Vanessa Gómez Cueva es peruana. Tiene 33 años. Vivía en Argentina desde hacía más de quince. Sus hijos nacieron en el país. En 2014 terminó de cumplir una condena por infracción a la ley de drogas. El lunes la policía la subió a la fuerza a un avión para mandarla a su país. Con ella, fue expulsado su hijo lactante de dos años, mientras que quedaron en Villa Lugano sus otros dos hijos, de 5 y 14 años. Ningún juez hizo un chequeo socioambiental para verificar cómo y con quién quedaban los niños.  La decisión de echarla responde a una revisión que decidió hacer el Gobierno sobre todos los extranjeros que cometieron algún delito, como base de su campaña. ¿No importa que haya cumplido condena? ¿Y sus hijos argentinos, menores, no le importan a nadie? ¿Cuál es el sentido de estas medidas; así baja el delito?

El viernes último agentes de la Policía Federal aparecieron en la casa de Vanessa y le dijeron que debían llevarla a firmar una notificación. Fue con su hijo de dos años, Michael, y los más grandes se quedaron. La mujer terminó detenida en una celda, sin luz ni agua, y de allí fue trasladada al aeropuerto de Ezeiza. Había sido condenada en 2013, en un juicio abreviado, a una pena de cuatro años de prisión por comercio de estupefacientes. Salió en libertad antes, por su buena conducta. Estudió, hizo una tecnicatura en enfermería, y trabajaba. El proceso de expulsión empezó en 2015. Vanessa hizo múltiples presentaciones con el argumento de que hay gran cantidad de antecedentes donde se prioriza el interés superior del niño. A partir de la campaña del gobierno de Mauricio Macri, con esencia de punitivismo xenófobo, se propicia una interpretación del artículo 70 de la ley de Migraciones, que no pondera derechos en juego. Sólo importa la expulsión por sí misma, y mostrar a los migrantes como si fueran la causa del delito y la inseguridad (cuando es público que sólo el 6 por ciento de las personas privadas de la libertad son extranjeras).

Desde el mismo viernes, el abogado de Vanessa, Juan Villanueva, presentó habeas corpus en el fuero correccional y recursos en el fuero contencioso administrativo, que es la instancia revisora de las decisiones de Migraciones. “Hay tres menores argentinos, una familia que fue separada por una disposición administrativa de Migraciones, no se revisaron los derechos de Vanessa y sus hijos, que son chicos escolarizados e insertos en el sistema de salud. No se ponderó su situación de indefensión ni los derechos de ella, que es una madre soltera que cumplió una condena. El Estado resuelve que la mejor solución es destruir la familia”, dijo Villanueva a PáginaI12. Finalmente presentó un amparo en los tribunales de menores, que también señala que fueron ignorados derechos del/la migrante y el interés superior del niño, además de insistir en la reunificación. Pero fue resuelto una vez que la expulsión ya había sido concretada. El defensor también pidió una revisión directamente en Migraciones. Todo en vano. La nueva tendencia judicial, en función de la presión política que clama por echar extranjeros sin importar las particularidades de cada caso, es hoy la tendencia.

Ahora Vanessa está en Lima, con su pequeño hijo. Su situación es tan precaria que se comunica con la familia desde un teléfono público. La sacaron del país sin nada, ni su ropa ni los elementos básicos para atender a Michael. Su abogado trabaja ahora en una batería de planteos con la expectativa de que pueda regresar. Uno de los mayores problemas que impone la situación de expulsión es que acarrea una prohibición de reingresar al país por 8 años. De modo que una de las presentaciones se hará en la Dirección de Migraciones con un planteo de reconsideración. La última palabra allí está en manos de Rogelio Frigerio. Algunos antecedentes, donde fueron expulsados migrantes sin que pudieran tener una revisión judicial, abonan la expectativa de que pueda existir una revisión. Uno fue el caso de la dominicana Altagracia Jaquez Paniagua, que era madre de una beba de dos meses nacida en Argentina, y su deportación fue frenada por un recurso de la Defensoría. Otro fue el caso de Juan Carlos Cribillero, en 2005, donde le tuvieron que pagar el pasaje de vuelta porque al echarlo lo separaron de sus hijos argentinos y porque no se había esperado la revisión judicial. También hubo un acuerdo de solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la situación del uruguayo Juan Carlos Torre, que llevaba 24 años en el país cuando fue expulsado, y debió ser levantada la prohibición de volver a ingresar.

Los dos recursos que, en el caso de Vanessa, no terminaron el recorrido judicial, son la apelación de la orden de expulsión ante el fuero Contencioso Administrativo, que llegó a la Cámara y el habeas corpus presentado en el fuero Correccional, cuya revisión quedará en manos de la Cámara de Casación Penal.