firme. Los organismos de derechos humanos ratificaron las advertencias que realizan desde hace semanas por el sentido “regresivo” de esta decisión oficial. “Esta política restringe derechos humanos de la Constitución pasando por alto la discusión parlamentaria. El endurecimiento de leyes por la vía del decreto no es lo apropiado para un gobierno que pondera el diálogo”, alertó la directora de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski. Para el CELS, “pasamos de una ley que respeta los derechos humanos de los migrantes a una que entiende la migración como una amenaza a la seguridad del Estado, como en EE.UU.”.
Para los funcionarios del Gobierno, la cuestión es diametralmente opuesta. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, afirmó ayer que el decreto “no cambia el espíritu de la ley anterior”, sino que “se sacó un decreto de necesidad y urgencia, que se consensuó con el sector más importante de la oposición, para tratar de corregir y achicar los plazos tan largos” que la ley anterior preveía para la expulsión de “un extranjero criminal”. Por su parte, el director nacional de Migraciones, Horacio García, sostuvo que la reforma busca ser “profundamente restrictiva con los ciudadanos que delinquen”. “Las indicaciones del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, fueron terminantes: ser hospitalarios y abiertos con todos los ciudadanos del mundo que quieran venir a sumar al esfuerzo diario de los argentinos, y ser profundamente restrictivos con los que vienen a delinquir o delinquen en el país”, indicó.
La Ley de Migraciones también establecía la expulsión o la imposibilidad de radicación de ciudadanos extranjeros, pero para quienes hubieran sido condenados a una pena de cinco años o más. O sea, para delitos graves. El decreto lo amplía a todas las personas que tengan antecedentes, por eso, las organizaciones leen la medida en términos de efectos sociales. “Un efecto del DNU será el hostigamiento al migrante pobre, profundizando su exclusión social y económica”, entiende el CELS que, además, denuncia que el DNU “falsea datos y tergiversa la interpretación del Sistema Interamericano de Derechos Humanos sobre los derechos de los migrantes”.
La medida, que debe ser ratificada por el Congreso, concreta la intención que Cambiemos viene impulsando desde hace meses como una de las “medidas urgentes” para combatir el delito. “Acá vienen ciudadanos paraguayos o peruanos que se terminan matando por el control de la droga. La concentración de extranjeros que cometen delitos de narcotráfico es la preocupación que tiene nuestro país”, había asegurado la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en relación a los 1420 extranjeros presos por narcotráfico, un 0,06 por ciento de la población extranjera.
El texto justifica el endurecimiento de las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros en su supuesto vínculo con el delito. Considera que el país atraviesa una “situación crítica” estructurada en varias cuestiones. Por un lado, plantea que la cantidad de población inmigrante “bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal se ha incrementado en los últimos años hasta alcanzar en 2016 el 21,35 por ciento de la población carcelaria total” y un 33 por ciento en delitos vinculados al narcotráfico. El CELS informó que solo hay un 6 por ciento de extranjeros detenidos en cárceles federales y provinciales. Y que del 19 por ciento de detenidos en las cárceles del país por delitos vinculados con drogas, el 17 son extranjeros y el 83, argentinos.
El decreto afirma que “el Estado ha enfrentado severas dificultades para concretar órdenes de expulsión dictadas contra personas de otra nacionalidad, por un complejo procedimiento recursivo que, a veces, puede llegar a siete años de tramitación”. Dice que “se ha detectado en el último año una nueva modalidad de fraude a la ley, consistente en un uso abusivo y contrario a los fines de la ley del instituto de la residencia precaria”. Y que “se verifica una proporción sumamente baja en la relación existente entre cantidad de expulsiones dispuestas por la autoridad migratoria competente, fundadas en la existencia de antecedentes penales, y efectivamente concretadas”. Aquello “amerita medidas urgentes”, advierten. Se amplía el abanico de quienes pueden ser expulsados y se redujo el proceso de expulsión a un trámite sumarísimo.
