Desde Madrid

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, despejó la incógnita pocos minutos después de la diez de la mañana, y confirmó que las elecciones generales del país se realizarán el 28 de abril. El mandatario socialista aprovechó la comparecencia en el Palacio de la Moncloa para realizar un repaso de sus ocho meses de gestión, criticar a la oposición, y dibujar un horizonte político para España en el caso de que el PSOE (Partido Socialista Obrero Español) logre un respaldo mayoritario que le permita encabezar un nuevo gobierno tras los próximos comicios. 

Sánchez describió a su ejecutivo como de “izquierdas, europeísta, y con la mayor cantidad de mujeres entre los países de la OCDE” (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y defendió la agenda social que impulsó en este período, como el aumento del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) y de los salarios de los empleados públicos, y la revalorización de las pensiones. Medidas que, según precisó el mandatario, están garantizadas por el Gobierno.

Por otra parte, el líder socialista acusó a la oposición de bloquear los “presupuestos más sociales de la última década”, y apuntó por ello al Partido Popular (PP) y a Ciudadanos (Cs) que contaban con la mayoría en la Mesa del Congreso. Además, les reprochó “bloquear leyes importantes para el bienestar de la ciudadanía”, como la Ley de Eutanasia o la derogación de la Ley Mordaza (que limita los derechos de la protesta).

La comparecencia incluyó también un capítulo para referirse sutilmente a la cuestión catalana. Sánchez aseguró que el Gobierno apostó a la “moderación y el diálogo”, y “la cohesión territorial de España”, y no “a la crispación”, en obvia referencia al discurso del PP, Cs, y Vox, que fue muy crítico del diálogo que exploró el Gobierno español con la Generalitat de Cataluña para encausar el conflicto político y territorial catalán. El ejemplo más concreto de ello fue la acusación del líder del PP, Pablo Casado, de “alta traición” y “felonía” al mandatario socialista por la posible inclusión de un relator, mediador que formara parte de las negociaciones con los independentistas, y que lo llevó a la convocar, junto a Ciudadanos, una manifestación en Madrid que el último domingo reunió a 50 mil personas. 

Como forma de recoger su legado en la causa catalana, y para fijar posición hacia adelante, Pedro Sánchez afirmó que “dentro de la Constitución y la legalidad” están dispuestos a dialogar.

Menos de una hora después de la novedad, los líderes opositores reaccionaron al anuncio del Gobierno. Pablo Casado, afirmó que los españoles tendrán que decidir entre un gobierno que negocia con Quim Torra (president de la Generalitat, y dirigente independentista), y otro que aplique el 155, que es el artículo con el que el Estado puede intervenir políticamente una comunidad autónoma, y que ya se ha aplicado en Cataluña tras el referéndum ilegal de independencia del 1º de Octubre de 2017. 

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, pidió a Sánchez que pase a la oposición para evitar otro “gobierno Frankenstein” apoyado por fuerzas independentistas. Por su parte, la diputada de Podemos, Irene Montero, presentó a su partido como “el voto útil” para evitar el regreso de “los reaccionarios”.

La fecha del 28 de abril es la que mejor le calza al PSOE, más complica a sus oponentes, el PP, Vox, y Cs, y a su competidor, aunque eventual aliado, Podemos.

Como se observó en la conferencia de prensa de Sánchez, la estrategia del PSOE será presentarse como el principal defensor de la “reconstrucción del Estado de Bienestar”. Sin embargo, esa postura es discutible, al menos desde la óptica de la izquierda. Durante los meses previos a que se presentaran las cuentas nacionales, la formación Podemos fue la que mayor presión ejerció sobre el líder socialista para que se aprobara el aumento del SMI, u otras medidas que se reflejaban tibiamente en el proyecto de los Presupuestos Generales, como las ayudas destinadas al pago de la electricidad en los sectores vulnerables, y la regulación en el precio de los alquileres, que en el último año crecieron exponencialmente por la expansión de Airbnb. 

En todo caso, el PSOE sí podrá defender iniciativas como la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, que esta mañana ratificó el Consejo de Ministros.  

Otra medida que aspira a incluir dentro de la campaña, es la de modificar algunos aspectos de la reforma a la ley laboral que realizó el Gobierno de Mariano Rajoy. En principio, el plan apuntaba a devolverle la prioridad al convenio sectorial sobre el de empresa y aprobar el registro obligatorio de la jornada laboral, entre otras medidas. Para aprobarlas podría hacerlo por decreto pero necesitará que sean refrendados por el Congreso Nacional.

La estrategia del PP pasará por lograr maniobrar entre la ultraderecha y el centro. Dos espectros políticos donde espera pescar votos. En el primer caso, para recuperar a muchos desencantados que se animaron con el discurso radical de Vox sobre la unión de España frente a los independentistas. En el segundo, para seducir a los votantes moderados que apuestan por Albert Rivera, o Pedro Sánchez.

El caso de Ciudadanos presenta una encrucijada similar a la del PP. En la última manifestación convocada por este partido, junto a PP y Vox, para rechazar las negociaciones con la Generalitat de Cataluña, Albert Rivera se ocupó de crear una coreografía liberal con banderas LGTBI detrás suyo, para despegarse del conservadurismo radical del líder de Vox, Santiago Abascal, con quien se retrató para la principal imagen que tomaron los medios de comunicación sobre la convocatoria. Por el otro, deberá medir que éxito electoral le proporciona seguir con una postura de rechazo a las negociaciones con las fuerzas independentistas de Cataluña. 

La formación de izquierda, Podemos, se abre a una campaña electoral con un frente interno, y otro externo. Dentro de la fuerza, Pablo Iglesias necesita aglutinar apoyos en torno a su jefatura, que fue desestabilizada tras el anuncio de Íñigo Errejón para competir por la Comunidad de Madrid bajo otra marca electoral. Hacia afuera, deberá encontrar una forma de capitalizar las gestiones realizadas con el Gobierno socialista, cuya mayor victoria ha sido el aumento del SIM. Horas antes del anuncio de Sánchez, Pablo Iglesias advertía en sus redes sociales que si  el bloque de la derecha (Ciudadanos, PP y Vox) lograba construir una mayoría para llegar a la Moncloa, su proyecto sería el de la “uberización de la economía, y la mano dura para reprimir los conflictos derivados de la plurinacionalidad”.

A partir de este lunes se abrirán dos meses de campaña electoral. Los antecedentes políticos más recientes prometen un escenario crispado, y dominado por la incertidumbre.