A mediados de noviembre pasado, en los pasillos de los tribunales federales de Comodoro Py aseguraban que la sentencia del juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA iba a llegar antes de fin de año. Pero pasaron cosas y, ahora, a días de retomar el ritmo del debate con las últimas palabras de los acusados, el veredicto se espera para principios de marzo. El Tribunal Oral Federal 2 retomará las audiencias el jueves por la mañana, pero aún restan hablar más de la mitad de quienes aguardan condena, los ex funcionarios que participaron de la primera investigación judicial y aquellos que desde el poder político de turno en aquel entonces, postrimerías del primer gobierno de Carlos Menem, intentaron desviarla, y no hay certezas de quiénes harán uso de su derecho a un último descargo o de cuánto tiempo se tomarán para hacerlo. Familiares y sobrevivientes de la voladura de la sede central de la mutual judía señalan esa incertidumbre como una demostración más de la “vista gorda” que los jueces integrantes del Tribunal Oral Federal 2 entrenaron en los casi cuatro años de proceso. 

“No tenemos ninguna expectativa en relación con el final de este juicio”, aseguró Laura Ginsberg, referente de la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia), cabeza de una de las querellas del juicio, en diálogo con este diario. La última vez que se la había consultado había sostenido la misma idea basada, al igual que ahora, en que “ninguno de los acusados irá preso porque los delitos por los cuales se los está acusando son delitos individuales y excarcelables”.

El juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA comenzó en agosto de 2015 con más de una docena de ex funcionarios judiciales y del Ejecutivo menemista como acusados, empezando por el mismísimo ex presidente. Menem asistió a dos o tres audiencias a lo largo de los casi cuatro años de debate, exultante de displicencia hacia todo lo que la causa que lo señala como uno de los responsables de haber ordenado el desvío de la investigación que comenzó buscando a los asesinos que hicieron estallar una bomba en la puerta del edificio de Pasteur 633, en Once, y terminó en una pista falsa. Ninguno de los otros acusados, entre ellos el ex juez Juan José Galeano, los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, el ex jefe de la inteligencia menemista Hugo Anzorreguy o el ex titular de la DAIA Rubén Beraja, tomaron el proceso más en serio que el ex mandatario. 

Para Diana Wassner, en cambio, este juicio es aún “una oportunidad histórica de llevar un poco de verdad a la causa AMIA que tanta suciedad juntó a su alrededor”. Sin embargo, no es mucho más optimista que Ginsberg y, en ese sentido, apunta contra los jueces del TOF 2, Jorge Gorini, Néstor Costabel y Karina Parilli. 

“Tienen la posibilidad en sus manos de hacer justicia y ojalá eso ocurra. En lo que estamos todos de acuerdo es que en este juicio se ha demostrado largamente toda la serie de irregularidades y delitos que han cometido los imputados. Nadie puede decir que hay dudas. El grado de responsabilidad lo sabemos, también, pero no me parece que estos jueces estén a la altura de lo que les demanda la historia. Ojalá me equivoque”, concluyó la integrante de Memoria Activa, otra de las agrupaciones de familiares y víctimas del atentado que es querellante en el juicio. Hay una agrupación más, 18J, cuyo referente es Sergio Burstein, que querelló en el proceso de investigación que se abrió cuando el Tribunal Oral Federal 3 decidió declarar nulo todo lo vinculado con el expediente que encabezó Galeano y que tuvo a Mullen, Barbaccia y el fiscal Alberto Nisman como representantes del Ministerio Público Fiscal, y acusarlos a ellos y al resto de los imputados en el juicio actual, de encubridores.

Aquella causa intentó cerrar con la llamada “conexión local” todo lo dicho en relación a la bomba que hizo volar por los aires a la AMIA y a edificios aledaños, que mató a 85 personas y dejó heridas a más de 300: una banda de policías bonaerenses vinculados con desarmaderos de autos, Carlos Telleldín y Ana María Boragni, entre otros, eran los responsables en Argentina de haber provisto a terroristas iraníes de la camioneta Traffic en la que supuestamente se encontraba el explosivo. 

La mayoría de esos policías integran otra de las querellas en el debate que está llegando a su fin y que intenta dilucidar responsabilidades individuales de los acusados en, por un lado, la incriminación de esos policías en el atentado a través del testimonio falso de Telleldín, quien cobró 400 mil dólares de la SIDE por inventar el vínculo. Por otro, el desvío de la llamada “pista siria” que enlazaba a la familia Kanoore Edul, cercana a Menem, con el atentado. 

La AMIA cuenta con su propia querella, una acusación que jugó un papel mínimo en la investigación sobre el encubrimiento cuanto en el juicio. Otra desarrolla el Ministerio de Justicia, que protagonizó gran polémica en 2017, luego de que los abogados que hasta entonces la integraron fueran reemplazados por otros y finalmente esa parte desistiera de la acusación contra los ex fiscales. La orden la dio el ministro de Justicia, Germán Garavano. 

Para Wassner y Memoria Activa la cercanía entre las entidades de la comunidad judía –la AMIA y sobre todo la DAIA– y el gobierno de Cambiemos tienen mucho que ver con que la sentencia próxima tenga poco que ver con acercar justicia y verdad a los familiares y sobrevivientes del atentado: “Lo que sucedió con la querella del Ministerio de Justicia fue una vergüenza, una demostración total de impunidad”, evaluó.

Otra parte importante se la llevan los jueces a cargo del TOF 2, de quienes Wassner se quejó por “mostrar cada vez más inclinación por favorecer a los acusados”. “Nuestra razón de ser como agrupación y como familiares de víctimas es la lucha por la verdad y la justicia y eso es lo que siempre esperamos, lo que nos hace continuar. Pero estoy muy preocupada y muy desencantada de este tribunal. Pensé que iban a poder marcar una diferencia dentro de este Comodoro Py tan vapuleado, pero me da la sensación de que esto no va a ocurrir”, concluyó.

Las primeras audiencias de este último tramo del juicio por encubrimiento se dedicarán a oír las últimas palabras de los acusados. Hasta el momento, en las últimas audiencias de 2018 hablaron Boragni, el ex comisario Jorge “Fino” Palacios, el ex agente de inteligencia Patricio Finnen y Beraja. Para las próximas “no se sabe bien quién va a hablar ni cuánto tiempo va a demorar”, señaló Ginsberg, quien espera que “la sentencia no demore más de un mes”. 

La referente de Apemia sospecha que, “tal vez el tribunal condene a (el ex juez Juan José) Galeano, que ya cuenta con una condena mezquina” en relación al juicio político al que fue sometido hace casi 15 años, “pero eso, de Justicia para los familiares y los muertos de la AMIA, no tiene nada”. 

En ese sentido, opinó que “independientemente de quiénes sean los condenados o de cuántos sean, lo que recibirán es una especie de condena moral que no alcanza porque no son delincuentes comunes” los imputados, sostuvo: “No cometieron delitos de manera individual, sino que fueron parte de una política de Estado argentino para consolidar el encubrimiento del crimen más importante de los últimos años”.

Por último, concluyó que el atentado a la AMIA “no se va a esclarecer con un juicio” ya que “el Poder Judicial no tiene herramientas para dar con la verdad”. “Este juicio que tanto se propagandizó como el verdadero juicio por la verdad se sustanció con los archivos de Estado cerrados. ¿De qué verdad se habla. Éste fue un crimen encubierto y perpetrado por el Estado que solo una comisión investigadora independiente puede llegar a esclarecer, poniendo al servicio del pueblo argentino los archivos que escondieron y esconden todos aún hoy”.