La ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, deberá pagar una multa de 3700 pesos por no responder a la solicitud de información realizada por la justicia, quien constató que el Gobierno porteño no estaba cumpliendo su obligación de garantizar el acceso al transporte escolar gratuito para niñas y niños de las Villas 31 y 31 bis. En 2010, el Juzgado
Contencioso, Administrativo y Tributario N° 12 respondió favorablemente una demanda promovida por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y le ordenó al gobierno que asegure el transporte gratuito a los chicos de esas villas que debían trasladarse lejos de su casa para asistir a la escuela pública. Sin embargo, en septiembre de 2018 ese mismo juzgado constató que el Estado no cumplía con esa orden, ya que a por lo menos 39 niños no les garantizaba el servicio de micros escolares.
En 2010, la ACIJ observó que el déficit generalizado en la oferta educativa estatal de nivel inicial se agudizaba en las zonas más pobres de la Ciudad. “En la Villa 31 y 31 Bis, particularmente, la falta de oferta educativa hace que los alumnos tengan que trasladarse a otros barrios, algunos muy lejos, para poder ir a la escuela. Como es una población socioeconómica muy vulnerable, a la mayoría le cuesta mucho pagar un boleto”, explicó Rodrigo Robles Tristán, abogado de ACIJ. Ante ese diagnóstico, la ONG decidió demandar al Gobierno de la Ciudad basándose en la accesibilidad de la educación: “Queríamos que los chicos no sufran discriminaciones en el acceso a la escuela y que, además, se garantice que esa escuela sea accesible geográficamente. Por eso demandamos al Gobierno y le exigimos que garantice un transporte escolar gratuito”, aclaró.
La jueza de primera instancia, Alejandra Petrella, hizo lugar a la demanda y ordenó al Gobierno proveer en esos barrios un servicio de transporte gratuito para que esos niños puedan asistir a la escuela. Como el fallo nunca fue apelado, la sentencia quedó firme y desde entonces el juzgado, la ACIJ, la Asesoría Tutelar y la Defensoría Oficial de la Ciudad supervisan que el Gobierno cumpla.
En septiembre de 2018, el juzgado constató una “lisa y llana desobediencia a la demanda judicial” por parte del Ejecutivo porteño, ya que al menos 39 niños y niñas no contaban con el servicio de transporte escolar. Según advirtió ACIJ, el Gobierno pretendía cumplir la sentencia a través del sistema de boleto estudiantil. “En rigor, lo que el Gobierno está obligado a garantizar es el transporte escolar gratuito, que no es lo mismo que subsidiar un boleto: porque estos chicos, que son muy pequeños, tendrían que trasladarse al lugar donde pasan los colectivos, muchas veces sin nadie que los acompañe”, advirtió la ONG.
“Durante 2018 hubo varias denuncias de familias que afirmaban que sus hijos no tenían acceso a un asiento. La Asesoría Tutelar chequeó esas denuncias en una oficina que tiene en territorio y a partir de eso se hizo una audiencia donde la jueza exigió al Gobierno porteño que informara cuántos chicos tenían asegurado el transporte y cuántos no”, detalló Robles Tristán. “Desde julio de 2018 hasta ahora, el Gobierno nunca cumplió con el deber de informar al Juzgado. Entonces, la jueza decidió imponer una multa diaria de 100 pesos, en cabeza de Soledad Acuña, por no otorgar información”, añadió.
Este 5 de febrero, el juzgado ordenó a Soledad Acuña pagar una multa de 3700 pesos. La resolución fue apelada por la ministra, quien ya hace unos meses había sido condenada a pagar una primera multa por el mismo motivo; esa multa también fue apelada por Acuña. “La multa es de carácter simbólico por no cumplir con el mandato de los tribunales de informar sobre el cumplimiento de sus obligaciones”, sostuvo Robles Tristán.
La ONG señaló, además, que el Gobierno porteño habitualmente retacea la información. “En diferentes juicios observamos que el Gobierno de la Ciudad es muy reticente respecto a producir información confiable que permita controlar cómo está cumpliendo con sus obligaciones de garantizar el derecho a la educación”, dijo el abogado de ACIJ. “Este déficit informativo lo encontramos en distintas situaciones. El Gobierno no nos informa, por ejemplo, sobre las obras que está haciendo en las escuelas de nivel inicial: no sabemos cuándo las van a terminar ni cuál es el número de vacantes que esas obras van a generar”, concluyó.
