El Sindicato de Trabajadores Cadetes y Mensajeros de Rosario lleva desde hace un tiempo un plan de lucha contra la precarización laboral que, denuncian, imponen de hecho las empresas multinacionales de delivery vía aplicaciones. En ese marco, el gremio reclama mejores condiciones laborales para los trabajadores del sector. En ese recorrido contaron con el acompañamiento de legisladores provinciales y locales, pero ante el avance de las empresas consideran que los organismos de control son cómplices de una situación que los perjudica ya que permiten su funcionamiento aunque no estén reguladas y habilitadas. "Nuestra propuesta es ir mejorando sistemáticamente la realidad de todos los trabajadores en moto que, como es de público conocimiento, está deteriorada desde sus comienzos. Somos producto de la flexibilización laboral y el período de los 90, desde nuestros orígenes nuestra actividad se realiza en el marco de la informalidad, una situación que se agravó con la llegada de todas estas aplicaciones", dijo a Rosario/12 el titular del gremio, Gustavo Yedro.

El sindicato se constituyó en febrero del 2016, aunque venían trabajando un tiempo atrás en tareas organizativas. "Desde entonces, tenemos trabada en el ex Ministerio de Trabajo hoy devenido en secretaría, la certificación de autoridades, luego de hacer todas las gestiones y trámites que correspondían. Presentamos las afiliaciones, el estatuto, hicimos las elecciones, incluso con veedores del propio Ministerio que habían quedado de la gestión anterior. También presentamos una serie de pronto despacho, pero no tuvimos respuesta", explicó Yedro.

De todos modos, el titular del gremio, que hoy cuenta con mil afiliados, en una actividad que emplea a unas 8 mil personas en la ciudad, dijo que nada de eso los limitó para seguir trabajando. "Sabíamos que atrás de eso había una definición política del gobierno nacional de no permitir ningún tipo de organización de los trabajadores, claramente estamos hablando de un gobierno anti obrero, todo lo que hacen es en función de quitándoles derechos conquistados a los trabajadores", planteó.

Glovo, Rappi y Pedidos Ya desarrollan esta actividad sin ningún tipo de control, regulación ni normativa.

Los Cadetes y Mensajeros, con sus pecheras verdes, encabezaron arriba de sus motos una de las columnas que marcharon el pasado miércoles en la protesta de los movimientos sociales frente a la delegación del Ministerio de Desarrollo social de la Nación. Unos días antes, realizaron una nueva movilización hacia el Hotel Viena, en Ovidio Lagos al 500, donde sospechan que tienen las oficinas los representantes de la aplicación Glovo.

"Repudiamos la precarización laboral, las relaciones laborales encubiertas, el trabajo en negro y la instalación de empresas extranjeras ilegales en nuestra ciudad, que a través de aplicaciones móviles como Glovo, Rappi y Pedidos Ya, desarrollan esta actividad sin ningún tipo de control, regulación ni normativa, jugando con las necesidades de las y los trabajadoras y trabajadores cadetes y mensajeros", señalaron a través de un comunicado. Los trabajadores realizaron la protesta a 30 metros de la sede local del Ministerio de Trabajo provincial. Allí también fueron recibidos por los funcionarios de la cartera laboral, pero los cadetes se fueron de la reunión sin tener respuestas a sus reclamos.

"Nuestra problemática está atravesada por un combo de elementos. En primer lugar, la crisis económica, la pérdida del poder adquisitivo. A muchos trabajadores no les alcanza su salario y entonces tienen que salir a buscar una variable, y esto se presta perfectamente para eso. Lo otro es la desocupación ascendente que tenemos, gente que pierde el trabajo y agarra lo que venga para llevar una moneda a su casa, la cantidad de jóvenes que no encuentran trabajo", ennumeró Yedro. Desde el gremio estiman que unas 800 personas están trabajando para las empresas de delivery vía aplicaciones, un número que crece día a día.

El titular del gremio les apuntó a los organismos nacionales y provinciales que tienen el control de las relaciones laborales, y al Ejecutivo municipal que tiene el poder de policía para otorgarles el permiso y la habilitación a estas empresas para que puedan desarrollar su actividad. "Ninguna lo tiene pero lo hacen igual y con un grado de impunidad tremenda, en la cara de todos", concluyó Yedro.