Miles de manifestantes salieron a la calle esta tarde en diferentes localidades de Cataluña para protestar contra el inicio del juicio a los principales dirigentes del movimiento separatista que llamó al referéndum del 1 de octubre de 2017, que desembocó en la declaración de independencia unilateral de la región el 27 de octubre del mismo año.
Al final de la primera jornada del juicio, Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Junts per Catalunya, Esquerra, el PDECat y la CUP denunciaron que el juicio que sustancia el Tribunal Supremo es “una causa general” y que “la autodeterminación es un derecho, no un delito”.
Las principales manifestaciones se produjeron en Girona, Sabadell, Tarragona y Lleida, aunque la mayor concentración tuvo lugar en Barcelona, donde se leyó un documento conjunto que advirtió que habrá “un antes y un después” y que el juicio del 1-O “marcará el futuro” de Cataluña.
El Tribunal Supremo abrió este martes el histórico juicio contra los 12 dirigentes independentistas procesados, implicados en el fracasado intento de secesión de octubre de 2017, en el mismo momento en que la cuestión catalana tiene la política española patas arriba y amenaza con precipitar unas elecciones anticipadas.
"La causa atenta contra la disidencia política", afirmó Andreu Van den Eynde, abogado del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras, para quien la fiscalía pide 25 años de cárcel.
El proceso, retransmitido en directo por televisión, podría durar unos tres meses, y en él declararán cientos de testigos, entre ellos el ex presidente del gobierno español Mariano Rajoy. La sentencia no se conocerá antes de julio.
El gran ausente es el principal protagonista del intento de secesión, el ex presidente catalán Carles Puigdemont, huido en Bélgica. "Vamos a poder desenmascarar la construcción artificial de una causa política", que va a ser "también un test de estrés para la democracia española", aseveró el ex mandatario catalán desde Berlín.
Aparte de Junqueras, para los otros once acusados el ministerio público solicita entre 7 y 17 años de cárcel. Entre ellos se encuentran la expresidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, varios ex ministros regionales y los responsables en el momento de los hechos de las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart respectivamente.
En total, nueve están acusados de rebelión y se encuentran en prisión preventiva.
"Lo que haremos es utilizar este juicio como una herramienta de denuncia internacional, que refuerce nuestra causa por la autodeterminación y la independencia de Cataluña", prometió la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.
La cuestión clave en el juicio será la violencia, el concepto que según el Código Penal español sustenta el cargo de rebelión. La fiscalía estima que la hubo, ya que los acusados animaron a votar en el referendo "siendo conscientes de la ilegalidad del acto y de que con ello se podían producir explosiones violentas".
Los independentistas, que piden la absolución de los acusados, destacan que no se utilizaron armas y argumentan que los violentos fueron los agentes de policía que aquel día echaron mano de porras, pelotas de goma y empujones para tratar de impedir la consulta.
Hay "una sensación de absurdo, porque tenemos la convicción de que los delitos tan graves que nos imputan no se han cometido. La violencia necesaria para justificar estos delitos no ha existido", comentó a AFP uno de los acusados, el ex consejero catalán de Justicia Carles Mundó.
Los juristas están divididos en cuanto a si hubo violencia o no, hasta el punto de que los abogados del Estado, que también ejercen la acusación, han presentado el cargo de sedición, que conlleva penas de reclusión de hasta 12 años, menores que en el caso de la rebelión.
