El colectivo Ni Una Menos Tucumán (NUM) realizó ayer una presentación en el Sistema Provincial de Salud de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal para pedir que la niña de 11 años abusada sexualmente por la pareja de su abuela materna pueda acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE) “que ha pedido en reiteradas oportunidades, tanto en sede judicial como en sede hospitalaria”. Sin embargo, al mismo tiempo el Secretario de Salud provincial, Gustavo Vigliocco, negó que la niña haya pedido la práctica. “Yo estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”, sostuvo Vigliocco en una entrevista radial. 

“La niña fue internada con intentos de suicidio por el trauma de su embarazo forzado y el sistema de salud provincial, lejos de respetar su decisión, ha judicializado indebidamente el acceso a la salud, ha violado la confidencialidad de la relación sanitaria y ha incurrido en violencia y tortura revictimizándola, exponiéndola al escarnio público y a la dilación en el acceso a la alternativa terapéutica lícita que la niña ha escogido como consta en la investigación penal y en la documentación clínica que constata su paso por la salud pública”, advirtió Ni Una Menos Tucumán en un comunicado. 

Ayer a la mañana, el colectivo feminista ofreció una conferencia de prensa y realizó una presentación en el Sistema Provincial de Salud y el Ministerio Público Fiscal para exigir que se garantice la salud integral de la niña. “Acá se está violando no solamente la autonomía de esta niña, contemplada en el artículo 26 del Código Civil, no solamente los derechos de ella como paciente a la intimidad, a la confidencialidad, al trato digno y a la autonomía que están en la ley 26.529, sino sobre todo se le está imponiendo una maternidad forzada y se está poniendo en riesgo su propia vida”, sostuvo Soledad Deza, abogada feminista e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD).

El Secretario de Salud, Vigliocco, negó ayer, en una entrevista radial, que la nena haya solicitado la ILE. “Estoy encima de este caso de manera personal. Tengo una cercanía con la niña y su madre. La niña quiere continuar con su embarazo. Consideramos los riesgos pero ella es grande de contextura, tiene más de 50 kilos”, dijo a Radio Con Vos. 

La Fundación Huésped, en tanto, se sumó al reclamo de Ni Una Menos Tucumán, Mujeres por Mujeres y Guardia Feminista de Abogadas CDD y exigió que se garantice el derecho a la ILE. “La dilación de la práctica por parte del sistema de salud provincial no sólo atenta sobre sus derechos si no que judicializa indebidamente el acceso a la salud, viola la confidencialidad de la relación sanitaria, e incurre en violencia y tortura”, planteó ayer Huésped en su cuenta de Twitter.

La Fundación remarcó que, de acuerdo a lo estipulado por el artículo 26 del Código Civil y la ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, la Justicia solo debe intervenir para investigar el abuso que sufrió la niña. “Cualquier artimaña de funcionarios judiciales para dilatar la práctica conlleva mal desempeño del funcionario público y deberá ser debidamente investigada por las autoridades competentes”, agregó.