En medio de una nube de gas lacrimógeno, dos mujeres y un hombre retroceden y caen, cubriéndose los ojos con las manos, sobre cajones repletos de berenjenas. Esa es una de las postales que ayer dejó la represión de la Policía de la Ciudad a las familias de la Unión de Trabajadores de la Tierra cuando intentaban concretar en Plaza Constitución un nuevo “feriazo”. La protesta, en la que los pequeños productores rurales venden frutas y verduras a precio justo, fue desarmada por la policía a fuerza de balas de goma dirigidas a feriantes, consumidores y trabajadores de prensa por igual que, además, secuestraron decenas de cajones con mercadería en camionetas del Gobierno porteño. La violencia con la que actuaron los agentes que responden al Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta fue repudiada masivamente por dirigentes políticos, sociales y sindicales.
“Ante la situación de crisis y de hambre, nosotros proponemos solidaridad entre los trabajadores y mercadería directa del productor al consumidor a precios populares y el Gobierno propone palos, gases y balas de goma”, resumió Nahuel Levaggi, referente nacional de la UTT, en diálogo con PáginaI12. Levaggi contó además que, con la excusa de que las plazas quedaban sucias, en enero las autoridades porteñas –en particular las que responden a la Dirección de Espacio Público– cortaron el diálogo de forma unilateral para evitar esta modalidad de protesta que, durante el año pasado, convocó multitudes en Plaza de Mayo, Once, Constitución y demostró que la cadena de intermediarios vende la producción a un precio 400 por ciento mayor al que les pagan a las familias agrícolas.
Sin embargo, a pesar de las amenazas del Gobierno y de su insistencia en la negativa de autorizar la protesta, los productores llegaron ayer por la mañana a Plaza Constitución con el objetivo de instalar los gazebos y dar inicio al “verdurazo” y a una asamblea de consumidores. En principio, la actividad iba a realizarse también en Plaza Once, pero el operativo policial que comenzó a desplegarse generó que la UTT decidiera concentrarse en un solo espacio para garantizar la seguridad de los feriantes.
Algunos vecinos de la zona ya cargaban sus bolsas con mercadería recién comprada cuando los uniformados rodearon los cajones con frutas y verduras. Ante la exigencia de los manifestantes para que les devuelvan sus producciones, avanzaron sobre ellos arrojándoles gases lacrimógenos. Los trabajadores reaccionaron lanzando berenjenas, plantas de lechuga y tomates, y la respuesta que recibieron fue inmediata: disparos con balas de goma, contra ellos, contra los vecinos y contra los trabajadores de prensa que se habían acercado para cubrir la actividad. “La actitud de la policía fue de ataque directo, casi no existió una instancia de mediación o consenso”, explicó el reportero gráfico de PáginaI12 Bernardino Ávila, que captó, en primer plano, a uno de los uniformados accionando un tubo de gas a pocos centímetros de la lente de su cámara.
La avanzada represiva de ayer, que terminó con el secuestro de decenas de cajones con mercadería en camionetas del Gobierno porteño, sentó un precedente grave que, según señalaron desde las organizaciones sociales y políticas que se solidarizaron con los trabajadores agrícolas, respondió a “una miopía política”. De hecho, mientras las imágenes de la represión se sucedían una tras otra en los canales de noticias. Desde un set televisivo, el secretario de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, justificó el operativo: “Ayer les dijimos que no se podían instalar”, comentó. Desde la UTT agregaron que además, en una nota publicada ayer, el funcionario inventó que en noviembre se reunió con la organización de productores agrícolas.
Por último, Levaggi adelantó que ya hubo comunicaciones con el Gobierno de la Ciudad para coordinar una reunión y ordenar la posible continuidad de los feriazos, acción que, como sostuvieron desde la UTT, “además de generar un ingreso para paliar la crisis intenta visibilizar la situación de dramática supervivencia que atraviesan los trabajadores rurales en el marco de las restricciones impuestas por el Gobierno en producción y comercialización”.
Informe: Sibila Gálvez Sánchez.
