Miembros de la comunidad diaguita Kallchaki la Aguada, en Salta, fueron desalojados por la policía provincial y denunciaron que el gobernador Juan Manuel Urtubey dio la orden para garantizar el negocio de una bodega que estaría usurpando sus tierras. El violento operativo habría sido una represalia contra esos productores originarios de Cachi, que sostienen que la Bodega Puna acapara la zona de riego y la obra comunitaria de agua de red. 

“Aquí la Constitución y las leyes no corren para los pueblos originarios, casi seis siglos igual, la policía defiende intereses privados sin ninguna orden”, expresó un vocero de la comunidad a Página/12.

Además de ser reprimidos y desalojados con palazos y piedras mientras intentaban armar su protesta, hubo detenciones. “Se llevaron presos a un menor de edad y a la autoridad tradicional, Nemesio Fabián, el ex director de pueblos originarios que fue expulsado por orden de (Mauricio) Macri cuando estuvo en el municipio de Cachi. Son las nuevas estrategias de exterminio de este siglo, sumadas a las ancestrales”, expresó Ulises Yanes. Luego de la represión, este grupo de originarios campesinos cortó la ruta camino a La Aguada para exigir que liberen a los detenidos que fueron trasladados a Payogasta, según informó Nuevo Diario. Una de las integrantes de la comunidad, Margarita Mamani, denunció que no medió ninguna orden judicial para reprimir ni desalojar.

En esa zona se instaló la Bodega Puna, de la familia Montero, dónde ya vivían familias originarias. “El problema surge cuando se fueron a meter en los secaderos de pimiento y en sitios sagrados. Ellos cuando compraron hicieron un reconocimiento de la posesión de las familias originarias”, dijo uno de los campesinos, que luego del desalojo pidió no dar su nombre. “Días atrás hubo una medida de no innovar, ellos hicieron caso omiso y se fueron a construir. La comunidad tomó la decisión de no dejar avanzar a las máquinas y fuimos reprimidos”, dijeron los pequeños productores. Según contaron, los Montero “aparecieron hace un par de años con millonarios recursos en territorio comunitario, después de haber sido relevado y habiéndose aplicado la Ley 26.160 sobre derechos de las comunidades originarias. Acapararon la zona de riego, la obra comunitaria de agua de red quitando fuentes de trabajo”.