Por primera vez desde el inicio de la gestión de Cambiemos, más de treinta intendentes bonaerenses y asociaciones de usuarios se unieron para hacer una presentación conjunta a la Justicia en contra de los tarifazos. Apoyados, además, por entidades empresarias (fundamentalmente del sector pyme), organizaciones de estudios técnicos y diputados nacionales, los denunciantes presentarán un recurso de amparo el lunes, a primera hora, considerando que los últimos aumentos en la energía eléctrica “no son justos ni razonables”, criterios que impuso la Corte Suprema al fallar a favor de un reclamo contra los aumentos del gas en 2017, y que son “impagables” para un gran número de usuarios, tanto en hogares familiares, como en clubes y en pequeñas y medianas empresas. “Nunca pensé que iba a llegar a ver un vecino llorando con una factura de luz en la mano”, describió el intendente de Esteban Echeverría y titular del PJ bonaerense, Fernando Gray, en un párrafo de su alocución al hacer el anuncio de la presentación conjunta. 

 Junto a Gray se encontraban los intendentes de San Martín, Gabriel Katopodis, y de La Matanza, Verónica Magario, arriba del estrado. También los acompañaban el Defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y el titular del Cepis, Mariano Lovelli, entidad encargada de diseñar el reclamo de amparo que se presentará el lunes en Tribunales. Fue el Cepis, también, la organización que logró un fallo favorable de la Corte en 2017 contra los tarifazos en el gas aplicados a partir de 2016. Fue en esa oportunidad que el Alto Tribunal fijó, como criterio, que los aumentos deberían ser “razonables y justos” –aunque sin establecer parámetros–, y aplicados en “proporcionalidad” a las condiciones de los usuarios. Debajo del escenario, seguían la presentación de la acción de amparo –que también suscribieron– decenas de intendentes, entre ellos Jorge Ferraresi (Avellaneda), diputados nacionales (Rodolfo Taillade, Felipe Solá y Victoria Donda, entre otros), entidades de usuarios (Deuco) y profesionales (IESO), además de dirigentes sindicales (CTA) y de entidades empresarias (Marcelo Fernández-Cgera-, Ariel Aguilar –CIMA– y Juan Ciolli –CEEN–, junto a otros).

 “Hoy pagamos tarifas internacionales pero no tenemos inversiones”, describió Gray en la apertura. “En mi distrito, en estos años, no hemos tenido ni siquiera un pedido de autorización de obra de Edesur. Cada vez que vienen a presentar un power point con las obras a iniciar en el año, y yo les exhibo siempre la que presentaron el año anterior, resultan ser las mismas con la fecha corrida”, explicó. “No tenemos tampoco un ente que funcione como tal, que regule, imponga multas y fije resarcimientos a los usuarios afectados por los cortes. Edesur ni siquiera tiene un número de reclamos al cual el usuario pueda llamar y haya alguien que lo atienda”. Agregó que, tras “la experiencia de más de dos años tratando con el ministro de Energía Juan José Aranguren, llegué a la conclusión que jamás entendió que hubiera usuarios en el conurbano que se abastecieran de gas con garrafas. ¿Es verdad?, me preguntaba cuando le decía que el 40 por ciento de nuestros vecinos no tiene acceso a la red”, recordó. Indicó, finalmente, que el gobierno “no escucha a los vecinos, pero está muy atento a las necesidades de las empresas”. 

“Es la primera vez que haremos una presentación única de pedido de amparo todos los aquí presentes, lo cual le va a dar más fuerza al reclamo”, destacó Katopodis. Describió luego la situación de clubes de barrio, comercios y pequeñas industrias, usuarios electrodependientes porque no tienen acceso al gas, y otros sectores necesitados de los que “solamente un diez por ciento puede acceder a la tarifa social”. Magario, en tanto, mencionó que en La Matanza, en 2015, un hogar debía dedicar en promedio el 6 por ciento de sus ingresos al pago de luz, gas y agua potable. “A partir de mediados de año, deberá destinar el 26 por ciento de su salario a esas necesidades: el actual gobierno instaló una realidad que no conocíamos, la de pobreza energética”. 

En el interior de la provincia, mencionó, hay familias que reciben la factura de luz por 12 mil pesos y la de gas por 5000 pesos. “¿Cómo hace una familia de trabajadores para afrontar semejante gasto? ¿Qué ingresos debería tener?”, se preguntó. Y recordó que en el último presupuesto para el año en curso, “el gobierno de María Eugenia Vidal no dejó en claro cuál es la cobertura que va a dar a la tarifa social, si va a cubrir el aumento. Porque si no es así, eso queda a cargo de los municipios”.

Mariano Lovelli, director del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis), advirtió que el actual gobierno “cambió el paradigma de la gestión estatal; pasamos de tarifas accesibles a facturas impagables. En cada audiencia pública debimos explicar que la electricidad, el agua y el gas son bienes sociales y no de mercado. Ahora llegamos a esta instancia de presentar una acción de amparo conjunta, en la que aportaremos todos los elementos, después de tres años del gobierno de Macri, que demuestran que estas tarifas no son justas ni razonables”. Señaló algunas cifras, en las que se comparan aumentos de salarios en tres años del 118 por ciento en el mejor de los casos, contra suba de tarifas del 2500 al 3500 por ciento. La ausencia total de obras, con lo cual mientras el argumento de los primeros aumentos fue “terminar con los cortes de servicio”, hoy esos cortes son mayores y no menores. Y dio un resumen del aumento del rendimiento de las empresas, no sólo distribuidoras, sino también de generación (Edenor, Edesur, Pampa Energía y Central Puerto) que incrementaron sus ingresos por servicios del 800 al 1200 por ciento. “Ahí está el dinero de los aumentos que no fue a obras”, concluyó Lovelli, redondeando el argumento principal del recurso de amparo que pedirán este lunes.