El juez federal Ariel Lijo reactivó la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman y pidió la realización de medidas de prueba en el marco de la investigación contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el canciller Héctor Timerman por presunto "encubrimiento" del atentado a la AMIA tras la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. El juez delegó la pesquisa en el fiscal federal Gerardo Pollicita.
Según informó el Centro de Información Judicial (CIJ), el titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 encomendó este miércoles avanzar con las medidas probatorias propuestas en el marco de la causa por la denuncia presentada por Nisman, basada en suposiciones, comentarios periodísticos y escuchas clandestinas de poca relevancia. Lijo dispuso allanamientos, citación de testigos, cruces de llamados entre los denunciados y otras medidas.
El magistrado delegó en el fiscal Pollicita la investigación en la que Alberto Nisman denunció a Cristina Fernández de Kirchner, Héctor Timerman, Andrés Larroque, Jorge Alejandro “Yussuf” Khalil, Héctor Luis Yrimia, Luis Ángel D`Elia, Fernando Esteche y Ramón Allan Héctor Bogado por la supuesta existencia de un plan delictivo destinado a "encubrir y dotar de impunidad" a los ciudadanos de nacionalidad iraní imputados en el marco del expediente que investiga el atentado a la sede de la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994.
En paralelo, Lijo abrió un "incidente" para comenzar a resolver si se queda con la causa o la envía a su colega Claudio Bonadío, quien la reclamó en octubre pasado argumentando tener a su cargo una investigación similar más avanzada. Se trata de la denuncia melliza hecha bajo el insólito cargo de "traición a la Patria" por dos abogados de derecha: Santiago Dupuy de Lome, vinculado al PRO, y José Magioncalda, un denunciador serial contra el gobierno anterior.
La denuncia realizada por Nisman cuatro días antes de aparecer sin vida, en enero de 2015, había sido cerrada luego de que el juez Daniel Rafecas y la Cámara Federal sentenciaran que no existía ningún delito a investigar. Casación convalidó entonces un dictamen fiscal en el mismo sentido.
Sin embargo, con el cambio de gobierno algunos fiscales federales, la dirigencia de la DAIA y denunciantes afines al macrismo volvieron a la carga con el tema por dos vías: presentaron lo que promocionaron como “pruebas nuevas” en la causa que Rafecas había archivado e hicieron una denuncia aparte con esos elementos por “traición a la patria”, que recayó en Bonadio.
El 29 de diciembre pasado, la Cámara Federal de Casación decidió abrir la denuncia desestimada dos veces en instancias inferiores y apartó a Rafecas y a los camaristas de la Sala I Eduardo Freiler y Jorge Ballestero.
