Los deudores hipotecarios UVA siguen intentando paliar el fuerte deterioro de la relación cuota ingreso que se produjo a partir del estallido inflacionario del año pasado. En este caso se presentó un proyecto de ley provincial para prorrogar por un año la prohibición a la ejecución de los inmuebles hipotecados utilizados como viviendas únicas en el territorio bonaerense. Los deudores critican la falta de respuesta del Gobierno, que fue el principal promotor de estos créditos asegurando años de estabilidad de precios. Advierten que el estiramiento de los plazos de pago reduce a corto plazo las cuotas, pero a la larga es un nuevo negocio para los bancos.
“El objetivo es ofrecer una medida urgente para aquellos que no estén logrando pagar las cuotas. Esta no es la solución definitiva al problema que aqueja a cientos de miles de bonaerenses, pero estamos convencidos que esta norma es un paso necesario para los deudores hipotecarios”, dijo el legislador del FpV Miguel Funes. “Se trata de atender la angustiante situación en la que se encuentran miles de familias en la provincia de Buenos Aires que ven con peligro cierto la ejecución hipotecaria de su vivienda única y familiar”, agrega Funes.
La iniciativa busca extender por un año el período de vigencia de una ley que se viene prorrogando hace varios años en territorio bonaerense y que suspende “las ejecuciones hipotecarias sobre la vivienda única familiar del deudor, y/o unidad productiva”. Un punto sensible es la actualización del monto máximo para que la propiedad en cuestión ingrese en los considerandos de la norma. Hasta ahora, el monto vigente era de 200 mil pesos.
El economista Ari Setton indicó que “para los hipotecados UVA decididamente hubo una suba del peso de la deuda sobre el salario. Si se piensa en un ejemplo en donde la diferencia entre la inflación y el salario haya sido de 20 puntos, la proporción inicial del 25 por ciento de la cuota sobre el salario habrá pasado al 30 por ciento. Los contratos UVA prevén una renegociación de la hipoteca cuando esa relación suba más de 10 puntos, lo cual hasta ahora sólo se pudo haber dado en el caso de empleados públicos especialmente castigados por la caída del poder adquisitivo”.
Paola, deudora hipotecaria, contó a este diario que “durante el fin de semana pasado el Banco Provincia envió e-mails a todos sus hipotecados diciendo que se acercaran a las sucursales porque estaba habilitada la extensión del plazo del crédito”. “En mi caso, en lugar de pagar durante 30 años pasaría a pagar durante 37 años y la cuota se reduciría en un 15 por ciento. Consideramos que esto es un nuevo negocio para los bancos, no estamos de acuerdo y no nos conviene. Hay muchos que ya están pensando en vender su inmueble”, agrega.
Sucede que el mercado inmobiliario está en baja y por lo tanto es más difícil vender a buen precio para desprenderse de la propiedad. “Por un lado, empezó a dejar de crecer el valor en dólares de las propiedades, de hecho cayó un poco. Bajaron fuerte las operaciones y eso da mayor poder a los compradores. Hace un año las casas volaban y la flexibilidad del precio era baja. Ahora, la situación es distinta porque la colocación de créditos está por el piso”, consideró Setton.
A nivel nacional, el FpV y también el Frente Renovador impulsan cambios en la legislación. “Nuestro proyecto está cajoneado por el oficialismo, incluso a pesar de la fuerte demanda por parte de los deudores. La situación de las familias es peor que el año pasado, una cuota de 7 mil pesos en 2016 está ahora en 17.600 pesos y claramente los sueldos perdieron terreno”, dijo a este diario Mónica Macha, diputada nacional por el FpV.
