El ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, justificó el aumento del 61 al 148 por ciento en el servicio eléctrico para la zona metropolitana y lo calificó como "progresivo" al sostener que "los que más pueden más contribuyen para que tengan una vida digna los que menos tienen”, en relación al aumento del 35 por ciento que, según el gobierno, recibirán quienes acceden a la tarifa social, aunque para ese sector de bajos recursos la suba equivale al impacto inflacionario de 2016. Los representantes de los consumidores, en cambio, consideraron "alarmante" el impacto en el costo de vida y en la profundización de la recesión.

Aranguren, en declaraciones a radio La Red, minimizó la reducción de los subsidios y el impacto directo del aumento de las tarifas en el poder adquisitivo y analizó que “si continuamos subsidiando, el esfuerzo se sigue haciendo porque eso contribuye al déficit fiscal y se refleja en la inflación y el pago de más impuestos para destinar a los subsidios”. De todas maneras, el ministro había advertido ayer en conferencia de prensa que “el ahorro fiscal no podemos calcularlo hoy, depende del clima, de la demanda, de los precios internacionales, del tipo de cambio”.

El ministro agradeció la “comprensión y tolerancia para mejorar el impacto de la energía en la vida diaria”, y aseguró que “el esfuerzo va a estar recompensado en el futuro en un menor costo de generación y mejor calidad de servicio”. En ese sentido, prometió que "en 2019 volveremos a recuperar la calidad de servicio del 2003”. En ese tono, el director de YPF, Emilio Apud, estimó que los cortes de luz terminarán "en dos años y medio" y justificó: "Si el Gobierno decidió hacer gradual el saneamiento de la tarifa de energía, los planes de mejoras para el sector también serán graduales".

El titular de Defensores de Usuarios y Consumidores (Deuco), Pedro Busetti, volvió a criticar la decisión del gobierno nacional, cuestionó que "al mismo tiempo del anuncio, había más de 100.000 usuarios de la zona de Edenor y de Edesur sin servicio" y apuntó: "¿Qué familia puede soportar el aumento de la luz, el gas, el agua ,los peajes, las prepagas, los alimentos, los artículos escolares, la escuela privada?".

En cuanto a la diferencia que pagarán los usuarios de cada provincia, Aranguren reconoció que en el área metropolitana habrá un impacto diferencial por la carga impositiva: mientras en Capital es de 28 por ciento, en territorio bonaerense varían entre 43 y 45 por ciento. Busetti agregó que también redundará en un nuevo aumento en las provincias ya que  "cuando el ministerio anuncia que el megavatio va a costar 640 pesos cuando ahora paga 320, significa que el costo de energía eléctrica mayorista aumenta 100 por ciento" y "las distribuidoras del interior van a aumentar lo mismo".

Aranguren esta mañana buscó matizar el aumento al insistir con que “si consume menos se va a pagar menos, porque hay un plan de estímulo que por 10 o 20 por ciento de ahorro disminuye el aumento en la misma proporción”. Sin embargo,  ayer también había reconocido que el plan estímulo sirve más para los hogares de mayores recursos, ya que son aquellos que pueden bajar el uso intensivo de energía, y recomendó luego el uso de lámparas de bajo consumo, electrodomésticos con eficiencia energética clase A y televisores Led.  

El respaldo a la decisión del gobierno llegó desde las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur, que mostraron su conformidad por el aumento del 82 por ciento en el precio del valor de distribución, escalonado en febrero, noviembre y febrero próximo, y calificaron como "más realista" la tarifa y prometieron que permitirá "mejorar la calidad de la prestación". 

Además, el vocero de Edenor, Eduardo Mirabelli, consideró que a pesar de los aumentos "igualmente tendremos que proyectar la cifra anualmente para saber dónde estamos y cómo vamos" con la recomposición de tarifas reclamada desde hace años por las empresas denuncias por no invertir en la infraestructura del sistema eléctrico. 

Por su parte, los voceros de Edesur destacaron que los aumentos "ayudan a equilibrar las cuentas de la compañía y a cumplir con un servicio de mayor calidad y más cercano a los estándares internacionales". 

En tanto, continuaron las expresiones de preocupación desde el sector Pyme  y recomendaron "una máxima mesura en este tipo de medidas ya que estos aumentos se suman a otros que en estos momentos impactan en el comercio y la industria". La Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA) y la Asociación de Industriales de la Provincia de Buenos Aires (Adiba) sostuvieron a través de un comunicado que "se debe aceptar que existe un atraso tarifario", pero subrayaron que "la aceptada gradualidad en su aplicación debe ser una realidad que evite inequidades manifiestas". 

FEBA y Adiba coincidieron en que "los porcentajes que se anunciaron no sólo provocan temor sino una situación no deseada que será el traslado del impacto de los mismos a los precios, profundizando de esta manera una retracción aún mayor que acelera un mercado recesivo alarmante".