A pesar de la recusación que presentaron el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la empresa Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) y Metrovías contra el juez Andrés Gallardo, los usuarios del subte deberían poder viajar gratis a partir del lunes en aquellas estaciones donde no funcionen las escaleras mecánicas, ascensores o salvaescaleras, en cumplimiento del fallo que dictó el magistrado días atrás, según afirmó a este diario una fuente judicial. La empresa informó que para ella la sanción no puede ser ejecutada hasta tanto haga su descargo, lo que anticipa un comienzo de semana al menos disputado para todos aquellos usuarios que exijan que se cumpla la resolución judicial. Además, para sumar tensión, en el medio del conflicto quedaron los trabajadores del subte, quienes requirieron a la empresa “que informe de manera expresa” a los pasajeros sobre los efectos de la sentencia, para impedir que los reclamos recaigan sobre ellos.
De acuerdo a la fuente judicial consultada, la recusación contra el titular del juzgado Nº 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, quien dio por incumplida la medida cautelar resuelta por la Cámara de Apelaciones, y determinó que en las estaciones de subte donde no funcionen las escaleras mecánicas ni los ascensores, los pasajeros no debían pagar pasaje o bien se les debía reintegrar el dinero de cada viaje, continúa vigente.
En la presentación, los funcionarios porteños y representantes de la operadora de los subtes y de la concesionaria del servicio acusaron a Gallardo por “falta de imparcialidad con intencionalidad de perjudicar” a los responsables del servicio de subtes. Tras el apartamiento del magistrado, la causa fue sorteada y recayó en el juzgado N° 3 de Pablo Mántaras, pero, como está de licencia, quedó en manos del juez Aurelio Ammirato.
No deja de ser curioso que la arremetida del gobierno porteño y los administradores del servicio contra Gallardo llegó cuando el magistrado cambió el mecanismo de ejecución de las sanciones, de multas, que llegaron a los 15 millones de pesos, a la gratuidad del servicio, porque la empresa no cumplió con un fallo judicial que le ordenaba poner en funcionamiento todos los accesos mecánicos a las estaciones. La modificación de la forma de ejecución de la cautelar que resolvió la Cámara es un mecanismo más fuerte pero autorregulatorio, ya que si los artefactos funcionan no hay sanción.
Un año atrás, Gallardo, había hecho lugar a un recurso de amparo y emitido una cautelar que obligaba a Metrovías a la colocación de un tótem de asistencia para personas con discapacidad en las estaciones del Subte. Esa medida fue apelada por el Gobierno, llegó a la Cámara, que la modificó parcialmente y estableció que en 10 días la empresa tenía que acreditar el funcionamiento de las escaleras y ascensores existentes. Este año le devolvieron el expediente para que ejecute lo dispuesto por el Tribunal. En la última revisión, el 7 de febrero, constató que había 51 medios de accesibilidad sin operatividad. El fallo se da en un contexto donde la Legislatura porteña aprobó a fines del año pasado un plan a 20 años para hacer accesibles las estaciones de subte.
De todos modos, como la tónica judicial suele ser que el juez que se hace cargo continúe con el mecanismo definido por el anterior magistrado hasta tanto la Cámara resuelva que la causa es de él, el lunes, en las boleterías de las estaciones deberían estar también los carteles que difunden la resolución judicial según ordenó Gallardo en su sentencia.
Para Claudio Dellecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (Agtsyp) el fallo de Gallardo “es positivo, y va en dirección a lo que denunciamos desde hace años. La falta de inversión y la despreocupación de la empresa por la calidad del servicio, en este caso por los accesos y egresos de la red”. Pero advirtió que “nosotros (los trabajadores) terminamos como el fiambre del medio, porque el fallo obliga a la empresa a cumplir la resolución pero no hay personal de justicia para garantizarlo. Y, por otro lado, la empresa nos impide que abramos los accesos o que devolvamos el dinero, amenazando con sanciones y hasta despidos. Entonces, la empresa nos sanciona si cumplimos el fallo, y los usuarios si no los dejamos pasar nos cagan a piñas. Nosotros no podemos hacerlo cumplir ni evitarlo pero la empresa va a hacer todo lo posible para que terminemos chocando con los usuarios”.
