“Ya esperamos tres años y tenemos que seguir esperando”, se lamentó Carolina Vila, madre de Lucas Cabello, el joven que hoy tiene 23 años y que está en silla de ruedas desde que fue baleado, el 9 de noviembre de 2015, por el policía de la ex Metropolitana Ricardo Ayala. Este martes 12 debía comenzar el juicio oral, con Ayala en libertad, pero “a último momento nos avisaron que se prolongó una audiencia que llevan los jueces (del Tribunal Oral 1) y se suspendió el comienzo del nuestro, sin fecha”. Carolina dijo que su hijo “está entero, a pesar de todo, pero la postergación es un problema porque nos habíamos preparado mentalmente para afrontar el juicio y ahora tenemos que seguir esperando”. Lucas, vecino del barrio de La Boca, fue atacado a balazos por Ayala, quien al principio argumentó que intervino porque había sonado un botón antipánico que alertaba sobre un supuesto caso de violencia de género que nunca existió. Lucas recibió tres balazos a quemarropa, y aunque salvó su vida, sigue atado a una silla de ruedas.
El 9 de noviembre de 2015 Mauricio Macri había ganado en primera vuelta los comicios presidenciales y la entonces gobernadora electa de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, entonces vicejefa del Gobierno porteño, reivindicó el accionar del policía Ayala. En ese momento político se empezó a diseñar, en la práctica concreta, la llamada “Doctrina Chocobar” del gatillo fácil, avalada ahora por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La hoy gobernadora Vidal justificó la agresión en el supuesto caso de violencia de género, desmentido por la novia de Lucas y por varios testimonios.
El ataque sufrido por Lucas se dio en el contexto de un barrio, La Boca, cuyos vecinos vienen soportando persecuciones, desalojos, incendios y violencia policial, en el marco de una política destinada a favorecer negocios inmobiliarios de los amigos del poder. Cuando ocurrió la agresión contra Lucas Cabello, el policía Ayala se encontraba como consigna en la puerta de la casa donde vivía el joven de entonces 20 años. La presencia del agente de la ex Metropolitana estaba relacionada con conflictos vecinales que nada tenían que ver con la familia de Lucas. El agente Ayala tenía la misma edad y había llegado al uniforme –y al arma reglamentaria– luego de sólo seis meses de instrucción.
Tras varios intentos por calificar al hecho como “legítima defensa”, en enero de 2017 la Cámara Nacional de Apelaciones sostuvo que el “intento de homicidio” cometido por Ayala era “una grave violación a los derechos humanos”. Eso dejó sin efecto lo dicho con anterioridad por el juez Osvaldo Rappa, quien había calificado el hecho como “exceso en la legítima defensa”. En la apelación que cambió el rumbo del caso, la familia de Cabello estuvo representada por los abogados Gabriela Carpinetti y Nahuel Berguier, con la colaboración de la Procuraduría de Violencia Institucional (Procuvin), a cargo entonces del fiscal Miguel Palazzani. La Procuvín fue desmantelada por el macrismo.
Carolina Vila le dijo a este diario que su hijo “está entero”, a pesar del daño sufrido. La madre recordó una frase permanente en la boca de Lucas: “Le gané a la muerte y de algún modo soy hijo de esas madres que perdieron a sus hijos y en nombre de ellos sigo luchando”. Se llegó a la instancia del juicio, ahora postergada, con el agente Ayala en libertad. De todos modos, las pericias balísticas demostraron que las tres vainas halladas en la escena eran del arma policial, la única que fue encontrada.
El policía, en contra de la evidencia, sigue diciendo que Lucas estaba armado. La abogada Gabriela Carpinetti aclaró que “las pruebas reunidas en la causa descartan en forma absoluta la versión policial”. Camila, la novia de Lucas, testigo presencial del hecho, desmintió la versión de la presunta violencia de género. El joven pudo salvar su vida, luego de ser herido en la mandíbula, el abdomen y el bajo vientre, porque un vecino lo llevó con su auto al Hospital Argerich, porque la ambulancia no llegaba. Luego de más de tres años, cuando estaban preparados para el juicio en el Palacio de Tribunales, tienen que seguir esperando “para llegar a la justicia”, le dijo la mamá de Lucas a este diario.