“Los tendrían que haber matado a todos.” La frase la pronunció uno de los militares que tuvo un rol protagónico en la recuperación del Regimiento de La Tablada y la represión a sus atacantes, militantes del Movimiento Todos por la Patria (MTP), el 23 y 24 de enero de 1989. Y ayer, treinta años más tarde, la repitió su ex esposa ante el tribunal oral que lleva adelante el primer juicio por los desaparecidos del MTP durante aquel operativo, quien declaró en calidad de testigo protegida. La mujer dio cuenta de cómo actuó Inteligencia del Ejército dentro del Regimiento. “Había hecho inteligencia previa a la recuperación del cuartel, investigó el origen de los atacantes revisándoles la ropa a los que iban deteniendo y a los que caían en combate”, relató a PáginaI12 uno de los abogados de la querella que impulsan los familiares de las víctimas, Pablo Llonto. Ese oficial de Inteligencia, que también está acusado por delitos de lesa humanidad, había olvidado el handy en su casa y por eso su entonces esposa pudo escuchar las comunicaciones.

Con la audiencia número once se reanudó ayer el proceso en el Tribunal Oral Federal 4 de San Martín, que se extendió por unas ocho horas. “Hubo testimonios importantes que confirman que muchas de las versiones del Ejército estaban preparadas obligando a los testigos a mentir, fue una jornada muy importante”, ponderó el abogado.

Otro de los testimonios esenciales de ayer fue el de un ex suboficial, de apellido Quinteros, que declaró que el día del combate —el 23— le ordenaron en la zona donde estaba instalado el Estado Mayor que custodiara a dos detenidos, que él los vio y estuvo con ellos durante una hora. “‘Andate, ya me los llevo yo’, le dijo un oficial, y no sabe a dónde se los llevaron”, explicó a este diario otro abogado querellante, Ernesto “Coco” Lombardi. Según agregó el letrado, esto corrobora que dos de los desaparecidos, Iván Ruiz y José Díaz, estuvieron en ese lugar, y también ayuda a desmoronar la versión del Ejército de que se habían fugado tras matar a un militar. “Es muy importante. Confirmó que eran dos de los detenidos y los pone en el mismo lugar donde Almada (otro colimba testigo) dijo que sentía cómo los torturaban”, contó Lombardi. 

En su declaración, el soldado desertor Miguel René Rojas admitió que cuando declaró en el juicio —en el que fueron juzgados los militantes del MTP y fueron condenados por ese ataque— el Ejército lo quiso obligar a decir lo contrario de lo que él había visto. “Cuando estaba en la guardia vio que Iván Ruiz y José Díaz saltaban con ellos, estaban vivos y fueron llevados con vida cuando salieron de ese edificio por la ventana”, refirió Llonto. 

Durante la audiencia de ayer también dio su testimonio Luis Fondebrider, director ejecutivo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que fue el perito que participó de las primeras exhumaciones en 1996, y relató esos episodios. “Hizo una aclaración respecto del último informe en el que queda excluido Iván Ruiz, porque en un primer momento por una confusión en la prueba genética daba que era Ruiz pero finalmente diez años después resultó que no, lo cual confirmó que estaba desaparecido”, dijo Lombardi. “Si bien este juicio es por Díaz, se está hablando de todo: de los cuatro desaparecidos, de las torturas, del encubrimiento y eso es algo que hay que destacar”, agregó el abogado.

Otro de los testigos fue el periodista Felipe Celesia, autor junto a Pablo Waisberg de La Tablada. A vencer o morir, a quien se le preguntó por qué no tomaron como fuente las cosas que se dijeron en el juicio oral a los militantes de Tablada. Celesia respondió que tenían información de que muchos de los testigos habían sido preparados por el Ejército para reforzar la versión oficial que hablaba de la fuga de los atacantes. 

El 23 de enero de 1989 militantes del MTP coparon el Regimiento de Infantería Mecanizado (RIM) 3 de La Tablada, en el final del gobierno de Raúl Alfonsín. Luego de una brutal represión de fuerzas policiales y militares, que dejó un saldo de 32 militantes muertos, se produjeron graves violaciones a los derechos humanos. Tras la rendición, cuatro militantes fueron desaparecidos: Iván Ruiz, Carlos Samojedny, Francisco Provenzano y José Díaz. El general Alfredo Arrillaga es el único imputado del juicio, por haber estado al frente del operativo represivo, y ya fue condenado a reclusión perpetua por crímenes de lesa humanidad. En la primera etapa del juicio hubo testimonios de sobrevivientes, colimbas y militares. Dos de ellos, José Almada y César Quiroga, destruyeron la versión oficial que sostenía que Díaz y Ruiz se habían fugado. Quiroga reveló que lo obligaron a firmar una declaración falsa en el juzgado de Morón a cargo de Gerardo Larrambebere y con un joven Alberto Nisman como secretario.