Con una marcha hasta el despacho de Carolina Stanley y manifestaciones en distintas provincias, los movimientos populares le reclamaron al Gobierno por la crítica situación social. “Hay hechos dramáticos, difíciles de contar. Miles de Pymes están bajando la persiana: son los principales lugares de empleo y cierran. Si las tarifas se volvieron imposibles de pagar para la clase media, imaginen qué pasa con nuestros compañeros en los barrios de la periferia... La única salida que tenemos es engancharnos de la luz y eso nos pone en el lugar de la marginalidad”, acusó, durante el acto frente al Ministerio de Desarrollo Social, el titular de la CTEP, Esteban Castro. La jornada se realizó con la consigna “contra el hambre y los tarifazos”. En la víspera, la ministra Stanley, que acusó a los movimientos de usar “métodos extorsivos”, admitió que el índice de pobreza del Indec volverá a subir en marzo.

El reclamo fue convocado por la Coordinadora de Trabajadores de la Economía Popular, Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Frente Darío Santillán y el Frente de Organizaciones en Lucha. Son el conjunto de organizaciones sociales que hoy concentran la mayor capacidad de movilización y, al mismo tiempo, de negociación con el Gobierno a través de la Mesa de Diálogo, una instancia abierta a inicios de la gestión de Cambiemos con la intermediación de la Iglesia católica, que funciona más o menos espasmódicamente. Desde ahí, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social motorizó el salario social complementario como reemplazo de los programas de empleo del gobierno anterior. O decidió, sobre finales del año, un bono para los beneficiarios de planes sociales, que en cambio no llegó a los jubilados.

 

Las organizaciones plantearon que es urgente que el Estado refuerce el envío de alimentos a los comedores porque el hambre ya está instalado como problema. En ese marco, pidieron también un aumento para el monto del salario social complementario, que quedó estancado en 6 mil pesos, y un incremento de la Asignación Universal por Hijo. También reclamaron que se impulsen las propuestas incluidas en cuatro proyectos de ley presentados al Congreso, donde quedaron obstruidos por el oficialismo: los proyectos de Emergencia alimentaria, Infraestructura social, Agricultura familiar y Emergencia en adicciones.

“Fue un año muy malo. El resultado de tres años de esta política económica está la vista: hubo una inflación del 50 por ciento de aumento en los precios de los alimentos, mientras que la Asignación Universal por Hijo fue recompuesta sólo en 30 puntos. Esto significa una pérdida de 20 puntos en el ingreso de los hogares, es decir que hoy se puede comprar un cuarto de lo que se podía comprar hace un año. Esa realidad es evidente. El Gobierno no puede pretender que no haya reclamo. La gente no se va a quedar en su casa mirando cómo se destruye el empleo, cómo le impiden pensarse a partir de un trabajo, sin un plato de comida en su casa”, resumió Daniel Menéndez, de Barrios de Pie.

Dina Sánchez, del Frente Darío Santillán, apuntó que desde las organizaciones “construimos alternativas para mejorar la calidad de vida pero eso no basta y el Estado está ausente”. La referente agregó que la ministra de Desarrollo Social “no tiene problema en decir que la pobreza seguirá creciendo. En los barrios la situación no se aguanta más”.

La marcha salió de tres puntos de la Ciudad de Buenos Aires –el Congreso, Santa Fe y 9 de Julio y Carlos Calvo y la 9 de Julio– para confluir en el ministerio para el acto de cierre. La presencia de dirigentes sindicales como Roberto Baradel (de los docentes), Hugo Godoy (estatales), Juan Carlos Schmid (transporte), Héctor Amichetti (gráficos) dio cuenta de la adhesión de las CTA, la Corriente Federal y la Confederación del Transporte. También estuvo Eduardo Murúa, del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, y el Movimiento Misioneros de Francisco. 

“La importancia de hoy es el marco de unidad en el que se da, a partir de propuestas concretas que son constituidas y construidas en cada uno de nuestros territorios”, dijo en este sentido Omar Giuliani, titular de la Federación Nacional Territorial (Fenat). Y resaltó que las organizaciones sociales “ponemos en letra aquello que cotidianamente realizamos cuando el Estado no está presente al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, y sí está presente para pagar al FMI”. Pablo Spataro, secretario general de la CTA-A Capital, planteó: “Miles de trabajadores y trabajadoras de todo el país hemos ganado las calles para denunciar el modelo de desocupación y pobreza que viene llevando gobierno nacional. Repudiamos sus políticas económicas y sus consecuencias”.

Desde el Gobierno buscaron bajarle el precio a la protesta con los argumentos habituales. Los voceros del Ministerio de Desarrollo Social sostuvieron que la marcha fue “un fracaso”, que vieron “menos gente” que la que las organizaciones habían prometido. También atribuyeron a esta supuesta menor convocatoria el adelantamiento del acto de cierre que, tras haber sido anunciado para las 13, terminó a las 12.40. 

Desde las organizaciones, en cambio, remarcaron la masividad de la medida con un conteo de 200 mil personas movilizadas en la Ciudad de Buenos Aires y un millón a lo largo del país.