Las asociaciones de consumidores alertaron sobre el fuerte impacto que tendrá en el bolsillo el tarifazo eléctrico, de entre 61 y 148 por ciento. “El anuncio responde a un esquema donde los intereses corporativos están gobernando. Son el poder económico metido en lo político. Si se hace un ajuste de tarifas tiene que ser algo razonable”, señaló a este diario Miguel Fortuna, presidente del Movimiento de Defensa de Consumidores, Usuarios y Medio Ambiente. “No es más que la consolidación del esquema de ajuste y quita de subsidios”, sumó Claudio Boada, de la Unión de Usuarios y Consumidores. Los representantes de las entidades consultadas aseguraron que con este nivel de aumentos será imposible cerrar el año con una inflación menor al 25 por ciento.
“Nos oponemos a un aumento de la magnitud que se plantea. El Gobierno dice que la inflación será de 17 por ciento e intenta poner un techo a las paritarias del orden del 18, pero después aumenta la luz en un 150 por ciento”, criticó Fortuna. Adelantó que la suba del servicio eléctrico, al igual que el gas y el combustible, se trasladará de inmediato a los precios. “Insisten con las tarifas dolarizadas, pero nuestros salarios no están dolarizados. A este ritmo, los servicios van a consumir la mitad de nuestros salarios, lo que se siente en la desmejora de la calidad de vida”, agregó.
“El panorama es muy difícil para los residenciales, pymes, fábricas recuperadas, cooperativas, clubes y asociaciones sin fines de lucro”, advirtió Boada. El defensor hizo hincapié en el impacto en la pequeña y mediana empresa, que genera el 80 por ciento del empleo nacional. “Hay que sostener los puestos de trabajo y la capacidad de compra. Pero este Gobierno no está preocupado por el consumo interno ni tampoco por los que no consumen”, se quejó.
Por su parte, el presidente de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, Osvaldo Bassano, dijo que “las distribuidoras Edesur y Edenor se tendrían que ir del país”. Calificó como sospechosa la duración de los cortes de luz. “Es muy raro que existan este tipo de sucesos. En algunos lugares los cortes duran hasta una semana para cambiar un fusible, y eso genera sospecha”, afirmó Bassano, quien criticó la calidad de servicio de las distribuidoras a horas de que se realizara el anuncio del tarifazo. Según denunció, las empresas “no han realizado las inversiones del caso por negligencia”. “Si el Estado no está atrás de estas empresas, no invierten”, agregó.
El titular de Defensa de Usuario y el Consumidor, Pedro Busetti, reclamó al Gobierno que habilite aumentos salariales acordes para enfrentar el incremento de las tarifas. “Habría que hablar de subas en paritarias del 40 al 50 por ciento, no del 17 por ciento que quiere imponer como tope el gobierno nacional. Los aumentos son extraordinarios como para que cualquier ingreso medio pueda soportarlos”, señaló Busetti. Según explicó, “el kilowat de la tarifa residencial en enero de 2016 costaba 7 centavos, y paso a costar 52 centavos y ahora con la propuesta de Edenor y Edesur el aumento va a ser del 1050 por ciento entre enero del año pasado y febrero del 2017”.
El presidente de la Asociación de Consumidores Libres, Héctor Polino, ahondó en su impacto en la economía y anticipó que este tipo de ajustes continuará aumentando el “proceso recesivo”. “Las prepagas subirán 6 por ciento desde el primero febrero; los peajes, 120; el ABL, 30; las patentes, 17, y hay incrementos en telefonía móvil y naftas. No se pueden autorizar aumentos tan a la ligera como se hizo el año pasado porque se perjudica el bolsillo de las clases media y media baja”, lanzó Polino. Además, advirtió que el servicio de agua tendría un ajuste de entre 20 y 30 por ciento desde abril.
