Las autoridades de California interpusieron ayer una demanda contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para bloquear la declaración de “emergencia nacional” con la que el mandatario busca reunir fondos para construir el muro en la frontera con México, sin el visto bueno del Congreso.
El fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, confirmó ayer esa demanda y adelantó que “una docena de estados” se sumarán a la querella, entre ellos Nevada, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Hawái, Minesota, Colorado y Nueva Jersey. “Presentaremos la demanda en algún momento de hoy (por ayer)”, anticipó Becerra en una entrevista con la cadena televisiva CNN. “Resulta raro decir que en el Día de los Presidentes vamos a demandar al presidente de Estados Unidos, pero a veces es lo que hay que hacer”, añadió el fiscal en refiriéndose al feriado nacional que ayer se celebró en Estados Unidos, y que conmemora el nacimiento de George Washington, el primer mandatario del país.
La demanda iniciaría un proceso judicial que probablemente se alargará durante varios meses, durante los cuales se espera que el decreto de Trump permanezca bloqueado, por lo que la Casa Blanca no podría utilizar fondos que ha identificado para construir la barrera fronteriza.
“Vamos a intentar evitar que el presidente viole la Constitución y la separación de poderes, que robe a los estadounidenses y a los estados un dinero que el Congreso había aprobado legalmente”, indicó Becerra.
La declaración de “emergencia nacional” permite a los presidentes de Estados Unidos acceder temporalmente a una potestad especial para hacer frente a una crisis, y Trump la firmó el pasado viernes al asegurar que hay una “invasión” de drogas y criminales en la frontera con México que justifica medidas extraordinarias.
Con ese decreto, Trump pretende reunir 6600 millones de dólares desviados de distintas partidas ya aprobadas por el Congreso, que se sumarían a otros 1375 otorgados por el poder legislativo para construir la barrera fronteriza. La oposición demócrata considera esa medida una interferencia “ilegal” en la potestad exclusiva del Congreso para determinar los presupuestos, y el mandatario ya pronosticó el viernes que la batalla por el tema llegará hasta el Tribunal Supremo.
La organización independiente Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, en inglés) también planea demandar a Trump por su declaración, según adelantó el pasado viernes. Mientras, la oposición demócrata planea impulsar una resolución destinada a invalidar el decreto de Trump, pero el mandatario podría vetarla a no ser que los legisladores reúnan una mayoría de más de dos tercios en ambas cámaras.
El grupo activista Move On organizó ayer protestas en todo el país para urgir al Congreso a que frene la medida de Trump, y, en Washington, decenas de personas se concentraron ante la Casa Blanca para gritar “ni muro ni miedo, este país es nuestro hogar”.
El republicano Will Hurd de Texas, cuyo distrito incluye más de 1200 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, dijo en “Face the Nation” que se opone a la declaración de emergencia de Trump, advirtiendo que “establece un peligroso precedente”. “Nuestro gobierno no fue diseñado para operar por emergencia nacional”, dijo. “Estamos casi en un territorio desconocido”. La promesa de impugnaciones legales a la declaración de emergencia de Trump llegó casi de inmediato.
