La pelea por quién será el juez que se quede con la causa en la que se investiga la extorsión relatada por el empresario Pedro Etchebest, que tiene como nombres protagónicos al abogado Marcelo D’Alessio y al fiscal Carlos Stornelli, comenzó a jugarse ayer, con distintas presentaciones judiciales. El eje de la cuestión es que se avecina una ofensiva para intentar quitarle el caso al juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien recibió la denuncia que dio origen a la investigación, ahora bajo secreto de sumario. A su vez el fiscal denunció a D’Alessio por defraudación, por usar supuestamente su nombre para cometer extorsiones. La causa le tocó al juez federal Julián Ercolini, en Comodoro Py. El abogado del supuesto agente de la DEA, pidió que el juez le reclame el expediente a Ramos Padilla. A éste, Etchebest le planteó que le pida la causa a Ercolini. Primero deberán expedirse los fiscales de cada caso. 

Etchebest hizo la denuncia en Dolores porque es el juzgado con competencia sobre hechos que suceden en  Pinamar, adonde viaja junto con D’Alessio, que le promete que allí harán con Stornelli los arreglos para que no quede implicado en la causa de los cuadernos. “Ahí es donde se sella la extorsión y donde se establece su monto, de 300.000 dólares. Lo demuestran los audios, capturas de pantalla y fotos entregadas como prueba. El pago de un adelanto es una derivación de ese acuerdo”, explica la abogada Natalia Salvo. Stornelli, en cambio, utiliza el pago, que se hizo en Puerto Madero, como el punto de partida, para forzar a que la pesquisa quede radicada en Comodoro Py, que es su casa. El fiscal, llamativamente, tardó cinco días en hacer su denuncia contra D’Alessio. Tiene el problema de que es innegable su relación con él, que quedó en evidencia en el material entregado por Etchebest, y donde todo indicaría que aceptó alguna clase de colaboración suya en ciertas causas judiciales como la de sobreprecios de Gas Nacional Licuado, que es nada menos el expediente sobre el cual comenzó la causa de los cuadernos. Esto no quiere decir que Stornelli sea autor de un delito sino que es lo que se deberá investigar. En este caso, el que pide que la causa quede en Comodoro Py, es Claudio Fogar, actual abogado de D’Alessio. 

Para sumar presión sobre Ramos Padilla, a quien se lo intentó asociar con La Cámpora, proliferan ahora presentaciones judiciales que intentan instalar la teoría de que hubo una operación para salpicar a Stornelli. Elisa Carrió se puso al frente de esa ofensiva, con la increíble teoría de que los presos kirchneristas montaron una “operación” para perjudicar a Stornelli, por su papel en la causa de las fotocopias de los cuadernos. Carrió se basó en un anónimo con transcripciones de escuchas tomadas a los teléfonos del penal de Ezeiza en una causa sobre narcoterrorismo que debieron haber sido destruidas por no tener relación con esa pesquisa. Aún así, el fiscal Gerardo Pollicita impulsó la acción penal con el planteo de la Coalición Cívica. Con una denuncia similar, impulsó otra causa el fiscal Jorge Di Lello. Son expedientes que buscan correr el foco sobre la historia de la extorsión, que podría revelar mecanismos de los que hace años se habla en los pasillos de tribunales pero nadie prueba. Por todo este abanico de causas, Ramos Padilla se vio bombardeado de pedidos de jueces de Comodoro Py que reclaman copias del expediente. Están desesperados por saber qué es lo que hay además de lo que ya se conoció. 

Mientras tanto, Ramos Padilla avanza con medidas de prueba e intenta desentrañar también quién es y qué funciones cumple o cumplía Marcelo D’Alessio, a quien en su casa se le incautaron armas costosas y equipos para espiar, además de vehículos, motos lujosas sin papeles, remeras del FBI, una credencial de la DEA, chalecos antibalas, entre otras cosas. Patricia Bullrich lo desligó del Ministerio de Seguridad y Stornelli, a tono con comentarios de la funcionaria, lo tildó de loco. Sin embargo, era consultado, incluso por varios periodistas, como un gran experto en temas de narcotráfico y seguridad. Otro juez, Federico Villena, lo investiga por lavado de dinero. En Comodoro Py tiene otra denuncia por extorsión que le hizo el empresario Gabriel Traficante. Ahora tiene prohibida la salida del país y los bienes embargados. En un hábeas corpus que presentó, ante la posibilidad de que lo detengan, D’Alessio dijo que trabaja para dos agentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), cuyos nombres proporcionó. Ahora se investiga si esa afirmación es real.