Cinco años de distancia, diez muertos, diecisiete procesados y una última instancia judicial a la que se aferran los familiares de las víctimas, es lo que queda de la tragedia de Iron Mountain. La Cámara de Casación Penal tiene que pronunciarse este año sobre un recurso para que la causa no se derrumbe de manera definitiva, sin responsables, como ocurrió con el depósito de Barracas el 5 de febrero de 2014. La apelación va contra un fallo de la sala VI de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional que privó a los parientes de los bomberos y personal de Defensa Civil fallecidos de avanzar en las querellas contra los funcionarios del gobierno porteño y de la empresa multinacional estadounidense. “Es nuestra última esperanza. Nos quieren sacar de la causa porque las familias cobraron una indemnización que no llegó ni a 500 mil pesos por muerte. Es una vergüenza”, explica el abogado Miguel Arce Aggeo, quien patrocina a los damnificados por el incendio. Mientras tanto, se prepara un nuevo acto homenaje frente al depósito de la calle Azara y durante el cual se colocarán imágenes con los rostros de los diez servidores públicos. Es un trabajo del dibujante Alan Diarte, amigo de un bombero voluntario que sobrevivió aquella mañana.

La compañía responsable del siniestro que proclama en su página corporativa que desde su fundación en 1951, protege y custodia “documentos empresariales, cintas de backup, archivos electrónicos, información médica y otros activos” tiene procesados a cuatro directivos y al responsable de la empresa de seguridad que contrataba en su depósito. Los restantes son doce funcionarios de mediana o baja jerarquía del gobierno porteño que se desempeñaban en aquel momento.

El fallo que con fecha del 4 de mayo de 2018 firmaron los camaristas Julio Lucini y Mariano González Palazzo –un juez cercano al presidente Mauricio Macri, a quien designó en el Colegio de Árbitros de la AFA cuando estaba en Boca– determinó que dos querellantes, Ricardo José Martínez y Liliana Noemí Maffey, no podían seguir en la causa penal por haber aceptado indemnizaciones. Se los invalidó para accionar contra “los directivos de Iron Mountain Argentina SA, la empresa Zurich (aseguradora en el siniestro) y todos sus respectivos sucesores, directores, funcionarios, representantes, accionistas, empleados, sociedades controlantes y/o vinculadas, cesionarios, aseguradores, abogados y representantes de cualquier tipo”. La resolución de la Cámara tuvo carácter extensivo para los otros familiares de las víctimas.

Rolando Monticelli es el papá del bombero Juan Matías, quien murió con 26 años el día del incendio. Le cuenta a PáginaI12 que “lo más doloroso es que pasaron cinco años y todo sigue como estaba, en la nada absoluta. Los funcionarios continúan en sus cargos, la empresa con sus negocios. Hay tragedias que pasaron hace veinte, treinta años, y se sigue hablando de ellas, pero con esta pasa lo contrario”. 

[email protected]