La dirigente opositora Margarita Stolbizer ampliará hoy una denuncia penal contra el titular del INTI, Javier Ibáñez, a raíz del alquiler de tres carritos de golf por seis meses. Por los coches eléctricos se pagaron 907 mil pesos. Según señala la líder del GEN en su presentación judicial –a la que tuvo acceso PáginaI12–, se los alquiló a través de una compulsa entre dos empresas: la que perdió se dedica a vender baterías y ni siquiera pudo presentar los datos de lo que estaba cotizando. Este caso se suma a una larga lista de denuncias por compras y contrataciones sospechadas en el INTI, luego de que Ibáñez despidiera a 258 trabajadores.

Stolbizer presentará una ampliación de su denuncia contra Ibáñez y otras autoridades del INTI, patrocinada por su abogada Silvina Martínez. En la presentación cuestionan la disposición 20/19, firmada por el gerente general del INTI, Mariano Zlatanoff, por la que alquila tres carros de golf por seis meses por un monto total de 907.506 pesos. Los carritos, según indica la denuncia, ya estarían circulando por el predio del INTI. 

La dirigente opositora pone la lupa en el mecanismo por el que se los contrató, que es “la compulsa abreviada por monto”. Indica que a esa “compulsa” se presentaron solo dos empresas: Silverio Bustamante e Hijos SRL y VHZ SRL. Ganó la primera. El dato es que la que perdió “es una casa de venta de baterías de CABA, que según consta en el mismo expediente fue descartada por las autoridades de INTI por ‘no informar la marca y las características de los vehículos cotizados’. La empresa que perdió ni siquiera pudo dar los datos de lo que estaba cotizando”.

A raíz de esto, Stolbizer concluye que “la contratación ha sido otorgada directamente a una empresa preseleccionada y han utilizado a una segunda solo a modo de disfrazar una adjudicación directa –por un monto escandaloso– como una falsa competencia entre empresas”.

La dirigente del GEN indicó que, lejos de ser un caso aislado, esto forma parte de una metodología que ella viene denunciando y que incluye “compulsas abreviadas por monto, contrataciones directas y licitaciones direccionadas, con el argumento de la urgencia, en las que ganan empresas sin ninguna experiencia en el rubro, como el caso de la empresa de limpieza La Mantovana, a la que asignaron una obra de renovación de una subestación eléctrica por 60 millones de pesos”.

La denuncia indica que las obras llegan a estar sobrevaluadas en cinco veces el precio del metro cuadrado, sin contar las redeterminaciones de precios durante la obra. También destacó que hay “empresas que nunca terminan las obras superando más de cuatro veces el plazo estipulado”.

Esta ampliación se suma a las denuncias que Stolbizer había hecho y que fueron publicadas por este diario. Entre ellas:

n Una licitación por cajas navideñas que fue desdoblada para no pasarse del tope y en la que se pagó mil pesos por caja navideña. A la compulsa, se presentaron un monotributista que puede facturar hasta 25 mil pesos por año, una jubilada que vende al por menor y la empresa ganadora, que curiosamente no vendía hasta su contratación cajas navideñas, sino que se dedicaba al rubro de la construcción.

n Como parte de los festejos de los 60 años del INTI, Ibáñez gastó medio millón de pesos en obras de arte, que incluían un helado de palito gigante de color rosa con la inscripción “love” en el centro. Los gastos los hizo una asesora de Ibáñez, cuyo antecedente era ser “personal shopper”.

n También contrataron a la empresa Gowland Publicidad SA para hacer cinco videos por 3.327.000 pesos. Y gastaron 3 millones de pesos en colocar señales viales nocturnas en un camino peatonal que se usa solo de día. 

n Ibáñez contrató una empresa de seguridad para custodiar el INTI, que pertenece a un policía federal exonerado en medio de denuncias de presunta corrupción. Esa empresa aportó a la campaña presidencial de Mauricio Macri. Stolbizer indicó en su ampliación de denuncia que Murata S.A. recibió 18 millones de pesos e Ibáñez le prorrogó la custodia en febrero por seis meses más. 

La denuncia de Stolbizer es por presunta malversación de caudales públicos,  incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude a la administración pública.