Cuando ya está en marcha el año electoral, el brazo judicial del oficialismo apuntó ahora, desde los tribunales de Comodoro Py, contra 92 intendentes y ex intendentes, en su mayoría bonaerenses y del Chaco, procesados como partícipes necesarios de un supuesto fraude contra la administración pública que habría sido cometido entre 2013 y 2015 a través de los Programas Municipales para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Pgirsu). La mayoría de los acusados provienen del peronismo y algunos de partidos vecinales.
“Muchas gracias por otorgarme la cucarda de ser procesado junto a otros 91 compañeros y compañeras. Es un orgullo viniendo de un gobierno gorila que persigue al peronismo y dirigentes del campo popular. Me acerca un poco a nuestros presos y perseguidos políticos”, respondió el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, flamante procesado de una larga lista que ya incluía a los ex jefes de gabinete Jorge Capitanich y Aníbal Fernández y a tres ex secretarios de Medio Ambiente del gobierno de Cristina Kirchner.
“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de seiscientos cuatro millones quinientos veintinueve mil seiscientos setenta pesos”, escribió el juez Claudio Bonadio en el procesamiento conocido ayer. “Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron (sic) justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Pgirsu al que se habían obligado”, remarcó. Tampoco pudieron explicar “por qué en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”, agregó. “Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo en una resolución de 347 fojas que no difundió el Centro de Información Judicial (CIJ).
La causa comenzó en 2016 con una denuncia del director de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación Administrativa del Ministerio de Ambiente, Martín Bolado, tras una auditoría sobre el programa, que señaló “serias deficiencias de control interno que posibilitaron una arbitraria y desigual distribución de fondos”. La investigación inicial estuvo a cargo del fiscal Carlos Rívolo. A fines de 2017, el juez procesó a los ex jefes de Gabinete Fernández y Capitanich, a los ex secretarios de Medio Ambiente Sergio Lorusso, Omar Judis y Juan José Mussi, al ex jefe de asesores de la Jefatura de Gabinete Andrés Meiszner, y dictó la falta de mérito del ex titular de ese órgano, Juan Manuel Abal Medina.
A mediados del año pasado, el juez comenzó a citar a intendentes imputados por el presunto desvío de fondos. Según el magistrado hubo una “transferencia irregular de sumas de dinero de las arcas del Tesoro a municipios” para lo que denominó “supuestos proyectos” de remediación ambiental. Los fondos asignados al programa se giraban desde la Nación hacia los municipios, previa aprobación de la Jefatura de Gabinete. Durante los tres años que se investigaron, se presentaron 634 solicitudes, de las cuales sólo 212 culminaron con las respectivas transferencias del dinero.
Uno de los dos grandes grupos de procesados lo conforman dirigentes de la provincia de Buenos Aires, donde el gobierno de Cambiemos necesita imperiosamente dañar la imagen de posibles competidores en las elecciones de agosto y octubre como condición para que la gobernadora María Eugenia Vidal pueda ser reelecta luego de acceder a no desdoblar la elección. Entre los procesados están los intendentes Gustavo Cocconi (Tapalqué), Francisco Echarren (Castelli), Pablo Zurro (Pehuajó), Marcos Luis Fernández (Monte Hermoso) y Alfredo Fisher (Laprida), ex jefes comunales como Francisco “Barba” Gutiérrez (Quilmes), José Inza (Azul) o Martín Caso (Rojas). En el Chaco están imputados el vicegobernador Daniel Capitanich, la diputada provincial Claudia Panzardi (ex intendenta de Laguna Blanca) y un amplio listado de intendentes y ex intendentes. De Entre Ríos integran la lista Juan Carlos Kloss (Hasenkamp) y José Luis Dumé (Oro Verde), y los ex jefes comunales Luis Erro (Gualeguay) y Rubén Vázquez (San Benito).