La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó el primer análisis por la denuncia presentada por la agrupación Hijos y el Observatorio de Derechos Humanos de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado argentino por el uso de armas Táser. En una comunicación oficial recibida ayer, la CIDH les informó que “el estudio inicial del asunto ha concluido exitosamente, encontrándose pendiente la notificación al Estado en los próximos meses”. En diálogo con PáginaI12, Carlos Pisoni, integrante de Hijos Capital, dijo que celebran “esta nueva decisión de la CIDH de avanzar en la causa que hemos presentado hace dos años, resulta fundamental que el gobierno nacional respete la Constitución nacional y los tratados internacionales y que no se legalice la tortura en Argentina”. Un informe de Amnistía Internacional relevó que 670 personas fueron asesinadas en el mundo por el uso de estas armas de electrochoque entre 2001 y 2016.

Pisoni agregó que “la picana en nuestro país es algo que la sociedad no está dispuesta a tolerar”, y recordó que “cuando marchamos contra el 2x1 dijimos Nunca Más Genocidas en las calles, hoy volvemos a decir bien fuerte: Nunca Más Tortura en Argentina”.

Desde Hijos y el Observatorio habían denunciado al Estado argentino por la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y la violación del deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las armas tipo Táser X26. “Agravando la situación, en los últimos meses, se dio a conocer la compra de estas picanas portátiles por parte de los Estados nacionales, porteños y bonaerense para distintas fuerzas de seguridad, tal como lo confirmaron los dichos de Diego Santilli, Patricia Bullrich y Cristian Ritondo”, señalaron en un comunicado conjunto. “La semana pasada, realizamos los pedidos de informes al Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad nacional consultando sobre el proceso administrativo que habilita la compra de estas armas, la capacitación del personal y protocolos que se pondrán en marcha para su uso, los precios que se pagarán por las mismas, entre otras preguntas”. El mismo día que se presentaron los pedidos de informes, fueron notificados del uso de la prórroga para su respuesta.

“Nuestros cuestionamientos a la utilización de las Táser comenzaron en el año 2010, cuando junto con Carlos Pisoni, integrante de Hijos Capital, y el ODH iniciamos una acción de amparo para frenar su uso. En el amparo se demostró que las Táser implican un elemento de tortura y se recordó la existencia de gran cantidad de antecedentes a nivel mundial que incluso demuestran que pueden ser armas letales. Luego de las presentaciones en la Tribunal Superior porteño y en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, llegamos a la CIDH para su análisis”, recordaron.

En 2016, la petición internacional fue presentada con el acompañamiento de gran cantidad de instituciones y organizaciones de derechos humanos, como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj; Miguel Angel Estrella, presidente de Fundación Música Esperanza y embajador de la Unesco; APDH; Hijos Capital; Ceprodh, entre otras agrupaciones y personalidades. “Hasta tanto se logre el pronunciamiento de la CIDH, los tres poderes del Estado argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las Fuerzas de Seguridad. Esperamos que la CIDH se manifieste con la celeridad necesaria para que en la Argentina no se legalice la tortura y se cumpla con los pactos internacionales de derechos humanos a los que suscribe nuestro país”, concluyeron el ODH e Hijos Capital.

La Policía bonaerense ya está siendo capacitada para utilizar este tipo de armas. “Compramos para el Grupo Halcón principalmente para situaciones donde hay rehenes y no usar armas letales”, sostuvo el ministro Cristian Ritondo. Sin embargo, la muerte del colombiano Israel Hernández de 18 años, después de recibir un disparo con un arma de electrochoque de parte de la policía de Miami Beach, así como el caso Roqueta en 2005 en España, contradicen al funcionario.