“Pasamos de la celebración de muchos a un festín íntimo para unos muy pocos”, sostuvo ayer el diputado Felipe Solá, en referencia a la enorme transferencia de recursos que generaron los tarifazos en luz y gas. El precandidato a presidente brindó una conferencia de prensa en la sede del sindicato de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (Apsee), en donde presentó una serie de propuestas para frenar el desaguisado en materia energética que generó el Gobierno. Entre las sugerencia que delineó junto a su equipo se destaca la posibilidad de aplicar una tarifa plana para la luz, de entre 150 y 200 pesos mensuales promedio, para la gran mayoría de los usuarios; y rediscutir la “oscura” estructura de costos del gas, desde boca de pozo hasta su distribución, pasando por el transporte. También insistió en la idea de reforzar los organismos de control de las empresas de servicios públicos. “Controlar es ahorrar plata, mejorar la ética, dejar de que jueguen con la (plata) de todos y frenar esta estafa”, disparó Solá. 

El diputado hizo hincapié en la idea de identificar los servicios energéticos como un bien social. “Es un insumo para el bienestar y para el crecimiento y el desarrollo de un país. No sólo es una mercancía o un producto. Es una diferencia conceptual, ideológica y peronista con el Gobierno”, comenzó Solá el encuentro con técnicos y periodistas que se realizó en la sede de Apsee. “Han creado un ahorro forzoso de la energía en los consumidores, la cual pasó a ser un bien escaso y caro, mientras las empresas sólo hacen remiendos o parches que en sus balances los hacen pasar como inversiones”, apuntó el ex gobernador bonaerense. Entre los blancos de sus críticas se ubicó el ex ministro de Energía Juan José Aranguren, de quien dijo que “trabajaba contra la economía y a favor de la inflación”. “Tardaron en el Gobierno en darse cuenta de que tenían ahí un topo, aunque igual salió por burro y no por razones éticas”, señaló el diputado.

Aranguren no sólo fue el blanco principal de sus críticas, sino la cara principal de la primera diapositiva de su presentación. “Nunca se sintió con la necesidad de ser transparente, ocultó información de los componentes que hacen a las tarifas, dejó fuera de competencia a la industria por los tarifazos y autoboicoteó la inversión nacional y hasta la supuesta lluvia de inversiones”, reseñó Solá, tras considerar que “cuanto menos, faltó a los deberes de funcionario público”. El otro eslabón débil que permitió la actual situación de tarifas insostenibles es la falta de regulación de las empresas, sobre las que también dedicó una parte de su presentación. Respecto a los niveles de inversión, mostró a través de sus diapositivas que entre 2013 y 2015 las distribuidoras Edenor y Edesur invirtieron en conjunto 1420 millones de dólares y en 2016-2018 (hasta septiembre) el monto desembolsado fue menor, de 1072 millones. 

“Las empresas no cumplieron con sus contratos. Ni siquiera con la revisión tarifaria de 2017, que es por cinco años. El ingreso de las distribuidoras sigue creciendo y el ENRE está colonizado”, afirmó. En este aspecto, se refirió directamente el presidente del ente, Andrés Chambouleyrón, sobre quien dijo ser “varias veces testigo de las empresas de servicios en denuncias contra el país ante el Ciadi”. “Con esos títulos no puede ser el controlador de un ente tan disminuido. Por eso proponemos cambios muy importantes”, sentenció. En las diapositivas destacó que el ENRE debe tener participación de organismos de la sociedad civil, incorporar en el Directorio asociaciones de usuarios, universidades y sindicatos y que el presidente sea elegido por el Ejecutivo con cargos rotativos cada dos años. 

“También se necesitan cambios en Cammesa, donde están las distribuidoras, las transportadoras y los grandes usuarios. Cammesa es oscura. No explica nunca cómo saca los costos para subir las tarifas. Es una especie de caja negra que no se abre y determina los costos y nadie sabe cómo los determina. Cammesa debe ser intervenida por el próximo gobierno, en el caso de ser un gobierno popular. Así como el ENRE”, anticipó Sóla. “Ahora la energía en Argentina está en manos de extraños, pero todas amigas del Presidente como factor común”, continuó. 

Respecto de la propuesta al bolsillo de los consumidores, se plantea “una tarifa plana, que cumpla con la idea de inclusión e integración y se relacione con el poder adquisitivo de los salarios, la promoción de la industria, los comercios y la transparencia. “También debe asegurar los costos a las empresas y ganancias razonables”, aclaró el diputado. En términos concretos, habría un cargo fijo (a definir) para mantenimiento de la red y uno variable que, según el consumo, sería “de 150 a 200 pesos, hasta los 1800 0 2000 pesos por mes para grandes consumidores”. “Con esto se daría alivio a la gente, mientras también se modificaría la tarifa de gas, en boca de pozo y transporte. Por último, debe volver la tarifa social y no cobrar hasta que haya un nuevo esquema tarifario. Creamos una tarifa social que no debe estar vinculada solamente al consumo sino al objeto social del usuario”, concluyó el ex gobernador.