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En un hecho político sin precedentes, generando además un antecedente de peso, treinta intendentes bonaerenses pertenecientes o cercanos al peronismo presentarán hoy, ante los tribunales, una acción de amparo colectivo contra el aumento de las tarifas eléctricas en el área metropolitana (Capital y Gran Buenos Aires) que, según sus impulsores, “tendrá alcance nacional si logramos una respuesta favorable”. Junto a los intendentes, firmarán el pedido varias organizaciones de usuarios y entidades de pequeños y medianos empresarios. Más allá del impacto político que representa tan amplio respaldo, quienes diseñaron la demanda sostienen que su fuerza está en los argumentos, una suerte de enjuiciamiento a todo el proceso de gestión de la política energética desde diciembre de 2015 hasta acá. “Los aumentos de tarifas, de hasta el 5960 por ciento en tres años, no fueron a inversiones, ni a mejora del servicio: fueron a parar a mayores ganancias de las empresas, mientras que el precio de la electricidad le imposibilita seguir en actividad a muchas empresas y le restó calidad de vida a mucha gente que no puede pagarla; es lo que vamos a demostrar con el pedido de amparo, la irracionalidad del aumento, por la colisión con derechos de la población, pero también por el resultado fáctico, ya que no se cumplió ninguna de las previsiones con las que se justificó la declaración de Emergencia Energética en febrero de 2016”, sostuvo Mariano Lovelli, de CEPIS, en diálogo con PáginaI12.
El reclamo contra el tarifazo eléctrico logró juntar a un grupo de intendentes en el que están representadas vertientes muy diferentes vinculadas al peronismo. Desde Jorge Ferraresi, jefe comunal de Avellaneda, firmemente alineado a CFK, a Julio Zamora, de Tigre, de origen muy cercano a Sergio Massa. En la mesa de presentación del proyecto, se sentaron otros intendentes de distritos con mucho peso, como Verónica Magario (La Matanza) y Gabriel Katopodis (San Martín). Y junto a ellos Fernando Gray, titular del partido de Esteban Echeverría y presidente del PJ bonaerense, a quien muchos le atribuyen el mérito de “haberse puesto al hombro” para la coordinación de este pronunciamiento en defensa de cientos de miles de usuarios residenciales y empresarios perjudicados. Incluso logró sumar a intendentes del interior bonaerense como Gustavo Barrera, jefe comunal de Villa Gesell.
El Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS) armó una exposición de las principales variables que acompañarán la presentación que se haga hoy ante los tribunales. Los puntos centrales se describen a continuación.
Aumentos
La suba tarifaria promedio de Edenor y Edesur, entre diciembre de 2015 y el actual mes de febrero (con el aumento que rige desde el viernes 1º) alcanza, en el “cargo variable” (según la energía consumida) a 5864 por ciento para un hogar de familia tipo que consume en torno a los 350 kwh mensuales. Ello resulta de comparar el precio por kwh de 4,25 centavos en diciembre de 2015, y el de 2,71 pesos que le cobrarán a partir de este mes. Es decir, que el precio del consumo eléctrico se multiplicó por 64 en 38 meses.
El que CEPIS define como un hogar de familia tipo electrointensivo (típicamente, el que no tiene acceso a la red de gas y por tanto, utiliza cocina y estufa eléctrica), con un consumo en torno a los 700 kwh, habrá visto aumentado el valor por kwh en 2956,5 por ciento, pero el del cargo fijo en casi 6200 por ciento (pagaba 13,40 pesos en diciembre de 2015, y ahora pasó a pagar 844,70 pesos, independientemente de cuanto consuma).
El tercer ejemplo que hoy tendrá la Justicia a la vista es el de una pyme, con un consumo medio estimado en 3000 kwh mensuales. En su caso, el cargo variable, que de 15,6 centavos pasó a costarle 4,33 pesos por kwh, habrá aumentado en ese período un 2673 por ciento.
Si uno comparara estos aumentos con la evolución de los ingresos de la población (el CEPIS lo hace), se encontraría con que la remuneración promedio de los trabajadores registrados (Ripte) creció hasta diciembre de 2018 un 118 por ciento, variación similar a la de la Asignación Universal por Hijo (117 por ciento) y el haber jubilatorio (116 por ciento). Por detrás quedó el salario mínimo vital, que se elevó 102 por ciento en el mismo período.
Cortes y consumo
El principal argumento que esgrimió Juan José Aranguren en febrero de 2016, cuando era ministro de Energía, para fundamentar la declaración de la Emergencia Energética, era una evaluación de la “mala calidad del servicio”, a lo que le adjudicaba la responsabilidad por un elevado nivel de cortes del suministro. El informe estadístico que aportó el CEPIS para acompañar la acción de amparo que hoy se presentará exhibe que en diciembre de 2016, el promedio diario de usuarios con cortes de luz, sumados los de Edenor y Edesur, alcanzaba a 83.093 clientes. Al comparar esa cifra con la de diciembre de 2018, se verifica que la cantidad de cortes no cayó, sino que creció a 132.254 clientes, con una significativa variación del 59 por ciento. Incluso si se cierra el seguimiento únicamente a los días con temperaturas máximas en un rango de 28 a 31 grados para los mismos meses, la cantidad de usuarios afectados en 2018 resulta también superior a la de 2016, prácticamente en la misma proporción: 58 por ciento. Tampoco se podrá atribuir la mayor cantidad de cortes al aumento de exigencias de un consumo creciente. Las cifras que expondrá el CEPIS indican que, entre los períodos comparados, “la demanda de suministro total registrada por la distribuidora Edenor cayó en el sector residencial un 18 por ciento, mientras que la caída registrada por Edesur ha sido del 19 por ciento”.
Resultados empresarios
El otro capítulo del análisis fáctico del CEPIS sobre la evolución del sector eléctrico en estos tres años es el referido a los resultados para las empresas. Aquí, el análisis se extiende a los tres segmentos del negocio o del servicio: distribución, transporte y generación. Comparando los resultados informados por las propias empresas, se verifica en la comparación entre 2015 y 2018 que Edenor registró un incremento en sus ingresos por servicios (ventas) del orden del 1118 por ciento, mientras que Edesur obtuvo una mejora del 821 por ciento en el mismo período de tres años. A su vez, el incremento de sus resultados operativos (ganancias por ventas menos costos de producción) fue del 223 por ciento para Edenor y 215 por ciento para Edesur.
En el caso de la concesionaria de transmisión eléctrica de alta tensión, Transener, obtuvo un aumento en sus ingresos por servicio del 290 por ciento, y en sus resultados operativos del orden del 1250 por ciento (multiplicó sus ganancias por 13,5). En el segmento de generación, los números señalan para Pampa Energía un incremento en sus ingresos del 554 por ciento, y en los de Central Puerto, del 206 por ciento. A su vez, el incremento de los resultados operativos fue del 836 por ciento para Pampa Energía y del 1230 por ciento para Central Puerto.
Por si quedaran dudas con respecto a si esas variaciones reflejan, o no, el grado en que se favorecieron las empresas, vale mencionar cómo calificó esa misma evolución “el mercado”: la acción de Edenor multiplicó por 9 su valor en esos tres años, la de Pampa Energía lo hizo por 13 y la Transener, por 10.
Pobreza energética
Los cuatro ejes en los que el núcleo de intendentes, y las organizaciones sociales y empresarias asentarán su acción de amparo serán la falta de razonabilidad de los aumentos, la discrepancia extrema entre los aumentos de ingresos de la población y la tarifa, el incumplimiento de la premisa de mejora del servicio a partir de la cual se dio inicio al proceso de aumentos (Emergencia Energética) y, por último, el resultado en favor de las empresas que demuestra que, en vez de volcarse en inversiones, los mayores ingresos se desviaron a mejorar los beneficios y el valor patrimonial de las prestadoras de los tres segmentos del sistema eléctrico.
En un amparo presentado en el año 2016 contra el aumento del gas de abril de ese año, el CEPIS logró llegar hasta la Corte Suprema que se pronunció, en agosto de 2016 declarando la nulidad de aquel primer tarifazo. Allí la Corte se pronunció en favor de la “razonabilidad” de los aumentos y la necesidad de que fueran graduales, aunque no precisó criterios. Según explicó Lovelli a este diario, en la acción de amparo que se presentará hoy se apuntará a “la falta de razonabilidad de estos aumentos, demostrada en la evolución de las tarifas durante estos tres años”, que significó para muchas empresas y muchas familias perder la posibilidad de acceso a un servicio esencial. “La aplicación de estos cuadros tarifarios fabrica un nuevo tipo de pobreza, inédita en cuanto a su magnitud para nuestro país al inicio del trienio analizado: la pobreza energética”, señaló el titular del CEPIS. Esto es, cuando la proporción de ingresos que una familia debe destinar a servicios esenciales, excede cierto límite que ya lo obliga a privarse de cubrir otras necesidades. El escrito que se presentará hoy solicita que “se haga lugar a la acción de amparo, dictando sentencia declarando la inconstitucionalidad de la Resolución 366/18 de la Secretaría de Energía y Resoluciones 24, 25, 26 y 27/2019 del Ente Regulador de la Electricidad”.
Más allá de especulaciones sobre la oportunidad política, la inédita actitud de los 30 intendentes bonaerenses refleja que hay una demanda muy genuina en contra de los tarifazos, de la que han decidido hacerse eco. Los argumentos, muy sólidos y completos, están volcados en el escrito que se presentará hoy. Mientras tanto, la voluntad de resistencia de los usuarios perjudicados se manifiesta en la calle, en la sucesión de ruidazos. Ambas manifestaciones parecen tender, ahora, a encontrarse.
