Imposibilitados de frenar la protesta social ante la creciente crisis económica, un sector de Cambiemos busca ahora penalizar económicamente a los sectores sociales más vulnerables y a las organizaciones que los representan. El diputado de Elisa Carrió Guillermo Castello presentó un proyecto en la Legislatura bonaerense para quitarles los planes sociales a los piqueteros que corten la calle. “El Estado no debe usar plata de los contribuyentes para subsidiar a piqueteros que le hacen la vida imposible a la gente”, se justificó Castello. Desde la oposición provincial no tardaron en responderle. “Este proyecto quiere castigar a las víctimas de sus propios errores de gestión”, dijo la senadora Teresa García (Unidad Ciudadana-FpV). “Rechazamos este proyecto de disciplinamiento social, para acallar las protestas contra el ajuste, la pobreza y la desocupación que ellos mismos generan. Una tendencia fascistoide en la coalición de Gobierno”, sumó el diputado Guillermo Kane (FIT-PO). Hasta el presidente de la Coalición Cívica a nivel nacional salió a despegarse de la iniciativa de su legislador.

“Toda prestación económica que reciba por parte del Estado el autor de delitos y contravenciones cometidas en oportunidad de manifestaciones públicas y/o la persona jurídica a la que pertenezca seré suspendida”, dice el primero de los cinco artículos del proyecto. Pero el beneficio suspendido, “será eliminado” en caso de “una condena penal y contravencional firme”. La única forma de revertirlo será si el sancionado “indemniza a la víctimas y repara económicamente los daños causados”. 

En el segundo, sostiene que cualquier tipo de beneficios o subsidios, “serán embargables” para cubrir las “indemnizaciones y reparaciones correspondientes”. Mientras que para las organizaciones sociales prevé “apercibimientos, multas y retiro de la personería jurídica”. 

“El piquete se convirtió en un fin en sí mismo; es una manera de hacer política, de apropiarse del espacio público”, dijo Castello en una entrevista radial, envalentonado por la notoriedad que alcanzó su proyecto. “El problema es que el gobierno que Castello integra fracasó estrepitosamente. No puede controlar la inflación, ni recuperar la economía, ni generar trabajo, ni evitar que cierren las pymes. Y la verdad es que este tipo de iniciativas revela el porqué de este fracaso: en Cambiemos no tienen idea de cómo resolver los problemas de la Provincia ni del país”, dijo a Página/12 la senadora García y agregó: “Pierden el tiempo que deberían usar para gobernar con este tipo de ideas extravagantes. Este proyecto quiere castigar a las victimas de sus propios errores de gestión. Menos mal que Castello no es médico, porque hubiera castigado al enfermo en lugar de curarlo”. 

“Es un apriete contra los trabajadores desocupados y precarizados, que el mismo Estado genera con su política de miseria, hambre y desocupación con despidos masivos”, dijo Kane a este diario. “Contradice el derecho a manifestarse, una tendencia de tipo facistoide, al estilo de (Jair) Bolsonaro en Brasil y creciente en el Gobierno como lo demuestra Bullrich contra los inmigrantes”, sumó el diputado del FIT.

La CC se despegó de Castello y sus proyectos prohibicionistas, como el que pide anular el día de los trabajadores estatales. “Apelamos a la responsabilidad de la dirigencia política en no promover ideas oportunistas que generan tensiones y desencuentro entre los argentinos”, posteó en las redes sociales Maximiliano Ferraro, presidente nacional del partido de Carrió. “No proponemos ni avalamos políticas que generen violencia y estigmatización”, aclaró el también diputado porteño.