El aborto clandestino se cobró la vida de otra joven, esta vez en Salta, provincia conocida por su resistencia a garantizar los derechos de las personas gestantes y donde hace años se pelea por tener Educación Sexual Integral (ESI) en las escuelas, con una fuerte resistencia de sectores antiderechos. Se trata de una adolescente de 15 años, oriunda de La Merced (a 23 kilómetros de la capital), quien según confirmó la Policía de Salta a PáginaI12 falleció en el Hospital Materno Infantil luego de ser derivada en código rojo desde el Hospital Papa Francisco. La joven estuvo acompañada por su madre y, de acuerdo al informe realizado por los profesionales que la atendieron, la causa de la muerte fue “paro cardiorrespiratorio por posible aborto séptico”. Según trascendió, cursaba un embarazo de tres meses.

La causa –de la que se sabe aún muy poco– fue derivada ayer por la mañana a la Fiscalía 2 de Graves Atentados contra las Personas, que está a cargo del fiscal Pablo Rodrigo Paz. Al cierre de esta edición todavía no se habían conocido los resultados preliminares de la autopsia, que recién podrían estar listos para hoy. Tampoco había habido pronunciamiento del Ministerio de Salud que conduce Roque Mascarello, con quien este diario intentó comunicarse sin éxito. 

Según difundió el año pasado el jefe de gabinete Marcos Peña en su informe anual, de acuerdo con un estudio de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Salta tiene la tasa de incidencia más alta del país de abortos clandestinos de acuerdo a la población del distrito y tiene, después de Buenos Aires, la mayor cantidad de egresos hospitalarios por abortos de mujeres menores de 25 años. Sin embargo, y como sucede en el resto del país, no hay cifras oficiales y confiables que permitan registrar la cantidad de muertes por aborto clandestino en la provincia que gobierna el precandidato a presidente Juan Manuel Urtubey. 

“No es el primer caso ni va a ser el único. Salta es una provincia que no tuvo nunca ESI y que recién ahora está viendo si va a tener. Tampoco hay consejerías que permitan acompañar a las personas gestantes ni información pública ni oficial para ver qué tan grande es el problema a nivel a local”, sostuvo anoche a PáginaI12 la abogada Mónica Menini, integrante de la regional salteña de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El año pasado, Salta estuvo en el ojo de la tormenta por la existencia de un decreto provincial que obligaba a una nena de diez años que había sido violada por su padrastro a continuar con la gestación. Presionado por un fuerte repudio nacional, el gobierno de Urtubey tuvo que adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, algo que anunció por Twitter y que hasta ese momento no se había dispuesto a garantizar. Por otro lado, recién este año supuestamente se garantizará el dictado de contenidos transversales de ESI en un espacio de 90 minutos asignado en las escuelas, que se extenderá a todos los niveles y modalidades del sistema educativo, pese a que rige por ley desde el 2006. Mientras tanto, hace poco más de un año que se resolvió, a instancia de la Corte Suprema de Justicia, que en la provincia no podrá darse educación religiosa en las escuelas públicas en el horario escolar.