Familiares, organizaciones políticas y sociales realizaron un homenaje a Franco Almirón y a Mauricio Ramos, dos jóvenes asesinados el 3 de febrero de 2011 durante un operativo policial. Ese día, un grupo de agentes de la Policía Bonaerense reprimió con gases lacrimógenos, balas de goma y de plomo a vecinos del barrio La Cárcova, de José León Suárez, que presenciaban el descarrilamiento de un tren de carga. Como resultado de la violencia policial fue herido de gravedad otro joven, Joaquín Romero. Un policía fue condenado a 15 años y seis meses de cárcel por las heridas sufridas por Romero, mientras que todavía no se hizo el segundo juicio oral contra el policía, acusado de la muerte de los dos chicos.

Los vecinos se reunieron en la estación de José León Suárez y desde allí marcharon hasta el lugar donde se produjo la represión. El diputado nacional Leonardo Grosso, presente en el acto, dijo que los vecinos y amigos de las víctimas “no vamos a parar el reclamo hasta que las familias vean en la cárcel a todos los culpables”. Sostuvo que “es una vergüenza que aún no se haya hecho el segundo juicio y que los jefes policiales responsables del operativo de fusilamiento sigan libres”.

En el primer juicio, fue condenado el subteniente Gustavo Vega a siete años de prisión (después la pena fue aumentada) y fue absuelto por el beneficio de la duda el agente Gustavo Sebastian Rey. En 2015 la Sala I del Tribunal de Casación anuló la absolución de Rey y ordenó realizar un nuevo juicio para determinar su responsabilidad. Al mismo tiempo, recalificó la condena de Vega por las heridas recibidas por el único sobreviviente. De “tentativa de homicidio simple”, que había sido la carátula inicial, pasó a “tentativa de homicidio calificada”. La pena a Vega fue elevada a 15 años y seis meses. 

Los abogados del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representan a las familias de las víctimas, vienen reclamando desde el principio de la investigación que sean llamados a declarar como imputados los jefes del operativo, en el cual se hirió con balas de goma a los tres jóvenes. Los responsables del operativo policial fueron los oficiales Víctor Hualde, Amado Silva Marinone y Amilcar Pino. A pesar del reclamo del CELS, el Ministerio Público Fiscal de San Martín se negó de forma sistemática a juzgar a quienes dieron las órdenes de reprimir a los vecinos, bajo la excusa de un inexistente intento de saqueo a la mercadería que transportaba el tren descarrilado.

La parte querellante reclama también que se realice de una vez el nuevo juicio contra Sebastián Rey, quien está acusado de los homicidios de los jóvenes Franco Almirón y Mauricio Ramos.