La Justicia provincial se declaró incompetente en la causa que investiga el paradero del adolescente Valentín Reales, de Cabín 9, desaparecido hace más de dos años, y la envió a la Justicia Federal como "desaparición forzada de persona". Así lo resolvió la jueza María Chiabrera, tras la solicitud del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que tomó las recomendaciones de organismos internacionales de defensa de los derechos humanos que insistieron con que la causa sea investigada como desaparición forzada, ante la sospecha de que la policía haya estado involucrada. "No se sabe qué responsabilidad pudieron tener (las fuerzas de seguridad), pero nosotros no lo podemos investigar", dijo el fiscal Guillermo Apanowicz.

Valentín está desaparecido desde el 15 de noviembre de 2016. Desde chico fue parte de la banda de Los Cuatreros a la que denunció frente a los hostigamientos sufridos cuando quiso alejarse. Se trata de un grupo que se dedicaba al narcomenudeo y a la usurpación de viviendas, que tenía vínculos directos con la comisaría sub 18° de Pérez.

La noche que Valentín se fue de su casa le dijo a la madre que ya volvía, pero no fue así. Dos semanas después, y ante la denuncia de María, testimonios de vecinos y allegados permitieron considerar que "pudo ser víctima de homicidio" como venganza de la banda. Esas mismas declaraciones tomadas en el barrio indicaban que el chico había sido brutalmente golpeado y torturado, por alejarse del clan. También surgió el dato de que el cuerpo estaba en un campo ubicado detrás del camping de Camioneros, en la vecina localidad. Allí se constituyó el equipo de Fiscalía a las órdenes del fiscal de Homicidios Florentino Malaponte, el 30 de noviembre de 2016, con personal de la Policía de Investigaciones (PDI), perros y Bomberos. Solo encontraron su zapatilla y una media. Sin embargo, resultó llamativo que en el lugar encontraran la tierra del pozo removida, por lo que se sospecha que lo desenterraron. Las presunciones dieron cuenta de que se filtró la información sobre la medida, antes de que se realizara.

Con esos datos y un nuevo elemento que ubicó el GPS de un patrullero de la comisaría del barrio en la zona donde se encontraron las pertenencias del chico, dato no coincidente con los registros del libro de guardia; Apanowicz pidió el cambio de fuero, pero aclaró que no tiene evidencia directa contra el personal policial sindicado, sino indicios.

Sobre las pertenencias del chico, el fiscal dijo que no pudo determinarse la identidad con la muestra de sangre debido a que se arrojó cal en el pozo donde se encontraron, con conocimiento de que ese material "destruye" el material blando que hubiera permitido confirmar el ADN. 

Desde chico fue parte de Los Cuatreros, a los que denunció frente a los hostigamientos sufridos.

Apanowicz también habló de la "insistencia" de los organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU)y la Organización de Estados Americanos (OEA) que apuntaron a una "desaparición forzada de persona"; y a la posibilidad de que se responsabilice a los estados provincial y nacional por no oír esas recomendaciones. 

Los organismos internacionales intervinieron en el caso luego de que lo solicitara el ex titular del Servicio Público de la Defensa Penal de la provincia, Gabriel Ganón, en una presentación por escrito con el relato del caso y los hechos.

Con todos esos elementos y el detalle de los más de diez rastrillajes que se hicieron para buscar al chico, Apanowicz llevó el caso al Federal, desde donde el fiscal en turno de enero le pidió que lo hiciera mediante el trámite judicial que requiere la intervención de un juez. Tras la audiencia del 21 de enero, ayer la jueza María Chiabrera resolvió que la Justicia Federal debe hacerse cargo de la causa, por lo que ordenó que la carpeta judicial pase a ese fuero una vez que quede firme su decisión. 

En el caso, la madre de Valentín es querellante desde mayo de 2017. Actualmente la representa el Centro de Asistencia Judicial, que no se opuso al pedido del fiscal.