En medio de su propia disputa palaciega con el ministro de Justicia Germán Garavano, Elisa Carrió volvió a patear el tablero oficialista al denunciar el trato amigable que el Gobierno le brinda a las sociedades offshore, un sistema de negocios anónimos radicado en guaridas fiscales para evadir impuestos y esconder transacciones turbias que utilizó el presidente Mauricio Macri, su grupo económico familiar y muchos de los ministros y funcionarios de Cambiemos. “Cuando no existen los controles suficientes, la reclamada libertad societaria y de contratación que solicitan los operadores económicos puede tergiversarse o utilizarse en forma ilícita derivando en corrupción, lavado de dinero o cualquier otro delito”, dice el comunicado de la Coalición Cívica, que reclama sin suerte la modificación de la resolución de la Inspección General de Justicia (IGJ) –bajo la órbita de Garavano– que beneficia a las offshore. En agosto de 2018, la IGJ flexibilizó los requisitos que debían cumplir las sociedades extranjeras para operar en la Argentina, eliminó el requerimiento para que acrediten sus actividades fuera del país y borró la exigencia para que individualicen a sus socios.

No es la primera vez que Carrió incomoda al Gobierno en medio de su disputa interna con Garavano. Presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de juicio político contra el ministro por su “grave intromisión en las competencias del Poder Judicial y del Congreso”, luego que Garavano dijera que “nunca es bueno para un país que un ex presidente esté detenido o se pida su detención”, un día antes que la Justicia absolviera en una causa a Carlos Menem. Acusó a Garavano de proteger políticamente a Eamon Mullen y José Barbaccia, cuando su cartera ordenó no avanzar con la imputación a los ex fiscales federales en el juicio por el encubrimiento del atentado a la AMIA. Le volvió a apuntar por el nombramiento como asesora de su ministerio a la ex procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo. Carrió también acusó a Garavano de apañar la manipulación en los concursos para la designación de jueces, e identificó como los operadores del ministro a los hermanos Sergio y Javier Fernández y al presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici

Esta vez, la disputa es por los beneficios otorgados por la IGJ a las offshore para operar en el país, porque “no es una adecuada política regulatoria permitir la actuación o disminuir los controles administrativos a las sociedades off shore”. “El contenido y los alcances de esta resolución, que modifica la número 7/2015, Anexo “A”, a cuyo articulado nos referimos, son los que generan grave preocupación porque afectan el control estatal sobre este tipo de sociedades, haciendo mucho más vulnerable al país en la lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la financiación del terrorismo”, sostiene la CC. “La vigencia actual de la norma modificada –continúa el comunicado de la CC– no solamente nos expone a la vulnerabilidad de ser utilizados para lavar y esconder activos provenientes del delito, sino que nos impide como país brindar cooperación internacional eficaz a otros; es decir que expone también a otros países”.

El partido de Carrió sale ahora al cruce, luego que el ministerio de Justicia y la jefatura de Gabinete, a cargo de Marcos Peña, postergaran indefinidamente una modificación “solicitada por el director de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici”. Según la propia CC, “se armó una mesa de negociación” –en secreto– para modificar “la resolución totalmente inconsulta”, de la que participaron la UIF, Justicia y la JdG, donde surgió un texto correctivo que la IGJ nunca incorporó.

Tras la publicación de la resolución 6/2018 en el Boletín Oficial, 

PaginaI12 explicó su alcance en una nota de octubre del año pasado bajo el título “Argentina es offshore friendly”. “Las empresas que a partir de la publicación de la normativa de la IGJ pueden ser registradas con facilidad en la Ciudad de Buenos Aires son las mismas estructuras que quedaron expuestas en las últimas dos megafiltraciones de información del mundo offshore: Panamá Papers y Paradise Papers”, dice la nota de Tomás Lukin y agrega: “Establecidas en guaridas fiscales y financieras donde tienen prohibido realizar prácticamente cualquier tipo de actividad comercial, las sociedades offshore son vehículos para operar de manera anónima alrededor del mundo. Las firmas están diseñadas a medida pero su principal atributo es ocultar la identidad de sus verdaderos dueños. Permiten así canalizar maniobras abusivas de evasión, fuga y lavado que no solo afectan el financiamiento de las políticas públicas sino que al facilitar la salida de dólares se convierten en una fuente permanente de inestabilidad económica para países como Argentina”.