A ocho años de la Masacre de la Cárcova, en José León Suárez, sigue impune el doble crimen de Franco Almirón, de 16 años, y Mauricio Ramos, de 17, por el que debe ser juzgado nuevamente –fue absuelto en el primer juicio– el policía bonaerense Gustavo Rey. “El juicio todavía no tiene fecha porque la defensa de Rey ha presentado recurso tras recurso y ahora le queda el último, la queja ante la Corte Suprema, que debe ser rechazado para tener la posibilidad de hacer justicia por los dos chicos”, le dijo a PáginaI12 el abogado Federico Efron, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que representa a las familias de las víctimas. Para recordar a los chicos, el domingo se hizo una jornada solidaria de construcciones comunitarias en las casas donde viven las familias de Franco y Mauricio, y en la de Joaquín Romero, el único sobreviviente de la violenta represión policial contra vecinos que presenciaban el descarrilamiento de un tren de carga del Ferrocarril Mitre, el 3 de febrero de 2011.

En diálogo con este diario, Joaquín, que hoy tiene 27 años, afirmó que está “bien de salud”, aunque imposibilitado de “levantar cosas pesadas porque (para salvarle la vida) me tuvieron que reconstruir el intestino y un pulmón perforado” por las balas que disparó en su contra el policía Gustavo Vega, quien en el primer juicio fue condenado a siete años de prisión. La Cámara de Casación ordenó incrementar la pena y en septiembre de 2017, en un segundo juicio, fue elevada a 15 años y seis meses por “intento de homicidio agravado”. Romero admitió que le quedan “los malos pensamientos” cuando recuerda “a dos amigos que no merecían morir”. Hoy lo mantienen “la felicidad” de su mujer y sus dos hijos de 3 y 6 años, nacidos después de la trágica represión y la ilusión de que “Chacarita vuelva a primera porque los grandes siempre vuelven”. 

Elizabet Belkys Almirón, la mamá de Franco, se lamentó por “esta espera de ocho años para que condenen a los que mataron a mi hijo”, con el consuelo que significó para ella que “hayan venido muchos compañeros para ayudarnos a arreglar mi casa, me construyeron un muro, mientras seguimos esperando que se haga justicia”. La jornada solidaria fue organizada por la filial San Martín del Movimiento Evita, junto con otras organizaciones sociales. Estuvieron presentes el diputado nacional Leonardo Grosso, y familiares de otras víctimas de violencia institucional, como las madres de Sebastián Bordón y Nehuén Rodríguez. 

Analía Ramos, tía de Mauricio, rescató como hecho positivo “que hayan condenado a Vega a quince años y seis meses, pero mi sobrino todavía no tuvo justicia y además archivaron la causa en la que se tenía que investigar a los jefes policiales que dieron la orden de reprimir” ese 3 de febrero, en el barrio de la Cárcova. En distintas presentaciones ante el Departamento Judicial de San Martín, el CELS había solicitado la realización de un juicio oral para establecer la responsabilidad que tuvieron en la represión y en los intentos de encubrimiento los superiores jerárquicos de los policías que dispararon contra los tres chicos. 

El operativo estuvo a cargo del comisario Víctor Hugo Uhalde y los oficiales Amílcar Esteban Pino y Carlos Amado Silva, que movilizaron a un centenar de agentes para reprimir un supuesto intento de robo al tren descarrilado por parte de los vecinos del barrio. También se había pedido que fueran llamados a declarar los policías Carlos César Aguirre, Claudio Guete e Ignacio Azario. El abogado Federico Efrón recordó que “en la causa Cárcova 2 contra los jefes nos presentamos cuatro veces para pedir que citaran a los imputados, en 2011, 2012, 2014 y en 2018, pero las cuatro veces no nos dieron respuesta positiva”. 

El año pasado “no sólo dijeron que no sino que archivaron la causa”. Además del procesamiento de los jefes, habían solicitado que fuera apartada de la causa la fiscal Gabriela Disnan. “Confirmaron el archivo de esta causa, algo que se repite en forma corriente para garantizar la impunidad de las cúpulas policiales porque el Poder Judicial se resiste a avanzar contra los jefes”. La única posibilidad que queda de impulsar esta causa “es que aparezcan más pruebas que las ya existentes, en el segundo juicio por el doble homicidio”. 

La actividad realizada el domingo se denominó “construir justicia” para “seguir acompañando” a las tres familias. Organizaciones y centenares de vecinos trabajaron varios días en forma solidaria para mejorar las viviendas familiares de las víctimas y condenar “la pedagogía de la crueldad en el accionar de las fuerzas de seguridad”.