El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró ayer estar dispuesto a reunirse con enviados del grupo de contacto internacional impulsado por algunos países latinoamericanos y la Unión Europea (UE) que busca crear las condiciones para convocar nuevas elecciones “justas” y “libres” en el país.
“Estoy listo y dispuesto a recibir a cualquier enviado del grupo de contacto”, aseguró Maduro en una rueda de prensa en el palacio presidencial de Miraflores acerca de ese grupo compuesto por países europeos y latinoamericanos.
La alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, abrió este jueves la primera reunión del grupo en Montevideo. Allí, advirtió que la situación en Venezuela pone en riesgo la estabilidad no solo de América latina sino todo el mundo y urgió a buscar una solución a la crisis. “La tarea que nos ocupa es urgente y esta urgencia proviene del empeoramiento de la situación que corre riesgo de desestabilizar a la región y no solamente la región”, subrayó.
Por su parte, Maduro rechazó “la parcialización, la ideologización” que considera que tiene el grupo de contacto, pese a lo que se mostró dispuesto a recibir a los enviados del grupo y tener con ellos “contacto visual, contacto físico o contacto mental”. “Bienvenido el grupo de contacto de la UE, aunque les digo desde ya que estoy totalmente en desacuerdo con la parcialización e ideologización en que han caído producto del extremismo con que ven a Venezuela”, subrayó el gobernante.
Maduro también se refirió al denominado Mecanismo de Montevideo, ideado por Uruguay, México y la Comunidad del Caribe (Caricom) como iniciativa para lograr la paz en Venezuela y que consta de cuatro etapas centradas en diálogo inmediato, negociación, compromisos e implementación. Ante ello, dijo estar “preparado para dialogar donde sea, cuando sea y con quien sea” bien sea a través de su “persona directa” o “de enviados especiales”.
Precisamente ayer la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex), de Miami (Florida, Estados Unidos), rechazó el mecanismo que califican como un “irrespeto al pueblo venezolano”. Para el Veppex “plantear un diálogo y mediación con quienes usurpan el poder en Venezuela es simplemente colocarse del lado de quienes violan la Constitución”. El Mecanismo de Montevideo tiene composiciones y objetivos diferentes a los del Grupo Internacional de Contacto, integrado por una docena de naciones europeas y latinoamericanas.La crisis política en Venezuela se agudizó el 23 de enero pasado cuando el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente de Venezuela tras señalar que Maduro usurpa la Presidencia por haber sido electo en una votación fraudulenta.
Sin embargo, ayer el gobierno recibió un espaldarazo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), que declaró nula una ley que aprobó el Parlamento para una eventual transición en Venezuela. Según el titular del cuerpo, Juan Mendoza, la ley fue anulada por contrariar la Constitución. “No existe en la Constitución mención alguna a un estatuto que pretenda dirigir una supuesta transición hacia un nuevo régimen de los poderes públicos al contrariar el texto fundamental es abiertamente nulo”, dijo Mendoza en declaraciones transmitidas por la televisión estatal VTV.
La Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de contundente mayoría opositora, aprobó el martes una ley que regirá una eventual transición en el país y que entrará en marcha una vez el gobernante Nicolás Maduro, al que no reconoce, se aparte del poder. El texto establece, entre otras cosas, la duración de un Gobierno transitorio y sus competencias políticas y económicas. Ayer el TSJ, de tendencia hiperchavista, anuló esa norma.
Según la sentencia leída por Mendoza la ley de transición “evidencia la grotesca violación del principio de separación de poderes” porque la AN “pretende desconocer a Maduro como jefe de Estado y Gobierno y continuar en su iter criminis (camino del delito) para asumir totalmente las atribuciones constitucionales que corresponden al Ejecutivo”. Mendoza se refirió además a los catorce representantes diplomáticos que el Parlamento ha designando, asegurando que estas no surten efecto jurídico alguno, por lo que exhortó a la Fiscalía a realizar las “investigaciones penales correspondientes” contra esas personas.
El Parlamento desconoce la legitimidad del nuevo mandato que juró Maduro a mediados de enero, y ha señalado que el líder chavista usurpa la Presidencia. Por tal motivo, el antichavismo considera que las competencias del Ejecutivo recaen en el jefe del Parlamento, Juan Guaidó, hasta que sean convocadas elecciones.
Nicolás Maduro, insistió ayer en que elegir una nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento), actualmente en manos de sus detractores, devolvería la estabilidad al país que atraviesa una severa crisis política y económica.
“Este mismo año, eso lo aspiro yo, la posibilidad de hacer elecciones anticipadas para el Parlamento, esas son las elecciones que van a ayudar a la estabilidad del país, a la superación de estas perturbaciones que estamos viviendo”, dijo el mandatario en una rueda de prensa desde el palacio presidencial. La propuesta de elegir una nueva AN este año, en vez de hacerlo en 2020 como corresponde según mandato constitucional, está siendo analizada por la Asamblea Nacional Constituyente, un foro plenipotenciario que está conformado solo por leales a la revolución bolivariana.
Al ser consultado sobre la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales para resolver la crisis de legitimidad que atraviesa su mandato –no reconocido por el Parlamento y decenas de gobiernos extranjeros–, dijo que ese tema no es una prioridad en el país. En cambio, argumentó, es urgente atender la severa crisis económica en la que entró Venezuela y que incluye escasez generalizada, deterioro de todos los servicios públicos, hiperinflación y devaluación de la moneda.