Un informe de la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Género y contra las Violencias (Ruge), que depende del Consejo Interuniversitario Nacional, reveló que la mitad de las 57 universidades públicas carece de protocolo sobre violencia de género. Además, 20 de ellas ni siquiera tiene esa herramienta en sus facultades.

Según los datos de la Ruge, solo 31 universidades, el 55 por ciento del total, tienen protocolo vigente. Dos (3,5 por ciento) lo aplican solamente en algunas facultades, tres (5 por ciento) “están en proceso de elaborarlos” y 20 (36,5 por ciento) directamente no tienen protocolo.

Los protocolos establecen pautas para "prevenir, atender y sancionar administrativamente los casos de violencia" que pudieran suceder entre profesores, alumnos y no docentes. La primera universidad en incorporar esa herramienta fue la del Comahue, que lo implementó en 2014.

Carla Fernández, coordinadora del Comité Ejecutivo de la Ruge, advirtió que "las universidades tienen muchos problemas para su cumplimiento". Al mismo tiempo subrayó que "no basta con tener una normativa para garantizar el ejercicio pleno de los derechos". Además, precisó que “las universidades son instituciones grandes y complejas en las que conviven actores permeables a la temática y otros resistentes".

Según Fernández, las universidades no aplican medidas no por “falta de voluntad” sino por "desconocimiento de la normativa específica". "A veces tenés un equipo multidisciplinario muy calificado en violencia de género recibiendo las denuncias, pero después encontrás muchos obstáculos en los circuitos administrativo-jurídicos", agregó la especialista.

Fernández, quien además es coordinadora de la Dirección de Género y Diversidad Sexual de la Universidad Nacional de San Martín, también se refirió al caso de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, donde un profesor fue separado de su cargo por hostigar a una alumna en Facebook y acompañar la agresión con la consigna "basta de feminazis”. La experta opinó que "los protocolos deben estar acompañados por acciones que transformen la cultura institucional y las prácticas de convivencia".

"Si se hubiera aplicado el protocolo con anterioridad no habría sido necesario llegar a la judicialización del caso, porque había antecedentes de inconductas por parte del profesor que ejerció violencia simbólica", sostuvo Fernández, quien también advirtió que es un error apelar a los protocolos como única herramienta, ya que termina asociado a una lógica punitiva. "El objetivo no es perseguir delitos sino señalar inconductas, que afectan la convivencia, y con el fin de reencausarlas", sostuvo.

La presidenta de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba), Eva Dimopulos, por su parte, estimó que "las universidades vienen corriendo un paso por detrás de lo que el momento histórico está demandando"; y en el caso concreto de la UBA “hay muy pocas facultades donde el protocolo funciona bien, porque las autoridades no pusieron un peso y su aplicación depende de la voluntad de los profesionales a cargo".