La tranquilidad cambiaria que logró el Gobierno con la suba de la tasa de interés será puesta a prueba cuando arranque la campaña electoral y presumiblemente aumente la demanda de dólares, como ocurre siempre en el país en la previa de una elección presidencial. Desde pasado mañana, el Gobierno analizará la cuestión con una nueva misión del FMI que llega para auditar el cumplimiento de las metas del último acuerdo. En esos encuentros se definirá si el organismo autoriza al Banco Central a elevar las compras de divisas en caso de que reaparezca una dolarización intensa de carteras o si mantiene el cepo a esas intervenciones con un tope de 150 millones de dólares por día. Esta última opción, por el momento la más probable, reabre la posibilidad de una escalada de la divisa, lo que llevaría a detener la baja gradual de las tasas de interés que viene aplicando la autoridad monetaria desde niveles record, para volver a aumentarlas hacia el otoño a fin de contener otra vez al dólar. “Todo indica que si la conducción económica aspira a sostener la calma cambiaria en la etapa preelectoral, requerirá como condición necesaria un waiver (perdón) por parte del FMI que le habilite a ampliar sus márgenes de intervención. No puede garantizarse, sin embargo, que éste constituya per se la condición suficiente para ganar la pulseada”, plantea el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE) que comanda Mercedes Marcó del Pont. La dependencia de las decisiones que adopte el Fondo Monetario y del humor de los mercados demuestra la fragilidad del esquema económico del oficialismo, que pese a todo mantiene sin cambios aunque eso arrastre al país a una aguda recesión y lo deje a merced de una crisis todavía peor frente a cualquier contingencia.

La euforia de las últimas semanas de inversores financieros por el restablecimiento del carry trade guarda semejanzas con lo que ocurrió el verano pasado, cuando también la especulación con las tasas de interés en pesos generaba una percepción de tranquilidad ficticia, mientras se incubaba un estallido cambiario que finalmente empezaría a materializarse desde fines de abril. En ese momento, el JP Morgan primero y otros fondos extranjeros después optaron por volver a colocarse en moneda dura y desataron una corrida hacia el dólar que catapultó su precio desde 19 a un techo de 42 pesos. La diferencia sustancial con el panorama actual es que entonces la economía real todavía venía en paulatino ascenso, remontando la cuesta de la caída de 2016. La inversión pública en obras de infraestructura y la perspectiva de alguna recuperación de los salarios abría expectativas de consolidación del crecimiento, aunque claramente sobre bases precarias. Todo ese andamiaje se desmoronó con la disparada del dólar.  Ahora la exposición al riesgo cambiario sigue presente, solo atenuado por las extraordinarias tasas de interés, pero las actividades productivas, el comercio y el consumo atraviesan una debacle que no encuentra final. Esa situación permite apreciar mejor la distancia entre los intereses de los financistas, hoy de fiesta, con los de los industriales, trabajadores y todos aquellos que dependen del desarrollo nacional. Es la grieta entre el modelo de valorización financiera y el que tiende al crecimiento de la mano de la producción y el trabajo. Para estos sectores, que ya la están pasando muy mal, si se produjera una nueva trepada fuerte del dólar, la caída sería todavía más grave.

“La apuesta oficial sigue siendo que la inflexión en los niveles de actividad se produzca inercialmente por un rebote asociado a la desaceleración de la inflación. Como ya mencionamos, ello requeriría de una tranquilidad cambiaria que demanda, como condición de borde, que el FMI flexibilice las restricciones impuestas al BCRA en materia de intervención en el mercado del dólar”, remarca FIDE en su informe. La banda de no intervención que estableció el Banco Central por instrucción del Fondo Monetario tiene una brecha del 30 por ciento entre el piso y el techo. En este momento, entre 38,07 y 49,03 pesos. Un salto cambiario de esa magnitud por el recrudecimiento de la compra de divisas en tiempos electorales echaría por tierra con aquella estrategia. La inflación que ahora se proyecta en torno al 30 por ciento tendría un piso unos 5 puntos superior, lo cual seguramente dejaría otra vez las recomposiciones salariales que se consigan en paritarias por detrás de la evolución de los precios. Además, una inflación mayor sería otro factor que pondría límite a la rebaja de tasas de interés del Banco Central, dado que el mercado reclama rendimientos elevados para no saltar antes al dólar.

Por lo pronto, febrero arrancó con otra tanda de aumentos de productos masivos que dan crédito a las proyecciones de inflación en torno al 3 por ciento para este mes. La continuidad de los aumentos de tarifas de servicios públicos y ahora también de los combustibles establecen un piso para el resto de la economía. En los últimos días las cadenas de supermercados recibieron nuevas listas de precios con subas del 10 por ciento en toda la gama de productos lácteos, de primeras y segundas marcas. La justificación es que las inundaciones en la cuenca lechera afectaron la producción y redujeron la oferta. Pero fuera de esa situación, también se registraron aumentos del 7 por ciento en azúcar (Ingenio Tabacal, con la marca Chango, y antes Ledesma) y del 8 al 10 por ciento en artículos de limpieza (Alpargatas, con trapos de piso, rejilla, entre otros). El incremento de los precios mayoristas 25 puntos por arriba de los minoristas en 2018 genera una presión sobre estos últimos que las empresas van descargando con sucesivos aumentos, incluso por arriba de lo que acepta pagar la demanda, cada vez más retraída.

“Las cámaras que nuclean a las pequeñas y medianas empresas dan cuenta del deterioro generalizado que están sufriendo, prácticamente sin excepción de sector. El aumento de los costos de los servicios y del crédito se combina con el hundimiento del mercado interno, agravando la ecuación económica de estas empresas que disponen de reducida capacidad de autofinanciamiento”, alerta    FIDE. Frente a ello, la respuesta del Gobierno es la continuidad de los tarifazos y ninguna medida que tienda a una recomposición de la demanda ni provea auxilio financiero para la industria.

La opción del oficialismo de atarse a las recetas del FMI, en resumen, condena a la recesión a la economía productiva y hunde el poder de compra de asalariados y sectores de ingresos fijos. Para ellos, el Gobierno no tiene previsto ningún waiver.