Desde Jujuy
Mientras el gobernador Gerardo Morales continúa su pelea con Bolivia para cobrarle la atención de salud a los extranjeros, los pueblos indígenas de Jujuy resisten el avance de las grandes mineras sobre la provincia. A pesar de la dispersión en el territorio y la asimetría entre las comunidades originarias y el poder económico de estas empresas que cuentan con el aval del Estado, los pueblos de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc realizaron esta semana una asamblea en la que reafirmaron que están dispuestas a luchar por sus derechos. A más de 3700 metros de altura, en el Paraje Pozo Dulce, en medio de un paisaje desierto, integrantes y referentes de los distintos espacios bloquearon el ingreso a un emprendimiento minero que autorizó el gobierno provincial y enviaron una carta a los empresarios a través de la cual los intiman a abandonar el campamento. Además, reclamaron al gobierno provincial que anule el llamado a licitación para nuevos proyectos de explotación de litio. Exigen a Gerardo Morales que respete las leyes nacionales e internacionales vinculadas con la Consulta Previa, Libre e Informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y denuncian que la extracción del litio deja una zona llamada de “sacrificio ambiental” que elimina toda forma de vida en el lugar.
Verónica Chávez es de Santuario Tres Pozos, una pequeña localidad en el departamento de Cochinoca que se encuentra a 150 kilómetros de la capital jujeña. “Nosotros estamos aquí haciéndonos respetar. Somos los dueños de este territorio y aquí entraron las empresas sin nuestra consulta y no sé cómo los autorizó el gobierno”, dijo a Página/12 apenas concluyó la asamblea. Además, recalcó que la explotación del litio consume las reservas de agua dulce. “Nosotros vamos a resistir hasta que se desaloje la empresa que está aquí. Le pido al señor Gobernador que nos respete”.
De las tres comunidades que están en el área donde se encuentra el pedimento minero en el cual las empresas Luis Losi S.A., Ekeko S.A y A.I.S. Resources –contra las que se realizó la protesta el pasado martes– realizan las tareas de exploración, sólo una aceptó el acuerdo. “Les dan 1000 dólares mensuales para toda la comunidad –señaló Chalabe–. La tonelada de litio hoy está en 14 mil dólares. Se aprovechan de una situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los habitantes y les dan migajas. Las empresas cuando terminan de explotar los recursos se van, pero en el camino destruyen por completo el medio de vida de las comunidades que viven ancestralmente en esos territorios. Pero además, la empresa no puede actuar sin el acuerdo de todas las comunidades que se encuentran en el territorio y que se verán afectadas por los trabajos”.
Walter Alancay, de la comunidad Aborigen de Aguas Blancas explicó: “Hace poco empezaron a trabajar en nuestro territorio, en la laguna de Guayatayoc. Es una empresa de litio, propiedad de la empresa Losi y le da trabajo a otra empresa que se llama Ekeko. Están haciendo tareas de perforación para la explotación de litio, pero en ningún momento nosotros como Cuenca hemos tenido una consulta ni tampoco nos han informado. Nosotros tenemos un acuerdo que establece que todos los trabajos que se lleven a cabo en el territorio, específicamente en cuestión de litio, tiene que ser informado a las 33 comunidades de la cuenca y todas deben dar su consentimiento”.
El año pasado, durante una jornada organizada por la cátedra de Economía Agraria de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), la abogada Pía Marchegiani, docente de la Facultad de Derecho de la UBA y directora del área de Política Ambiental en la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) advirtió: “Las empresas generan la información para los estudios de impacto ambiental, pero sólo en un área de influencia definida por su propio proyecto. No están obligadas a hacer los estudios que contemplen la cuenca hídrica en su totalidad, que es mucho más grande que el área específica asignada al proyecto”, advirtió. Eso es lo que reclaman las comunidades. Que cualquier exploración que se realice en un punto de la Cuenca, afecta a las demás y por eso exigen ser consultadas en su totalidad.
Los pueblos indígenas de la zona viven de la agricultura y la ganadería en medio de ecosistemas frágiles donde el agua es escasa. La producción de carbonato de litio amenaza con agotar las reservas acuíferas que hay en la zona. “Tenemos experiencia porque los hermanos del departamento de Susques están sufriendo lo mismo. Son daños y perjuicios que están dejando las empresas. Semejantes trabajos de exploración y trabajo de pileta que hacen para la evaporación del agua. La verdad que prácticamente desaparece la identidad, desaparece la cultura, desaparece la forma de organizarse como comunidad, desaparece la cosecha que se hace en el campo, el tema del ganado, el tema de la artesanía”, señaló Alancay.
Si bien el Congreso de la Nación aprobó en 1992 a través de la ley 24071 el Convenio 169 de la OIT según el cual los gobiernos deben realizar consultas previas, libres e informadas antes de adoptar cualquier decisión que de alguna manera pueda afectar a los pueblos indígenas, la provincia de Jujuy no reglamentó, al día de hoy, dicho procedimiento. En el año 2016, Gerardo Morales se reunió junto a su gabinete de ministros con las comunidades originarias en la localidad de San Francisco de Alfarcito. Ahí se comprometió a aprobar por decreto el Kachi Yupi, también conocido como “Huellas de la Sal”. Se trata de un protocolo que elaboraron las propias comunidades, en un proceso participativo, que llevó dos años de debate y en el que se establece de qué manera se deben realizar las consultas para que se cumplan con los derechos de los distintos pueblos. A casi tres años de dicha promesa, al estilo Mauricio Macri, Morales continúa sin cumplirla.
A la hora de aprobar los proyectos mineros, actualmente en Jujuy sólo se aplica el decreto 5772, que dictó en 2010 Eduardo Fellner y que establece el procedimiento de protección ambiental para la actividad. Cada vez que se va a desarrollar un emprendimiento, explicó Chalabe, el juez de Minas envía un oficio a la Secretaría de Pueblos Originarios para que informe cuáles son las comunidades que existen en ese territorio. Las propias empresas son las encargadas de notificarlas del emprendimiento que van a realizar y deben entregarle el informe de impacto ambiental a los representantes de los pueblos afectados. “El Estado delega en las empresas el cumplimiento de un derecho que hoy tiene un vacío legal. Porque llevar el informe ambiental a un representante de una comunidad no cumple con los requisitos de una consulta previa, libre e informada. Incluso ha habido casos en los que las compañías entregaron a las comunidades los informes de impacto ambiental en inglés. Para que se cumpla el procedimiento que establece la OIT y que está incorporado a nuestro sistema normativo, se debe aprobar una ley en la provincia a través de la cual se garantice el debido proceso, se establezca qué organismo del Estado va a llevar adelante el proceso de consulta, que se defina la representatividad de las comunidades y que se establezcan mecanismos para que las comunidades puedan interpretar los proyectos y tomen conocimiento de cuál va a ser el impacto real que van a tener en sus comunidades los proyectos de explotación minera. Hoy nada de eso ocurre”, aseguró.
Ayer venció el plazo de 72 horas que las comunidades le dieron al Gobernador de Jujuy para que públicamente cumpla y responda al pedido efectuado en una carta que entregaron el martes en la Casa de Gobierno. “Advertimos explícitamente la amenaza, el perjuicio y el daño irreversible que no tiene fronteras de afectación a los recursos naturales, ambientales, culturales y el buen vivir de las comunidades indígenas en el territorio. Solicitamos se dé cumplimiento a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y que frene y deje sin efecto los emprendimientos mineros en nuestro territorio y/o de caso contario cuenten con nuestra resistencia firme y determinada para defendernos”.
