Los pensionados por invalidez comenzaron esta semana a recibir las primeras cartas documento intimándolos a actualizar sus datos médicos mediante un nuevo sistema digital, certificado que la mayoría de los establecimientos sanitarios públicos no está en condiciones de otorgar. Para presentar la actualización otorgan un plazo de 60 días, a partir de los cuales la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) está habilitada para “proceder a la suspensión del pago de la Pensión No Contributiva por Invalidez Laboral”, según las cartas documento oficiales recibidas por algunos beneficiarios –a las que accedió PáginaI12– y que llevan la firma del director nacional de Apoyos y Asignaciones Económicas del organismo, Juan Cruz Escardó. 

Lo que denuncian familiares de pensionados por invalidez es que los hospitales no están en condiciones técnicas ni muchos médicos capacitados para realizar el Certificado Médico Oficial (CMO Digital) que exige el Gobierno, con lo cual anticipan una nueva poda preventiva de asignaciones justificada en este requerimiento. En el caso de una baja en la prestación, el beneficiario deberá volver a realizar el trámite, el cual durante la era Cambiemos demora hasta tres años con la pérdida que eso significa en materia de tratamientos médicos, descuentos en medicamentos y en prótesis.

A principios de este mes el Gobierno confirmó que llevará a cabo un reordenamiento de pensiones por discapacidad, que en la práctica es volver a pedirle el certificado médico en busca de incompatibilidades que impliquen la baja de la asignación, la cual actualmente es de 7200 pesos. La medida se toma luego de que la Justicia obligó al Ministerio de Desarrollo a dar marcha atrás con la suspensión preventiva de unas 170.000 pensiones no contributivas, entre fines de 2016 y principios de 2017, por “no haber cumplido con el debido procedimiento”. Básicamente, la cartera que conduce Carolina Stanley primero suspendió los pagos y luego puso en revisión las contratos de los beneficiarios. Para evitar otro revés en la búsqueda de otro recorte de pensiones, definieron un nuevo mecanismo de certificación digital y, sin realizar ningún tipo de capacitación a médicos y a instituciones de Salud, comenzaron a llegar las primeras intimaciones a pensionados para el CMO Digital.

“Los médicos y hospitales no tienen idea de cómo hacer, nadie los ha capacitado para hacer este trámite digitalmente. Pensemos que no tienen gasas ni medicamentos y pretenden que carguen datos en una computadora y por internet. En los pueblos pequeños ni siquiera hay conexión a las redes”, explicó a PáginaI12 Eugenio Reati, director de la ex Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales (CNPA) entre 2011 y 2015, convertida actualmente en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Reati tomó conocimiento de los primeros dos casos en un pueblo de Santiago del Estero, uno de los cuales tiene invalidez laboral por una pierna amputada y el otro por un ACV y utiliza un trípode para caminar. A ellos les piden que actualicen su condición médica para no perder la pensión.

Los nuevos certificados requieren firma digital de médicos y directores de hospitales y salitas públicas nacionales, provinciales o municipales, pero en muchos casos no hay capacidad técnica ni conocimiento para que eso se realice ágilmente. Por ejemplo, el hospital Posadas, según un telegrama de difusión interna, “todavía no tiene respuesta institucional de cómo implementarlo”, dado que la indicación es que el profesional de la Salud realice el trámite con su clave fiscal. Es decir, cuando todavía no se sabe cómo hacerlo en Capital Federal, emplazan en pequeños pueblos del Interior del país  a entregar el certificado en dos meses. “Para las personas que lo realizan también es complejo, ya que aquellos analfabetos digitales o con dificultades en el accesos la tecnología quedan absolutamente excluidos de poder gestionarlo. Pero la gestión macrista de la Andis se toma tres años para responder si un trámite está aprobado o no”, manifestó Reati a este diario.

El riesgo es que los pensionados que no puedan tramitar en 60 días el certificado queden suspendidos y luego sean dados de baja. En estos casos la solución es volver a iniciar el trámite. Página/12 informó el martes pasado que en los últimos tres años se acumularon 51.355 expedientes de solicitudes de pensión por invalidez  que siguen a la espera de una respuesta. Cuatro de cada diez solicitudes presentadas sólo en 2018 para acceder a esa pensión no contributiva quedaron sin resolver, cuando históricamente el porcentaje se mantenía cercano a cero.