La Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo será la primera barricada a la política del presidente Mauricio Macri de modificar leyes a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) para evitar el Congreso. El presidente de la bicameral, el diputado kirchnerista Marcos Cleri, propondrá este jueves la modificación del reglamento interno para adecuarlo a la ley de Acceso a la Información Pública y abrir su debate a la ciudadanía. La oposición tiene las manos suficientes para la semana próxima dictaminar por el rechazo de los DNU presidenciales que modifican las leyes de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART) y de Migraciones, a pesar del acuerdo que el Frente Renovador pactó con el oficialismo para apoyar el endurecimiento de los controles migratorios y los trámites exprés de expulsión de extranjeros. Incluso, la Bicameral rechazaría el DNU que establecía la movilidad de los feriados del 24 de marzo, 2 de abril y 20 de junio si Macri no envía al Congreso el anunciado y prometido decreto con el que da marcha atrás con su propia decisión, que hasta ayer no se había publicado.
El regreso al trabajo de la Bicameral no será traumático para el oficialismo. Este jueves, sus integrantes abordarán los decretos delegados con los que Macri amplió partidas presupuestarias y dividió en dos el Ministerio de Economía, con la creación de las carteras de Hacienda y de Finanzas. Estos no tendrán inconvenientes en conseguir un dictamen favorable de la comisión.
El debate se centrará en la propuesta del diputado camporista santafesino Marcos Cleri –que presidirá la Bicameral a lo largo de este año legislativo– para modificar el reglamento interno de la comisión. Allí, la oposición propondrá adecuar su tarea en el marco de la nueva ley de Acceso a la Información Pública, lo que le permitiría a la Bicameral realizar pedidos de informes al Ejecutivo que pueden ir más allá de los fundamentos con que el Gobierno justifica sus DNU.
El otro punto, que desataría la resistencia del oficialismo, es “abrir la Bicameral a la ciudadanía” para conocer los distintos puntos de vista de quienes se ven involucrados o afectados por los decretos presidenciales. “Si la decisión de Macri es esquivar el Congreso para evitar el debate legislativo, nuestra propuesta será abrir cada vez más el Parlamento a la ciudadanía”, advirtieron a PáginaI12 desde el bloque de diputados del FpV-PJ.
En la oposición no pasa desapercibida la sigilosa apuesta oficialista de clausurar algunas puertas para evitar que el Congreso sea una ampliada caja de resonancia de la resistencia a sus políticas y proyectos. La Cámara de Diputados, que preside el macrista Emilio Monzó, restringió y hasta prohibió a lo largo del año pasado el ingreso de ciudadanos a las bandejas del recinto para presenciar los debates. La vicepresidente Gabriela Michetti aprovechó la reforma edilicia del recinto del Senado para sostener la misma política en al Cámara alta.
La semana próxima, la Bicameral volvería a reunirse para tratar los DNU sobre la ley de Accidentes de Trabajo (ART), el que estableció un nuevo calendario de feriados y el que dispone el traspaso al ministerio de Bienestar Social de la mercadería incautada en la Aduana, que ingresaron el miércoles pasado al Congreso. Y se podría ampliar el temario si llegan al Parlamento los DNU que modifican la ley migratoria y el que rectifica la movilidad sobre los feriados que en principio había también decretado el Presidente.
Existe consenso opositor para rechazar los DNU de ART y los feriados. “No hay necesidad ni urgencia para modificar por decreto la ley de ART que ya discutía el Congreso y tiene media sanción del Senado”, coinciden los opositores. Tampoco será avalado el decreto que dispone la movilidad de los feriados los días Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), del Veterano de Guerra y los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril) y de la Bandera Nacional (20 de junio), si finalmente Macri no envía al Congreso su rectificación, que desató al rebelión de gobernadores e intendentes peronistas y de los cuestionamientos de los propios aliados de la alianza oficialista Cambiemos.
El diputado bonaerense Raúl Pérez, el único representante massista en la Bicameral y con capacidad para desequilibrar la paridad de fuerzas que existe en la misma, ya se pronunció en contra de estos DNU presidenciales.
Distinto es el panorama sobre el decreto que modifica y endurece la ley migratoria, que el massismo está dispuesto a apoyar. Diputados y senadores del FpV-PJ, confían de todas maneras emitir un dictamen en contra del DNU, ya que si en la votación se da el empate entre los 8 integrantes de sus bancadas y el oficialismo logra –encolumnando a su favor al senador del peronismo disidente Adolfo Rodríguez Saá– reunir la misma cantidad de legisladores, el presidente de la comisión (Cleri) desempataría con su voto doble. Lo que llevaría al oficialismo a dar un debate mucho más áspero en alguna de las Cámaras del Congreso.
En la comisión también podrían expresarse (si se aprueba el nuevo reglamento de la Bicameral) las distintas organizaciones de sociedad civil, organismos de derechos humanos y las representaciones de inmigrantes en la Argentina, que ya manifestaron su rechazo al DNU de Macri. En especial aquellas que representan a las comunidades de ciudadanos de Bolivia, Perú, Paraguay y Colombia residentes en el país, a los que el Gobierno le apuntó como responsables del narcotráfico y diferentes delitos.