A lo largo de más de un siglo, el deporte ha tenido una errática ubicación formal en la estructura del Estado y, más aún, una política pública escasa en densidad y fortaleza. Ello podría deberse a que fueron los clubes y asociaciones deportivas –más allá de la gimnástica y el deporte escolar– quienes lo fundaron y potenciaron en el país, estableciendo con el mundo público vínculos de necesidad y conveniencia mutuas pero ocupando un rol central con relación al desarrollo del deporte y la actividad física.
Recién con el primer peronismo las políticas públicas deportivas se profundizaron fuertemente en distintos planos, siendo un actor central la Cadcoa (la unificación de la CAD y el COA) en el marco de diversos programas deportivos e importantes inversiones económicas en infraestructura. Devastado todo ello a partir de 1955 y en el marco del llamado “empate hegemónico” posterior, la dictadura de Onganía promulga un primer esbozo de ley de deporte, y en 1974 es sancionada en el Congreso por iniciativa de Juan Perón la Ley del Deporte que establece, por primera vez, una definición y un lugar en el Estado nacional para el deporte.
Nunca puesta en pleno funcionamiento con el advenimiento del Proceso, el gobierno de Alfonsín plantea un esbozo de plan deportivo, pero la falta de una política clara continúa y la Secretaría de Deportes comienza un largo derrotero durante los gobiernos y años subsiguientes entre diferentes ministerios y estructuras del estado. Más allá de los nombres y personas a cargo, se observa la dificultad de diseñar y ejecutar políticas estratégicas y que piensen al deporte más allá de una visión meramente instrumental, es decir como un campo con características particulares que atraviesa y se vincula con muchas otras dimensiones.
Con la asunción de Néstor Kirchner la política pública vuelve a fortalecer el desarrollo del deporte, tanto el social como el de “alto rendimiento”, destacándose la revitalización de los Juegos Evita y la Ley del Enard, y en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se plantea el debate sobre el lugar del deporte en el Estado y su significancia social y cultural, con la sanción de las leyes 27.201 y 27.202 en 2015. Su relación con la salubridad y su rol educativo, su dimensión comercial, sus fuentes de financiamiento, su tipología asociativista: estas y otras dimensiones resultan indispensables para poder diseñar y ejecutar para y en el deporte y voluntad política mediante, una política potente y transformadora.
* Doctor en sociología (Idaes.